El ataque mortal perpetrado contra una comunidad indígena en el sur de Brasil evidencia que las autoridades no protegen a las comunidades indígenas en medio de las disputas en curso por la propiedad de la tierra, ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Unos 40 hombres armados se presentaron a primera hora del 18 de noviembre en un campamento de indígenas guaraníes kaiowás en el estado meridional de Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay, dispararon contra el jefe de la comunidad, el cacique Nísio Gomes, y se llevaron su cuerpo a rastras. Desde entonces no se ha vuelto a ver el cadáver de Gomes ni a tres niños indígenas secuestrados durante el ataque. Es el último de una serie de ataques perpetrados en los últimos años contra las comunidades indígenas guaraníes kaiowás del estado brasileño que viven en precarias condiciones mientras esperan a que el gobierno tome medidas para demarcar sus tierras ancestrales. “Las autoridades brasileñas no han resuelto las reclamaciones pendientes, y eso pone a las comunidades indígenas como la guaraní kaiowá en peligro máximo de violencia y privación social” ha afirmado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional. “Por desgracia, no se trata de un incidente aislado: durante años, en el medio oeste de Brasil, hombres armados han cometido ataques violentos impunemente contra las comunidades indígenas que intentan ocupar sus tierras ancestrales.” Terratenientes y rancheros de Mato Grosso do Sul suelen utilizar hombres armados a sueldo y empresas de seguridad privadas para intimidar a las comunidades indígenas que luchan por su derecho constitucional a sus tierras ancestrales. En las últimas semanas, hombres armados han amenazado en repetidas ocasiones a los residentes del campamento de Guaiviry y, según los informes recibidos, dos días antes del ataque habían amenazado con quitarle la vida a Nísio Gomes. Según testigos presenciales, el 18 de noviembre, los hombres armados capturaron a Gomes en el campamento de Guaiviry y le dispararon repetidamente; después se llevaron su cuerpo a rastras y lo lanzaron a uno de sus camiones. Varios de esos hombres golpearon al nieto de Gomes cuando intentó intervenir, y otros tres menores de edad fueron secuestrados del campamento: dos niñas, de 5 y 12 años, y un niño de 12. Tanto la policía y la fiscalía federales como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el órgano nacional para los pueblos indígenas, están investigando el ataque. El 1 de noviembre, unos 60 indígenas guaraníes kaiowás se asentaron en el emplazamiento de Guaiviry, en terrenos que están en proceso de recibir la calificación oficial de territorio ancestral pero que en la actualidad son utilizados por terratenientes y rancheros locales. Con anterioridad a la ocupación, la comunidad indígena vivía en condiciones sumamente precarias junto a una carretera local tras su desalojo forzoso de esos mismos terrenos. En todo el estado meridional de Mato Grosso do Sul, unos 60.000 indígenas guaraníes kaiowás viven en la pobreza en reservas densamente pobladas mientras aguardan la demarcación de los territorios ancestrales indígenas, establecida en la Constitución de 1988. Frustrados por el lento avance del proceso de demarcación, muchos guaraníes kaiowás han empezado a reocupar sus tierras ancestrales en los últimos decenios, lo que ha dado lugar a numerosos desalojos forzosos y a un aumento de las amenazas y los ataques contra ellos. Aunque persisten graves riesgos para su seguridad, la comunidad guaraní kaiowá de Guaiviry afirma que no tiene intención de abandonar el campamento. “Las autoridades federales deben garantizar la seguridad de la comunidad de Guaiviry y abordar con urgencia sus reclamaciones sobre esas tierras", ha afirmado Guadalupe Marengo. “Mientras, pedimos a las autoridades que hagan todo lo posible por encontrar el cadáver de Nísio Gomes así como a los tres menores secuestrados, y para llevar a los agresores ante la justicia.”
