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Debe investigarse el homicidio de un migrante

Amnistía Internacional ha pedido hoy  a las autoridades marroquíes que abran una investigación minuciosa, independiente e imparcial sobre la muerte de un migrante en la frontera entre el norte de Marruecos y el enclave español de Melilla. La organización también ha pedido que se respeten los derechos de los migrantes, a menudo maltratados y expulsados sumariamente de Marruecos. Estos llamamientos se producen tras el homicidio de un migrante camerunés de 29 años, conocido como Alino, y la detención y la expulsión arbitraria de otros 14 migrantes el primer día de enero de 2009.

 

La mañana del 1 de enero de 2009, al menos 50 migrantes del África subsahariana intentaron alcanzar la valla entre Marruecos y el enclave de Melilla. Según los relatos hechos a Amnistía Internacional, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley marroquíes dispararon una vez al aire, pero los siguientes disparos fueron dirigidos hacia los migrantes para impedirles que cruzaran la frontera. Según los informes, Alino, uno de ellos, fue alcanzado por el segundo disparo y murió cuando lo transportaban al hospital de Nador.

Durante este incidente se detuvo y golpeó a otros 14 migrantes y, tras llevarlos a la gendarmería de Beni N’sar, donde los fotografiaron y les confiscaron sus pertenencias, los trasladaron a la ciudad de Nador y desde allí a la frontera con Argelia, cerca de la ciudad de Oujda, donde los dejaron en lo que parece un acto de expulsión arbitraria y colectiva.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Marruecos que abran una investigación para examinar la conducta de las fuerzas de seguridad en la frontera y las circunstancias que rodearon el homicidio de un migrante, con vistas a determinar si las fuerzas de seguridad marroquíes hicieron un uso excesivo de la fuerza. Asimismo debe realizarse una autopsia independiente, tal como disponen los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. En el caso de que esta investigación concluya que se hizo un uso excesivo de la fuerza, debe formular recomendaciones para que los responsables rindan cuentas, se indemnice a las víctimas y se tomen medidas para evitar que vuelva a producirse dicho uso excesivo. Los resultados de la investigación deben hacerse públicos.

Las autoridades marroquíes también deben asegurarse de que se protegen los derechos fundamentales de todas las personas interceptadas en la frontera. De acuerdo con normas internacionales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, estos funcionarios “podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas”.

Además, Amnistía Internacional pide a las autoridades de Marruecos que se aseguren de que ninguna persona es devuelta por la fuerza a un país en el que corra peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos, de acuerdo a las obligaciones contraídas por Marruecos en virtud del derecho internacional, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y la Convención contra la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Marruecos debe proporcionar acceso a procedimientos de asilo completos y justos a toda persona que huya de la persecución. Cualquier decisión de expulsar a un solicitante de asilo que no se considere necesitado de protección internacional debe contar con las debidas salvaguardias procedimentales, entre ellas la posibilidad de impugnar la decisión de expulsión.
 
Información Complementaria
En 2005 y 2006, Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos contra migrantes y solicitantes de asilo que intentan cruzar la frontera entre Marruecos y España en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, como homicidios, uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, expulsiones colectivas y violaciones del principio de no devolución (non-refoulement).

Las autoridades marroquíes han abierto investigaciones sobre las muertes de migrantes en Ceuta y Melilla en 2005, en el Sáhara Occidental en 2007 y cerca del puerto de Alhucemas, pero hasta donde sabe Amnistía Internacional, estas investigaciones no han finalizado ni sus resultados se han hecho públicos.