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Egipto: La confirmación de 183 condenas de muerte, “indignante”

Acto de Amnistía Internacional contra la pena de muerte en Madrid, España © AI

Las condenas de muerte dictadas contra 183 personas en Egipto hoy tras juicios sumamente injustos son una señal más del desprecio de Egipto hacia el derecho nacional e internacional, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

“Las condenas de muerte de hoy son otro ejemplo de la falta de imparcialidad del sistema de justicia penal egipcio. Estas sentencias y estas condenas deben ser revocadas y todos los condenados deben ser juzgados con arreglo a las normas internacionales sobre garantías procesales y sin recurrir a la pena de muerte”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“La pena de muerte es un castigo cruel e inhumano en cualquier circunstancia, e imponerla cuando hay serias dudas sobre la imparcialidad del juicio es indignante y vulnera el derecho internacional."

Las condenas se han dictado tras una campaña mediática en todo Egipto pidiendo la ejecución de las personas implicadas en ataques contra el ejército y la policía, que se intensificó tras los ataques de la semana pasada en el Sinaí.

En diciembre, el tribunal penal de Giza declaró culpables a 188 personas por participar en el homicidio de 11 policías en los ataques contra la comisaría de Kerdassa de Giza de agosto de 2013, en los que murieron 11 policías. El fallo definitivo se emitió hoy tras la consulta con el gran muftí.

“Dictar condenas a muerte masivas cuando se trata de un caso de homicidio de policías parece que ya se ha convertido en algo casi rutinario, independientemente de los hechos y sin que se intente siquiera determinar la responsabilidad individual”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

Hasta ahora son 415 las personas que han sido condenadas a muerte en cuatro juicios por el homicidio de policías, mientras que la causa contra el ex presidente Hosni Mubarak, en la que se juzgaba el homicidio de cientos de manifestantes durante el levantamiento, se ha archivado. Hasta la fecha no se han exigido responsabilidades a ningún agente de seguridad por el homicidio de 1.000 manifestantes en agosto de 2013.

El juicio se celebró en el Instituto de la Policía de Tora en lugar de en un tribunal y todos los testigos eran policías o familiares de policías. No se permitió asistir a los familiares de los acusados.

“No permitir a los familiares ni al público asistir al juicio infringe las leyes nacionales e internacionales, y celebrarlo en un complejo penitenciario desvirtúa la presunción de inocencia y el derecho a una vista justa y pública", ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

Los abogados de la defensa dijeron además a Amnistía Internacional que no se llevó a todos los acusados a las sesiones y que, los que pudieron asistir, no pudieron oír el desarrollo del juicio ni comunicarse con los letrados por encontrarse separados por un gran cristal oscuro del resto de los asistentes. Los defensores añadieron que no les permitieron contrainterrogar a los testigos de la fiscalía durante el juicio y que el juez no citó a todos los testigos.

Amnistía Internacional se opone en todos los casos sin excepción a la pena de muerte, independientemente del delito, las características del condenado y el método de ejecución utilizado por el Estado para realizar la ejecución.

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