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Debe acabar la negación, debe saberse la verdad

Londres.- Cuando faltan 10 días para las elecciones presidenciales en Argelia, Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento para que el próximo presidente se ocupe del legado de abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto interno de la década de 1990 y actúe en relación con los miles de víctimas a las que las autoridades han dado la espalda.

“El próximo presidente de Argelia debe aprovechar la oportunidad que ofrece un nuevo mandato para ocuparse de la cultura de impunidad reinante desde la década de 1990”, ha afirmado Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África. “¿Cómo puede haber una verdadera reconciliación nacional si las autoridades aún no han establecido la verdad sobre los crímenes pasados y presentes ni han ofrecido justicia a las víctimas?” En un nuevo informe titulado A Legacy of Impunity: A Threat to Algeria’s Future Amnistía Internacional plantea sus motivos de preocupación con respecto al hecho de que continúen sin investigarse los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado y el presente y en relación con la impunidad otorgada a miembros de los servicios de seguridad y de grupos armados. Según las autoridades argelinas, hasta 200.000 personas fueron víctimas de homicidio durante el conflicto que vivió el país en la década de 1990, cuando fuerzas gubernamentales se enfrentaron a grupos armados tras cancelarse las elecciones legislativas de 1992, que con toda seguridad iba a ganar el Frente Islámico de Salvación. Los grupos armados cometieron homicidios, secuestros, torturas y violaciones de civiles. Las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado fueron responsables de desapariciones forzadas, mataron a miembros de grupos armados o a personas sospechosas de pertenecer a ellos y detuvieron en secreto y torturaron a otras personas. Las autoridades niegan que hubieran cometido violaciones generalizadas de derechos humanos. Las medidas de amnistía introducidas y promovidas por el presidente Abdelaziz Bouteflika, en el poder desde 1999, han impedido que víctimas y sus familias hayan obtenido verdad, justicia y reparación. La mayoría de los crímenes que se cometieron durante el conflicto nunca se han investigado, y los responsables nunca han comparecido ante la justicia. “Las amnistías generalizadas otorgadas sucesivamente a grupos armados y posteriormente a miembros de los servicios de seguridad suponen infligir una nueva herida a las víctimas y a sus familias”, ha afirmado Philip Luther. “En vez de conceder impunidad a los perpetradores, alentando así la comisión de nuevos abusos, las autoridades deben devolver la dignidad a las víctimas transmitiendo el firme mensaje de que no volverán a tolerarse estos crímenes”. Las autoridades están haciendo lo posible por borrar los recuerdos del conflicto interno sin ocuparse de sus consecuencias en las víctimas ni de la situación general de los derechos humanos, e impidiendo el debate y las críticas. La legislación promulgada en 2006 silencia a quienes critican la actuación de las autoridades durante el conflicto interno, al establecer penas de hasta cinco años de prisión. Pese a ello, activistas y familias de las víctimas, corriendo a veces peligro de sufrir acoso, han pedido abiertamente que se investiguen los abusos contra los derechos humanos y que los responsables comparezcan ante la justicia. Por ejemplo, en 2008, Louisa Saker, que no ha sabido nada de su esposo desde que fue detenido en 1994, fue declarada culpable de participar en una marcha no autorizada porque se manifestaba con familias de personas desaparecidas en la ciudad nororiental de Constantina. Aún así, está decidida a continuar su lucha para descubrir la verdad sobre lo que le ocurrió a su esposo. “Mientras se continúe pasando por alto la terrible experiencia que han sufrido, las familias de víctimas de desaparición forzada no podrán llorar su pérdida ni cerrar esa etapa de duelo”, ha manifestado Philip Luther, que ha añadido: “Reciben presiones para que acepten certificados de defunción y ayuda económica, cuando lo que piden es verdad y justicia”. Las autoridades argelinas están repitiendo ahora el mismo argumento sobre la lucha contra el terrorismo y las amenazas a la seguridad que utilizaron durante el conflicto interno para justificar las persistentes violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad, especialmente el Departamento de Información y Seguridad (Département du renseignement et de la sécurité, DRS), continúan deteniendo a sospechosos de terrorismo, manteniéndolos recluidos en secreto y en régimen de incomunicación, a veces durante semanas o incluso meses, y sometiéndolos a tortura y juicios injustos en un clima de impunidad casi total. Amnistía Internacional recuerda a las autoridades argelinas que los homicidios de civiles por parte de Al Qaeda en el Magreb islámico, que la organización condena sin reservas, no deben utilizarse para justificar violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo. En su nuevo informe, Amnistía Internacional ha hecho una serie de recomendaciones al próximo presidente, entre las que figuran:

  • Revocar las leyes que consolidan la impunidad y benefician a los responsables de abusos contra los derechos humanos, y garantizar que ninguna persona goza de inmunidad frente al procesamiento.
  • Aclarar la suerte que han corrido las víctimas de desapariciones forzadas y ofrecer a sus familias un recurso efectivo; garantizar que no se condiciona el apoyo económico a las víctimas de desapariciones forzadas a que presenten un certificado de defunción.
  • Modificar las leyes que restringen la libertad de expresión y amenazan con la cárcel a las personas críticas con la actuación de las fuerzas de seguridad, y garantizar que familias y activistas pueden reclamar verdad, justicia y reparación.