La decisión del Ministerio de Justicia de Egipto de ampliar las atribuciones de los militares para detener e investigar a civiles por una amplia variedad de delitos prepara el terreno para la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos, por lo que debe anularse con urgencia, ha manifestado Amnistía Internacional. De acuerdo con la decisión, anunciada el miércoles por el ministro de Justicia, Adel Abdel Hamid Abdallah, la policía militar y los agentes de los servicios de inteligencia tienen ahora los mismos poderes que la policía judicial al ocuparse de civiles sospechosos de delitos relacionados con la seguridad nacional y el orden público. En el marco de las protestas que vienen celebrándose desde principios de 2011 se ha sancionado de manera habitual a manifestantes pacíficos por este tipo delitos, entre los que figuran actos como oponer resistencia a las autoridades públicas y desobedecer sus órdenes, agredir con insultos y otros actos, dañar bienes públicos, interrumpir el tráfico, organizar huelgas en lugares públicos clave y actuar con "matonismo". “En vez de investigar los graves abusos cometidos por militares contra manifestantes y otras personas desde enero de 2011, las autoridades egipcias les están dando carta blanca para detener a civiles", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Instamos a las autoridades a que anulen esta decisión, que tiene peligrosas repercusiones capaces de afectar a todo el Estado de derecho en Egipto, y, con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a sólo unos días, también a corto plazo.” “Es inaudito que el ministro de Justicia pueda ahora conceder atribuciones para detener a civiles a un ejército que es responsable de homicidios, tortura y millares de detenciones arbitrarias y juicios injustos. Cuando menos, supone legalizar los abusos.” El presidente de la magistratura militar egipcia ha manifestado que la decisión cubre un vacío que se creó al concluir el estado de excepción de la época de Mubarak el 31 de mayo, tras haber estado 30 años en vigor, e insiste en que no se utilizará contra manifestantes pacíficos. “El fin del largo estado de excepción de Egipto brindó a las autoridades la oportunidad de poner fin a decenios de abusos que corroían el sistema de justicia del país" ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui. “Sin embargo, tememos que esta última decisión indique que, en vez de dar paso a las debidas reformas, las autoridades pretendan aferrarse a los poderes de que han disfrutado durante tanto tiempo con el estado de excepción". Muchos de los delitos que la policía militar y los agentes de los servicios de inteligencia pueden investigar, incluidos los relacionados con la seguridad nacional y la matonería, se trataban anteriormente aplicando la legislación de excepción o se remitían a tribunales militares. Entre ellos figuran actividades protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como la libertad de reunión y el derecho de huelga. Un aspecto preocupante es que la nueva decisión otorga a la policía militar y a los agentes de los servicios de inteligencia autoridad para detener a presuntos delincuentes en su propia casa, además de en la calle. Amnistía Internacional teme que se someta a juicio ante tribunales militares a los civiles detenidos e investigados en virtud de la nueva decisión. Jamás debe juzgarse a civiles ante tribunales militares. Las personas recluidas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de reunión deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones. “Tememos que esta decisión consolide aún más la impunidad de unos militares que reprimen violentamente manifestaciones pacíficas y cometen otras violaciones de derechos humanos -ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui-. El fin del estado de excepción en Egipto debe suponer el fin de la impunidad y la vuelta al Estado de derecho.”
