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Dos años después de la masacre de San José de Apartadó, continúan la impunidad y las amenazas

Madrid.- El 21 de febrero de 2005, ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José Apartadó, fueron asesinados a manos de hombres que se identificaron como miembros del ejército colombiano. En el segundo aniversario de esta masacre, Amnistía Internacional y varias organizaciones han convocado diferentes actos de protesta en numerosas ciudades españolas y de otros países para pedir justicia y que no queden en la impunidad estos y otros crímenes que llevan azotando a la comunidad civil durante las más de cuatro décadas de conflicto armado en Colombia.

Los actos de protesta se celebrarán hoy en Madrid (en el que leerá un manifiesto el actor Federico Luppi), Barcelona, Oviedo, Alicante, Murcia, Cartagena, Santander, Elche, Huesca, Vitoria, Alburquerque y Burgos; y en los próximos días en Zaragoza, Pamplona, Valencia y Girona. Fuera de España, también habrá actos en memoria de las víctimas en Washington, Bruselas, Montreal y numerosas ciudades de Italia.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó siempre ha insistido en que los combatientes se mantengan fuera de las zonas que habita y cultiva. Sin embargo desde que se creó en 1997, en un esfuerzo de la población civil por insistir en su derecho de no ser arrastrados al conflicto armado interno, más de 160 de sus miembros han sido asesinados o han “desaparecido”, la gran mayoría a manos de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, y los demás a manos de las FARC.

Últimas amenazas

Varios testigos que viven en el área de San José de Apartadó, en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, han informado de que, el 15 de enero de 2007, se les acercó un grupo de 10 hombres armados que se identificaron como paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y pidieron información sobre la Comunidad de Paz, sus dirigentes y personas que trabajan con ella. Según los informes, también dijeron a los testigos que estaban organizando un grupo especial para atacar la comunidad.

Amnistía Internacional ha documentado, y continúa recibiendo información a este respecto, que en el departamento de Antioquia siguen operando fuerzas paramilitares, a pesar de su supuesta desmovilización como parte de un proceso promovido por el gobierno.

Ni verdad ni justicia ni reparación
En todo este tiempo, las autoridades colombianas no han llevado a cabo investigaciones imparciales y exhaustivas para no dejar en la impunidad estos hechos, ni han tomado medidas enérgicas y efectivas para proteger a la Comunidad de Paz.

Amnistía Internacional pide el fin de esta situación de indefensión para la población civil. “La única manera de garantizar la protección a largo plazo de los habitantes de la Comunidad de San José de Apartadó es poner fin a la impunidad que ha protegido a los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos contra ellos”.

Todos estos hechos vuelven a arrojar serias dudas sobre un supuesto proceso de desmovilización que sigue sin tener en cuenta el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y que a todas luces ha fracasado a la hora de desmantelar de forma eficaz a los grupos paramilitares.
 
Amnistía Internacional ha advertido reiteradamente que los grupos paramilitares siguen operando y violando los derechos humanos en todo el país, a pesar de que el gobierno colombiano asegura que han sido desmovilizados más de 30.000 combatientes.

Información General
El conflicto colombiano que azota Colombia desde hace más de 40 años es un ciclo interminable de violencia que ha producido un ingente número de víctimas civiles. Entre los grupos que más han sufrido los abusos se encuentran las comunidades de origen africano, indígenas, campesinas y desplazadas, así como los activistas de derechos humanos, comunitarios y sindicales. Estos grupos se han organizado cada vez más para defender sus derechos y, al hacerlo, se han convertido en víctimas de graves amenazas y atentados.

Los defensores y defensoras de derechos humanos son objeto de atentados, intimidaciones, amenazas, detenciones y acciones judiciales arbitrarias e infundadas. El objetivo parece claro: crear un clima de temor para disuadir a los defensores y defensoras de los derechos humanos de continuar con su trabajo.

Todas las partes en conflicto siguen demostrando un gran desprecio por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y todas han sido responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos tipificados en el derecho internacional, como homicidios, desapariciones, torturas y secuestros.

La impunidad por los abusos contra los derechos humanos sigue siendo la norma en Colombia. Militares de alta graduación, dirigentes paramilitares y guerrilleros continúan evadiéndose de la justicia.