Londres.- Amnistía Internacional ha expresado profunda preocupación por el hecho de que varios dirigentes de la oposición detenidos tras las elecciones del 12 de junio podrían estar siendo torturados, posiblemente para forzar su “confesión” televisada, como preludio de unos juicios sin garantías en los que podrían ser condenados a muerte. “Si se confirman nuestros temores, sería una táctica atroz por parte de los servicios de seguridad para silenciar definitivamente a los líderes políticos más influyentes y advertir con claridad a otras personas que pretendan expresar su discrepancia de las terribles consecuencias que les aguardan si lo hacen” afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Coincidiendo con la detención de otros muchos dirigentes y simpatizantes de la oposición, la madrugada del 16 de junio se llevaron de sus domicilios a tres destacados dirigentes políticos: Mohsen Aminzadeh, Abdollah Ramazanadeh y Mostafa Tajzadeh. Según informes recibidos por Amnistía Internacional, parece ser que todas estas personas están privadas de libertad en la Sección 209 de la cárcel de Evin, en Teherán, que depende del Ministerio de Información y en la que son frecuentes los informes de tortura a detenidos. No está claro si se ha permitido a éstos contactar con sus familiares. En los casos relacionados con la “seguridad” se suele negar por sistema el acceso a un abogado durante el periodo de interrogatorio, que se puede prolongar por tiempo indefinido.
El viernes, 26 de junio, el clérigo Ahmad Khatami, miembro de la Asamblea de Expertos, en un sermón pronunciado en la Universidad de Teherán como parte de las oraciones del viernes, pidió a la judicatura que castigara “duramente y sin piedad” a quienes participaban en las manifestaciones. Afirmó que “la agitación, los actos de destrucción, el incendio de mezquitas y autobuses, la destrucción de propiedades del pueblo, el fomento de la inseguridad y el terror, y el hostigamiento de personas” podían considerarse ejemplos de “enemistad contra Dios” (moharebeh), delito que puede castigarse con la muerte.
Sus palabras reproducían la advertencia emitida el 17 de junio por el fiscal general de la provincia de Esfahan, según la cual los escasos elementos que estaban detrás de la agitación posterior a las elecciones podían ser condenados a muerte.
Según informes, el 16 de junio, tras la detención de Mohsen Aminzadeh, Abdollah Ramazanadeh, Mostafa Tajzadeh y otras figuras destacadas de la oposición, el ministro de Información, Gholam Hossein Mohseni Ejeie, comunicó a la agencia de noticias Fars la detención de 26 "cerebros" sospechosos de implicación en los disturbios tras las elecciones. Se desconoce si Mohsen Aminzadeh, Abdollah Ramazanadeh y Mostafa Tajzadeh están entre esas 26 personas.
“Tales declaraciones, incluidas las emitidas por cargos eclesiásticos, se añaden a los ya preocupantes signos de que las autoridades iraníes tienen intención de erradicar toda forma de oposición política pacífica, lo que incluye juzgar a estos dirigentes políticos por falsas acusaciones y delitos de definición ambigua –afirmó Hassiba Hadj Sahraoui–. Pedimos al Líder Supremo de Irán que dé instrucciones inequívocas a todos los agentes del Estado y funcionarios judiciales para que no torturen a las personas bajo su custodia. Asimismo, instamos al Líder Supremo y a los servicios de seguridad iraníes a garantizar la seguridad de todas las personas detenidas, lo que incluye esclarecer su paradero y permitir su acceso inmediato a familiares, representantes letrados y la asistencia médica que puedan precisar.”
Amnistía Internacional considera presos de conciencia a los tres dirigentes políticos y pide su liberación inmediata e incondicional. Como mínimo, los detenidos deben conocer todos los cargos en su contra y comparecer sin dilación ante un juez que determine la legalidad y necesidad de su detención.
“Según las autoridades iraníes, durante las protestas han muerto ocho miembros de la milicia basij, fuerza paramilitar de voluntarios bajo control de la Guardia Revolucionaria Islámica utilizada para reprimir las manifestaciones. Aunque no revelan información alguna sobre estas muertes ni citan a ningún sospechoso, a Amnistía Internacional le preocupa que, si estas muertes se atribuyeran en última instancia a dirigentes de la oposición detenidos, se allanaría el camino para su condena a muerte y aumentaría la probabilidad de que finalmente fueran ejecutados”.
Las autoridades han utilizado repetidamente las “confesiones” televisadas para incriminar a activistas políticos bajo su custodia. Muchos se han retractado posteriormente de esas “confesiones” alegando que habían sido coaccionados para hacerlas, en ocasiones mediante tortura y otros malos tratos.
Varias personas detenidas en las manifestaciones que siguieron a las elecciones del 12 de junio han declarado en la televisión estatal que se vieron “influidas” por emisoras de radio extranjeras. El 25 de junio se mostró a una mujer en Press TV con el rostro digitalmente borrado admitiendo que había portado granadas en su bolso. Tales declaraciones televisadas pueden ser un indicio de próximas “confesiones” relativas a las últimas manifestaciones.
Información complementaria Mohsen Aminzadeh, Abdollah Ramazanadeh y Mostafa Tajzadeh desempeñaban cargos públicos en el gobierno del ex presidente Jatamí y son partidarios de Mir Husein Musaví. Hasta un total de 21 personas, según informes, han muerto a manos de las autoridades iraníes en las últimas protestas. Es probable que el número real de muertes sea superior, puesto que la trayectoria de las autoridades iraníes con respecto a las manifestaciones ha sido informar de un número de muertos a manos de las fuerzas de seguridad muy inferior al real.
El delito de enemistad contra Dios, tipificado en los artículos 183 al 195 del Código Penal, comporta una de las siguientes penas: ejecución, amputación cruzada, crucifixión o destierro. No obstante, la pena de muerte es la que comúnmente se aplica a este delito. La Asamblea de Expertos es un órgano estatal, formado mediante elección por 86 clérigos, que se encarga de nombrar, supervisar y, en su caso, destituir al Líder Supremo.
