“Las autoridades de la isla caribeña de Curaçao, territorio perteneciente al Reino de los Países Bajos, deben proteger a las personas que huyen de la crisis de derechos humanos de la vecina Venezuela y poner fin a las espantosas condiciones que sufren cuando llegan a Curaçao”, afirma Amnistía Internacional en un informe que publica hoy. Detenidos y deportados: Niegan protección a personas venezolanas en Curaçao ofrece pruebas convincentes de que desde julio de 2017, las personas extranjeras no pueden pedir protección internacional en Curaçao y detalla varias presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra personas procedentes de Venezuela, que corren el riesgo de ser detenidas y devueltas en infracción del derecho internacional. “Es una vergüenza que el gobierno de Curaçao no haya establecido un procedimiento efectivo para solicitar asilo. En lugar de volver la espalda a quienes huyen de la grave crisis de Venezuela, las autoridades de Curaçao deben garantizar los derechos de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas que necesitan protección internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. En lugar de proteger a quienes llegan desde Venezuela, el gobierno de Curaçao ha elaborado una “estrategia de expulsión activa” con el fin de deportar a las personas en situación migratoria irregular. En 2017, las autoridades de Curaçao expulsaron a 1.203 personas venezolanas de la isla, mientras que en los primeros cuatro meses de 2018 deportaron a otras 386. Amnistía Internacional ha visto que las autoridades recluyen a quienes van a ser deportados en centros de detención y calabozos policiales. El informe expone también un caso en el que las autoridades pusieron a unas personas menores de edad al cuidado de una hogar de niños estatal mientras su madre estaba detenida. Amnistía Internacional ha observado condiciones injustificables en los centros de detención, como hacinamiento, falta de intimidad, higiene deficiente en las zonas de ducha y aseo, y falta de ropa de cama adecuada. Varias personas dijeron a la organización que habían sufrido malos tratos en el momento de la detención o bajo custodia, incluida la proposición de hacer favores sexuales a cambio de compresas y jabón. “Algunos guardias nos tratan como a animales”, dijo a Amnistía Internacional un hombre recluido en los calabozos policiales de Río Canario. “Estamos consternados ante las denuncias de malos tratos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos que se cometen durante las detenciones o bajo custodia. Las autoridades de Curaçao deben poner fin de inmediato a estas prácticas y abrir investigaciones sin demora, imparciales, independientes y efectivas sobre cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas. Venezuela está en estado de emergencia desde enero de 2016, y las personas disidentes son sometidas a redadas, acoso e intimidación. Las graves crisis alimentaria y de sanidad siguen empeorando, y afectan sobre todo a niños y niñas, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La ONU calcula que 2,3 millones de personas venezolanas han huido de esta crisis sin precedentes en su país, de las que entre 5.000 y 15.000 están actualmente en Curaçao en situación migratoria irregular. En marzo de 2018, la Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que una proporción muy significativa de las personas venezolanas que han huido de su país necesitan protección internacional. Sin embargo, las autoridades de Curaçao no han ofrecido protección a los venezolanos y venezolanas que buscan refugio en la isla, situada apenas a 70 kilómetros de su país. Aunque el gobierno de Curaçao dice que existe un procedimiento de concesión de asilo, personas procedentes de Venezuela dijeron a Amnistía Internacional que, en la práctica, es casi imposible obtener protección. “Llamé a la comisaría de policía para preguntar dónde podía pedir protección. El policía se rió y me dijo que no existía ese procedimiento”, dijo una mujer venezolana perteneciente a una organización humanitaria. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Curaçao que garanticen los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas mediante el establecimiento de un procedimiento de concesión de asilo imparcial y efectivo. Sólo deben utilizar la detención como último recurso, tal como establece el derecho internacional de los derechos humanos, y deben realizar investigaciones sin demora, exhaustivas, independientes e imparciales de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante la detención y bajo custodia. Dado que Curaçao es parte del Reino de los Países Bajos, éste tiene también la responsabilidad de proteger los derechos humanos en este territorio. Amnistía Internacional pide al Reino de los Países Bajos que garantice que se salvaguardan los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en todos sus territorios. “El Reino de los Países Bajos debe investigar lo que está sucediendo en Curaçao y ofrecer su apoyo y orientación para garantizar que las personas que lleguen por primera vez a la isla reciben la protección que necesitan. Países Bajos no puede mirar hacia otro lado mientras se violan los derechos humanos de las personas”, concluyó Erika Guevara Rosas.
