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Egipto lleva a cabo primera ejecución de partidario de Morsi tras polémico juicio

Manifestación contra la pena de muerte. Octubre 2014. AFP PHOTO/ Aamir QURESHI (Photo credit should read AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)

Amnistía Internacional lamenta la ejecución en la horca por las autoridades egipcias de Mahmoud Ramadan, declarado culpable de asesinato en relación con los actos de violencia política del 5 de julio de 2013 en Alejandría tras el derrocamiento del ex presidente Mohamed Morsi, cuya pena de muerte fue confirmada en febrero de 2015 tras un juicio injusto. La organización teme que la medida allane el camino a más ejecuciones dados los cientos de penas de muerte impuestas por los tribunales egipcios a partidarios de la proscrita Hermandad Musulmana.

Desde el derrocamiento de Mohamed Morsi en julio de 2013
, al menos 400 personas han sido condenadas a muerte en juicios injustos en relación con actos de violencia política, mientras que ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha rendido cuentas por los abusos y homicidios cometidos por la policía, señaló Amnistía Internacional.

El 5 de julio de 2013 estallaron protestas violentas entre partidarios de Morsi y partidarios del ejército en el distrito de Sidi Gaber de Alejandría. Los partidarios de Morsi, Mahmoud Ramadan entre ellos, fueron grabados en vídeo supuestamente apuñando a un niño; también se difundieron ampliamente otras terribles grabaciones de niños arrojados desde un depósito de agua al tejado de un edificio por los partidarios de Morsi. Amnistía Internacional ha documentado también casos de partidarios de Morsi apuñalados por simpatizantes del ejército durante los mismos enfrentamientos. Según la Autoridad Médica Forense de Alejandría, ese día murieron al menos 17 personas.

Mahmoud Ramadan fue detenido el 7 de julio de 2013 y acusado, junto con otras 57 personas, del asesinato de cuatro personas y del intento de asesinato de otras ocho. También fueron acusados de protestar sin autorización, destruir propiedades públicas y privadas, recurrir a la violencia y pertenecer a un grupo prohibido. Un Tribunal Penal de El Cairo condenó a muerte a Mahmoud Ramadan y a cadena perpetua a los otros 57 encausados. El 5 de febrero de 2015, el Tribunal de Casación desestimó la apelación de los enjuiciados y confirmó la pena de muerte impuesta a Ramadan y la cadena perpetua de los 57 restantes.

El equipo jurídico defensor de Mahmoud Ramadan dijo a Amnistía Internacional que el abogado que intervino inicialmente en el caso fue detenido antes del juicio, acusado de cargos falsos, y puesto en libertad una vez concluidas las vistas. El tribunal tampoco abordó la reticencia de la policía a intervenir para poner fin a la violencia ese día, a pesar de que estaban apostados cerca del lugar, y se negó a incluir las investigaciones sobre la muerte de 14 partidarios de Morsi en los mismos enfrentamientos. Según el equipo jurídico, el tribunal se basó en pruebas poco sólidas, como material audiovisual poco claro, que no reflejaban la totalidad de las circunstancias.

Mahmoud Ramadan fue ejecutado la mañana del 7 de marzo de 2015 en la prisión de Borg Al Arab de Alejandría, donde estaba recluido. Su familia recibió su cadáver el mismo día, de la morgue de Kom El Dekka de Alejandría.

Amnistía Internacional reconoce que los gobiernos tienen la obligación y el deber de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, enjuiciando a los presuntos autores de actos delictivos violentos. Los perpetradores de abusos contra los derechos humanos deben responder de ellos ante la justicia en actuaciones compatibles con las normas internacionales de imparcialidad procesal, pero sin recurso a la pena de muerte. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y las circunstancias del delito; de la culpabilidad, inocencia y otras características del infractor, y del método que emplee el Estado para realizar la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia.

Amnistía Internacional señala que los Estados que conservan la pena de muerte tienen la obligación de garantizar que los juicios por delitos que conllevan la pena capital cumplen las más rigurosas normas reconocidas internacionalmente de imparcialidad procesal.