Desde diciembre de 2020,al menos 390 personas han sido asesinadas en las cárceles de Ecuador. Tras la masacre ocurrida el 9 de mayo en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, en que murieron al menos 44 personas privadas de la libertad y otras 10 resultaron heridas, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
“Estar privado de la libertad en Ecuador se ha convertido casi en una sentencia de muerte. Los repetidos errores de las autoridades ecuatorianas al lidiar con la crisis en los centros penitenciarios han provocado la muerte de cientos de personas. Las autoridades deben atender, de una vez por todas, las causas estructurales del problema, tal como el hacinamiento, la corrupción y la impunidad, a través de una política penitenciaria integral centrada en los derechos humanos. Todas las muertes y violaciones de derechos humanos de personas privadas de su libertad deben ser investigadas exhaustiva, independiente e imparcialmente.”
“Los repetidos errores de las autoridades ecuatorianas al lidiar con la crisis en los centros penitenciarios han provocado la muerte de cientos de personas”
“En respuesta a esta nueva masacre, el Presidente Guillermo Lasso anunció el traslado de ‘seis cabecillas de bandas criminales’ a otros centros penitenciarios. Sin embargo, este tipo de medidas superficiales son insuficientes para cumplir con la obligación principal de las autoridades en este contexto: proteger la vida y la integridad de miles de personas privadas de la libertad que actualmente se encuentran en riesgo.”
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El 25 de abril de 2022, un efrentamiento entre bandas criminales en la prisión El Inca, en Quito, dejó 15 personas heridas. El 22 de abril de 2022, otro enfrentamiento en la cárcel Esmeraldas nº 2, en Esmeraldas, resultó en 12 personas lesionadas.
En febrero de 2022, el presidente Lasso anunció una política pública para la rehabilitación social de los presos, con el apoyo técnico de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, esta política aún está lejos de ser una reforma integral del sistema penal y las autoridades aún no han proporcionado los recursos adecuados para implementarla.
En 2021, al menos 316 personas privadas de libertad murieron en enfrentamientos entre bandas rivales registrados en las cárceles. Del total de muertes, 79 ocurrieron el 26 de febrero, 119, el 28 de septiembre y 62, entre el 12 y 13 de noviembre.
