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Deben mantenerse las protecciones a los derechos humanos

Londres.- Tras un golpe de Estado militar y la declaración de la ley marcial ayer en Tailandia, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades militares que cumplan las obligaciones contraídas por Tailandia en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos.

La organización ha expresado especial preocupación por la anulación de la Constitución, la prohibición de reuniones políticas, el anuncio de imposiciones sobre la publicación de noticias en Internet y las detenciones de políticos.

Nadie debe ser castigado por el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Además, toda persona detenida bajo custodia militar debe ser acusada formalmente de un delito común reconocible en un plazo razonable o puesta en libertad.

Se han prohibido las reuniones políticas de más de cinco personas, so pena de seis meses de prisión. Los líderes del consejo del golpe de Estado han pedido también a los medios de comunicación que “difundan noticias de forma veraz y constructiva a fin de promover la unidad en el país”, y han solicitado que el Ministerio de Telecomunicaciones controle o bloquee la difusión por Internet de información que podría afectar la labor del consejo.

Según informes, los líderes del golpe han declarado que el viceprimer ministro de Thaksin Shinawatra, Chidchai Vanasatidya, está bajo custodia y que su secretario general, Prommin Lertsuridej, ha sido “invitado a quedarse” en los cuarteles del ejército. Los informes indican que varias personas más, incluido un miembro del gabinete ministerial, han sido detenidas o sometidas a restricciones de movimiento.

Información complementaria
El 19 de septiembre de 2006 los jefes militares tailandeses arrebataron el poder al gobierno tailandés y hoy (20 de septiembre) han anunciado que en quince días instaurarán una administración civil provisional. También han declarado que redactarán una nueva Constitución y que convocarán elecciones en el plazo de un año. Se ha declarado la ley marcial y se ha abolido la Constitución tailandesa de 1997.

Los líderes golpistas han anunciado que respetarán las normas de la ONU e internacionales, conforme a las obligaciones contraídas por Tailandia en virtud de las convenciones internacionales de las que es parte. Entre las obligaciones clave previstas en las leyes internacionales de derechos humanos figuran también el respeto al derecho a la vida y al derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en ninguna circunstancia. También está prohibida la detención arbitraria: todas las detenciones deben estar sometidas a control judicial, y nadie debe ser recluido en régimen de incomunicación.

Tras el golpe de Estado militar en febrero de 1991, en mayo de 1992 el ejército reprimió con violencia las manifestaciones a favor de la democracia en Bangkok. Al menos 52 personas perdieron la vida, centenares resultaron heridas y más de 30 “desaparecieron”. Nadie ha comparecido ante la justicia para responder de estas violaciones, y no se ha hecho público el informe completo de las investigaciones realizadas sobre el incidente.