Al condenar a muerte hoy al ex presidente de Egipto, Mohamed Morsi, y a otras 102 personas, entre ellas miembros de la Hermandad Musulmana, las autoridades egipcias han demostrado una vez más el deplorable estado del sistema de justicia del país, ha afirmado Amnistía Internacional. “Lamentablemente, este deplorable resultado no es ninguna sorpresa. Sólo es otro síntoma de la terrible quiebra que afecta al sistema de justicia de Egipto”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Esto no es más que una marcha vengativa hacia la horca. Los procedimientos judiciales en su integridad han sido una burla de la justicia y las condenas a muerte deben anularse. Mohamed Morsi y sus colaboradores deben ser puestos en libertad o ser juzgados de nuevo en un tribunal civil de acuerdo con el derecho egipcio y las normas internacionales relativas a juicios con garantías sin que pueda imponerse la pena de muerte.” En una de las dos causas en las que el tribunal penal ha dictado sentencia hoy, el ex presidente Morsi y otras 80 personas, entre ellas miembros destacados de la Hermandad Musulmana, han sido condenados a muerte por organizar fugas penitenciarias masivas durante la “Revolución del 25 de Enero”, con la ayuda de Hamás y Hezbolá. En una causa distinta, 16 personas, entre las que hay miembros destacados de la Hermandad Musulmana, han sido condenadas a muerte por cargos de espionaje en favor de la Organización Internacional de la Hermandad Musulmana y Hamás. En esta causa, Mohamed Morsi y otras 16 personas han sido condenados a cadena perpetua. Otros dos miembros destacados de la Hermandad Musulmana han sido condenados a siete años de prisión. Las condenas a muerte se han dictado tras la revisión del caso por el gran muftí, máxima autoridad religiosa de Egipto, que emitió su opinión favorable a las condenas a muerte. Puede presentarse todavía recurso ante el más alto tribunal de Egipto. Las autoridades egipcias deben retirar todos los cargos en todas las causas contra Mohamed Morsi y sus colaboradores por haber sido sometidos a desaparición forzada tras ser apartados del poder el 3 de julio de 2013. Deben desestimarse todas las pruebas utilizadas en su contra obtenidas en interrogatorios realizados durante el periodo en que estuvieron recluidos en régimen de incomunicación. Mohamed Morsi no debía estar en prisión en 2011 ya que se hallaba en detención administrativa, en virtud de poderes de excepción y sin orden de detención judicial. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza o las circunstancias del delito, la culpabilidad, inocencia u otras características del delincuente y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
