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Ejecuciones precipitadas que evidencian el carácter injusto de los juicios de Xinjiang

Las autoridades chinas deben garantizar que toda persona acusada de cometer algún delito durante los disturbios de julio en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang es juzgada con las debidas garantías y sin posibilidad de ser condenada a muerte, ha afirmado Amnistía Internacional hoy.

El periódico China Daily ha informado hoy de que el lunes, 9 de noviembre, las autoridades procesaron a otros 20 sospechosos por delitos tales como asesinato, incendio provocado o robo asociados a los disturbios.


El juicio sucede a las ejecuciones de ocho hombres uigures y un chino de etnia han, anunciadas ayer por las autoridades. En su anuncio no indicaban cuándo habían tenido lugar las ejecuciones, sólo que se habían realizado una vez que el Tribunal Supremo Popular hubo revisado y confirmado las sentencias.


“Con la ejecución precipitada de estas personas tras juicios injustos, las autoridades chinas están perpetuando algunas de las mismas injusticias que contribuyeron a desatar la violencia en un principio” afirmó Roseann Rife, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.


Estas nueve personas estaban entre las veintiuna que fueron juzgadas y condenadas en octubre en relación con los disturbios de julio. A otras tres les fueron impuestas condenas condicionales de muerte, mientras que al resto las condenaron a largas penas de cárcel. Sus juicios duraron menos de un día, y el Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang confirmó las condenas el 30 de octubre.


Amnistía Internacional considera que las declaraciones de autoridades chinas tras los disturbios dificultaron enormemente la celebración de un juicio justo. En julio, el secretario del Partido Comunista de Urumqi afirmó en una conferencia de prensa que “los criminales salvajes serán condenados a muerte”.


Además, se privó a los acusados de estar representados por un abogado de su elección y las autoridades judiciales de Pekín presionaron a los abogados de derechos humanos para que no asumieran la defensa de los acusados.


Amnistía Internacional considera motivo de preocupación la falta de apertura y transparencia en relación con los juicios. No se notificaron públicamente los juicios ni hubo observadores presentes en la sala.


“Dado el elevado número de detenciones comunicadas por las autoridades chinas en relación con los disturbios, podrían celebrarse varias decenas más de juicios, que posiblemente den lugar a más ejecuciones. El gobierno chino debe garantizar que los juicios se realizan de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, con transparencia y sin recurrir a la pena de muerte” afirmó Roseann Rife.   


La organización de derechos humanos entrevistó a testigos tras los disturbios, quienes acusaron a las autoridades de hacer uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, lo que incluyó palizas, uso de botes lacrimógenos y disparos directos contra una multitud de manifestantes.


Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que examinen todos los actos de violencia registrados durante los disturbios de julio, incluido el posible uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra los uigures que se manifestaban pacíficamente.


“Un proceso que no investigue abiertamente los delitos ni reconozca las causas subyacentes de los disturbios no hará sino perpetuar las tensiones y la sensación de justicia imperante entre los grupos étnicos minoritarios” aseguró Roseann Rife.