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Debe terminar el hostigamiento de personas con doble nacionalidad

Nueva York, 31 de mayo de 2007 – El gobierno de Irán debe poner en libertad inmediatamente a dos personas de doble nacionalidad, iraní y estadounidense, y aclarar la situación de una tercera que ha “desaparecido”. Así lo ha pedido hoy, 31 de mayo de 2007, un grupo de destacadas organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras y la ganadora del Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi también han instado a Irán a levantar la prohibición de viajar impuesta a dos periodistas de doble nacionalidad, a las que el gobierno iraní les impide regresar a su país de residencia.

Estas medidas parecen ser un intento de las autoridades de seguridad iraníes de sembrar el miedo en una comunidad más amplia, formada por periodistas, escritores, especialistas de diversas materias y activistas que, mediante intercambios con sus homólogos de otras partes del mundo, ponen de relieve su compromiso tanto por fomentar el respecto y el reconocimiento mutuos de la dignidad humana a través del diálogo como por defender el cumplimiento de las normas de derechos humanos en sus países.

“Estas acciones violan la legislación iraní y las normas internacionales –afirmó Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel en 2003 y abogada de dos de las víctimas de esta represión–. La magistratura niega a las personas con doble nacionalidad sus derechos básicos.”

Las detenciones y la prohibición de viajar forman parte de una amplia campaña de represión que los mandos de los servicios de inteligencia del Ministerio de Información de Irán están dirigiendo contra activistas de derechos humanos, estudiantes y líderes sindicales iraníes. Actualmente mantienen recluidos a dos especialistas irano-estadounidenses, Kian Tajbakhsh y a Haleh Esfandiari, en la conocida prisión de Evin de Teherán.

Se cree que hay otro ciudadano irano-estadounidense detenido que puede haber sido víctima de desaparición forzada: Ali Shakeri, activista por la paz procedente de Irvine, California. Además, el gobierno ha confiscado los pasaportes de dos periodistas: Parnaz Azima, ciudadana irano-estadounidense, y Mehrnoush Solouki, ciudadana franco-iraní, de modo que se les ha impedido abandonar Irán.

Shirin Ebadi y los grupos de derechos humanos han expresado una honda preocupación por la salud y la seguridad de las personas detenidas, así como por las dos periodistas atrapadas en Irán.

Haleh Esfandiari y Kian Tajbakhsh permanecen recluidos en la sección 209 de la prisión de Evin. El 29 de mayo de 2007, el portavoz de la magistratura, Alireza Jamshidi, afirmó en una conferencia de prensa que tanto Esfandiari y Tajbakhsh como Parnaz Azima habían sido acusados formalmente después de que el Ministerio de Información hubiese presentado una denuncia contra ellos. El Ministerio los acusa de “actuar contra la seguridad nacional participando en actos de propaganda contra la República Islámica mediante espionaje por encargo de extranjeros”.

El 8 de mayo, Haleh Esfandiari, de 67 años, directora del programa para Oriente Medio del Centro Internacional de Estudios Woodrow Wilson de Washington, DC, fue detenida por agentes del Ministerio de Información y ese mismo día fue trasladada a la prisión de Evin. Kian Tajbakhsh, especialista de 45 años en ciencias sociales que prestaba servicios de consultoría tanto al gobierno iraní como a organizaciones internacionales, fue detenido tres días depués, el 11 de mayo. Ambos están recluidos en régimen de incomunicación y se les ha negado el acceso a sus abogados y a su familia.

El 20 de mayo, el Ministerio de Información emitió una declaración en la que acusaba a Haleh Esfandiari de promover la actividad de la sociedad civil en Irán “para favorecer los intereses de potencias extranjeras”. En esta declaración y en varios artículos del diario de línea dura Kayhan se ha aludido a las actividades profesionales de Esfandiari y Tajbakhsh, incluida la asistencia a conferencias internacionales del ámbito académico, como pruebas de “actuación en contra de la seguridad nacional”.

“Estos cargos se han presentado por motivos políticos y sólo sirven para aislar más a la sociedad civil iraní –afirmó Shirin Ebadi–. El gobierno castiga a estas personas por promover el diálogo entre el pueblo iraní y la comunidad internacional.”  

Ali Shakeri, de 59 años, “desapareció” el 8 de mayo cuando se disponía a salir de Irán con destino a Europa. Según sus socios, llamó a su familia 48 horas después para decir que “ha habido un malentendido, pero estoy bien”. El 29 de mayo, el portavoz de la magistratura declaró que “Shakeri no está detenido y no se han presentado cargos contra él”. Sin embargo, sigue sin conocerse su paradero. Las organizaciones internacionales han instado al gobierno iraní a investigar la detención inicial de Shakeri que tuvo lugar el 8 de mayo, a hacer público su paradero, a ponerlo en libertad en el caso de que esté recluido y a permitirle que salga de Irán para reunirse con su familia en California.

Las autoridades también han prohibido a dos periodistas de doble nacionalidad que abandonen Irán. Mehrnoush Solouki, estudiante franco-iraní de periodismo de la Universidad de Quebec, fue detenida el 17 de febrero mientras realizaba un documental sobre los acontecimientos posteriores al alto el fuego de 1988 en la guerra entre Irán e Irak. Permaneció recluida durante un mes en la prisión de Evin bajo la custodia de agentes del Ministerio de Información, que además le confiscaron las notas y las grabaciones, y el 19 de marzo quedó en libertad bajo fianza de 100 millones de tomanes (100.000 dólares estadounidenses). No obstante, las autoridades no le devolvieron el pasaporte, por lo que le impiden abandonar el país. Agentes de los servicios de inteligencia la han citado para interrogarla en varias ocasiones desde que quedó en libertad.

A Parnaz Azima, reportera irano-estadounidense de los servicios en lengua persa de Radio Free Europe, también se le impide salir de Irán, pues se le confiscó el pasaporte en enero de 2007. El 21 de mayo, tras el pago de una cuantiosa fianza, las autoridades se negaron a devolverle el pasaporte, alegando el interés que despertaba su caso en el Ministerio de Información.

Los servicios de inteligencia iraní a menudo presentan cargos de “amenaza a la seguridad nacional” contra activistas e intelectuales por motivos políticos. En agosto de 2005, agentes del Ministerio de Información detuvieron a Abdolfattah Soltani, destacado abogado de derechos humanos, y lo acusaron de espionaje. Lo recluyeron en la prisión de Evin durante siete meses, antes de dejarlo en libertad bajo fianza. El 28 de mayo de 2007, un tribunal de apelaciones de Teherán lo absolvió de todos los cargos.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras y Shirin Ebadi han recordado a las autoridades iraníes que tienen la obligación plena de garantizar la salud y la seguridad de todas las personas detenidas por el Estado, que se las debe tratar con dignidad y se les ha de permitir el acceso a su asistencia letrada y a las visitas. Asimismo, han exhortado al gobierno iraní a poner fin a la persecución y al procesamiento de especialistas y periodistas de doble nacionalidad.