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Desprotegidas frente a las violaciones, tanto en la guerra como en la paz

Londres.- Amnistía Internacional y  ACAT-Burundi (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura) han pedido al gobierno de Burundi hoy, 9 de octubre de 2007, que tome medidas inmediatas para proteger a las mujeres y a las niñas de la violación y de otros actos de violencia sexual en Burundi.

A pesar de que la violación de mujeres y niñas está generalizada en todo el país, las autoridades burundesas se abstienen sistemáticamente de adoptar medidas concretas para prevenir, investigar y castigar estos crímenes. Como consecuencia, sus autores eluden normalmente el enjuiciamiento y el castigo por parte del Estado y las víctimas quedan desprotegidas.

En Burundi, el número de violaciones y de otros actos de violencia sexual es muy elevado, y quienes corren más riesgo de sufrirlos son las niñas y las jóvenes, pues el 60 por ciento de las violaciones denunciadas se cometieron contra menores.

"En Burundi, actualmente, son víctimas de violación niñas de tan sólo tres años– ha declarado Arnaud Royer, investigador de Amnistía Internacional–- La violación es el tipo de abuso sexual más denunciado en el país y la cometen tanto agentes estatales como no estatales, aunque cada vez es más frecuente en el seno del hogar y en la comunidad."

La violación fue endémica durante los años del conflicto armado, y sigue siéndolo en la actualidad, pese al final de las hostilidades.

Entre el 2004 y el 2006, una media de 1.346 mujeres al año denunciaron violación o violencia sexual a Médicos Sin Fronteras (MSF), es decir, 26 a la semana.

"Lamentablemente, las alarmantes estadísticas sobre violaciones en Burundi representan sólo la punta del iceberg, pues no incluyen a las mujeres que no tienen acceso a centros médicos tras la agresión –afirmó Royer–. Un número incontable de mujeres y niñas sufren en silencio."

Los fallos sistémicos del sistema de justicia han creado un clima en el que las víctimas de violaciones están menos dispuestas a emprender actuaciones penales o tienen menos capacidad para hacerlo. El sistema falla sobre todo a las mujeres que viven en las zonas rurales, que a menudo no saben cómo iniciar actuaciones judiciales y no suelen tener fácil acceso a la ayuda psicológica y médica que prestan algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan en Burundi.

Además, las mujeres suelen ser estigmatizadas por sus comunidades si hacen pública la agresión que han sufrido, lo que muchas veces hace que mantengan en secreto su sufrimiento y afronten solas las consecuencias de las violaciones.

"En muchas comunidades existe habitualmente la falsa idea de que la violación es culpa de la víctima, un resultado de la conducta de la víctima o de la ropa que viste –declaró Royer–. Esto no podría estar más lejos de la verdad, y el gobierno y las comunidades locales deben apoyar a las mujeres que han sido víctimas de estas violaciones de derechos humanos."

"La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos que no se puede tolerar. La violación es un crimen. Sus autores deben comparecer ante la justicia y las autoridades deben ofrecer a las víctimas ayuda y una indemnización", concluyó Royer.