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Deben cesar las demoliciones de viviendas en Cisjordania

Niñas palestinas en una calle de Aqaba, donde se han llevado a cabo las demoliciones. © Amnistía Internacional

Londres.- El jueves por la mañana, las máquinas excavadoras militares israelíes demolieron tres casas y tanques de agua en la localidad de Aqaba, en el norte de Cisjordania, y dejaron sin hogar a 22 personas, entre ellas 12 niños y niñas.

Desde principios de año, más de 750 palestinos de Cisjordania se han convertido en desplazados después de que sus hogares fueran demolidos por las fuerzas militares israelíes. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, estas cifras son casi cinco veces superiores a las del año pasado durante el mismo periodo.

Las máquinas excavadoras destruyeron los hogares de Khaled Sbeih, Basem Sbeih y Abdel Nasser Sbeih, y dejaron a las tres familias en la calle con tan solo unas cuantas pertenencias que pudieron rescatar.

“Todo esto ha ocurrido sin previo aviso. Habíamos recibido una carta en la que se nos informaba de que no teníamos permiso para construir, pero no había fecha para una demolición ni nada parecido”, contó Khaled Sbeih a Amnistía Internacional.

“Nos despertamos por la mañana y los niños se fueron a la escuela. Cuando regresaron, ya no teníamos casa. No sé cómo voy a explicárselo”, dijo Khaled.

Las máquinas excavadoras del ejército israelí también devastaron más de dos kilómetros de la carretera principal de la localidad.

Los vecinos, cuyas casas también se encuentran bajo la amenaza de ser demolidas, se han ofrecido a ayudar a las personas afectadas proporcionándoles tiendas de campaña, y los habitantes del pueblo están preparando ahora la reconstrucción de sus casas antes de que llegue el invierno.

“Son escandalosas e innecesarias estas continuas demoliciones que obligan al desalojo forzoso de la población palestina de las tierras en las que han vivido durante generaciones”, ha expresado Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“El fuerte aumento del número de demoliciones llevadas a cabo en Cisjordania durante 2011 demuestra que no se trata de un error administrativo, sino de una política consciente por parte del gobierno de Israel para expulsar a la población palestina de la zona”, ha añadido.

En las inmediaciones de Aqaba se encuentra un campo de entrenamiento militar israelí, y con frecuencia el ejército ha realizado simulacros de redadas en la localidad.

En las colinas que circundan la población se ha encontrado en los últimos años munición sin detonar, que se ha cobrado la vida de varios habitantes palestinos de Aqaba y ha causado decenas de heridos, entre ellos niños.

“Las autoridades israelíes parece que pretenden desalojar a la población palestina de la zona para ampliar su propio campo de entrenamiento militar. Deben poner fin de inmediato a estos desalojos crueles e injustificados, y deben transferir las labores de planificación de construcción en Cisjordania a las comunidades palestinas”, ha dicho Philip Luther.

La semana pasada, el ejército israelí derribó tres viviendas en Umm al Khair, en las colinas de Hebron del Sur, en Cisjordania, otra zona que ha estado amenazada. Las demoliciones se llevan a cabo con el pretexto de que las casas se han construido sin la autorización del ejército de Israel.

Sin embargo, resulta prácticamente imposible que la población palestina obtenga dichos permisos. Una ONG israelí, Bimkom, calculó en 2008 que tan sólo se emitieron 13 permisos de construcción al año a personas palestinas de Cisjordania.

Las comunidades expuestas a que sus hogares sean demolidos residen, en su mayoría, en el territorio conocido como “Zona C”, que representa más del 60% de Cisjordania. Las autoridades israelíes tienen control sobre los asuntos civiles y de seguridad.

La Zona C también es territorio de asentamientos israelíes, que continúan expandiéndose a expensas de las tierras palestinas.

En virtud de los Convenios de Ginebra, Israel tiene el deber de proteger a la población civil palestina de los territorios ocupados, así como la obligación de respetar su derecho a un nivel de vida adecuado.

La política de Israel de asentar a su población civil en los territorios ocupados también viola las Convenciones de Ginebra y constituye un crimen de guerra según el estatuto de la Corte Penal Internacional.