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AI pide un compromiso mínimo de 10 puntos con los derechos humanos

¿Dónde están los Derechos Humanos en las elecciones municipales y autonómicas?

Esteban Beltrán, director de AI, y Roberto Mendès, presidente de AI en Madrid, durante la rueda de prensa de Madrid.

Medidas contra el racismo y la discriminación, la violencia de género, malos tratos y tortura, entre otras, casi ausentes en la mayor parte de los programas electorales

Madrid.-  En el contexto de las elecciones municipales y autonómicas que se celebran el próximo 27 de mayo, Amnistía Internacional promueve 81 recomendaciones y un compromiso mínimo de 10 puntos con los derechos humanos dentro de las competencias de las administraciones autonómicas y municipales en el documento “Más derechos humanos en tu Ayuntamiento y tu Comunidad”, hecho público hoy.

Cada vez más, las administraciones autonómicas y locales tienen competencias en asuntos que afectan directamente a los derechos humanos, en materias como educación, fuerzas de seguridad, sanidad, servicios sociales, medidas frente a la violencia de género, protección de menores o políticas de inmigración.

“Los derechos humanos ocupan un lugar marginal en los programas electorales de los principales partidos políticos. En algunos, ni siquiera se mencionan. A pocos días del comienzo de la campaña, Amnistía Internacional hace un llamamiento para que se sitúen en el debate y para que los candidatos y candidatas expliquen cómo van a abordar el racismo y la discriminación, la violencia contra las mujeres, los malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad o la desprotección de los menores, o cómo van a impulsar la educación en derechos humanos”, asegura Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España.

“Las víctimas, cuando buscan protección o justicia, a menudo se encuentran con que su interlocutor no es la administración central sino la autonómica o local, por eso pedimos un mayor compromiso de estas administraciones con los derechos humanos. Para ello pedimos a todos los candidatos y candidatas un compromiso mínimo para defender estos derechos y trabajaremos para que los gobiernos y parlamentos autonómicos y las corporaciones municipales que resulten elegidos, apliquen estas recomendaciones”, añade Beltrán.

Amnistía Internacional expresa su respeto por el proceso de descentralización del poder que se vive en España pero recuerda que la protección de los derechos humanos debe ser igual en todo el territorio. “Sólo si todas las fuerzas políticas en todas las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se comprometen con la promoción y el respeto de los derechos humanos, se avanzará hacia un modelo en el que todas las personas tendrán garantizados estos derechos sin importar en qué punto del Estado se encuentren” asegura Beltrán.

También en el ámbito de la política exterior, las autoridades autonómicas y municipales pueden influir en la situación de derechos humanos en el mundo, por ejemplo, durante sus viajes o cuando reciben visitas, vigilando el comportamiento responsable de las empresas de su territorio con actividades en otros países o promoviendo declaraciones institucionales sobre la acción del Gobierno central a favor de los derechos humanos.

Ejemplos de medidas a tomar, ausentes de los programas electorales
En un contexto de aumento de la inmigración, el último informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia (ECRI) alerta de los prejuicios y la hostilidad hacia los inmigrantes en España, señalando que el 60% de la población asocia la inmigración con la delincuencia. En cuanto al alcance del racismo en España, no hay datos oficiales, pero sólo en lo que se refiere a agresiones protagonizadas por grupos racistas dirigidas contra inmigrantes, personas sin hogar, homosexuales o prostitutas, según el informe RAXEN Especial 2006, la cifra supera las 4.000 agresiones anuales. A pesar de estas cifras, no hay Planes Integrales ni locales ni autonómicos de lucha contra el racismo que aborden estos fenómenos en el lugar de trabajo, en el acceso a la vivienda, sanidad o educación, a las prestaciones sociales, a los locales de entretenimiento, etc. ni que incluyan medidas para garantizar el acceso de todas las personas extranjeras al conjunto básico de derechos, independientemente de su situación administrativa, como la educación y la sanidad.

Tal como ponía de manifiesto un informe hecho público por Amnistía Internacional el pasado noviembre, la respuesta a la violencia de género en el ámbito sanitario es muy desigual. Se trata de un ámbito en el que las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. Aunque de las dos millones de mujeres que se calcula que sufren violencia de género en España muy pocas llegan a denunciar, la inmensa mayoría sí acude al médico, por lo que es esencial que se asegure una adecuada preparación de los servicios de urgencia de los hospitales, los centros de atención primaria y los servicios de salud mental, como puntos clave para la atención a estas mujeres. Sin embargo, ninguno de los programas electorales marco autonómicos da  prioridad a garantizar una respuesta sanitaria adecuada a la violencia de género, con todos los medios necesarios a su alcance.

Amnistía Internacional ha documentado en los últimos casos de malos tratos y tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policías autonómicas y locales, un colectivo constituido por decenas de miles de funcionarios. Sin embargo, la formación en materia de derechos humanos que reciben estos agentes es muy deficiente. La organización pide que, como medida de prevención, estos cuerpos de policía reciban una formación en derechos humanos obligatoria, inicial y continua, a la que se dedique un número de horas suficiente y que cuente en el expediente y en la carrera profesional de los funcionarios.  Ninguno de los programas electorales marco autonómicos menciona este aspecto.

También con respecto a los menores, Amnistía Internacional hace un llamamiento para que se asegure la aplicación efectiva de la legislación autonómica sobre el acceso y  adquisición de videojuegos por parte de los menores, protegiendo los derechos de niños y niñas. Es necesario recordar que entre los menores de 11 a 16 años un 78% consume videojuegos y más del 30% de los menores reconoce jugar con videojuegos clasificados para mayores de 18 años. Aunque existen leyes de ámbito autonómico, ninguna se aplica de forma efectiva. Ninguno de los programas electorales marco autonómicos aborda esta cuestión ni propone reglamentos que sancionen los incumplimientos de la legislación existente.