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10 de octubre: Día Mundial Contra la Pena de Muerte

Cuenta atrás para un mundo libre de la pena de muerte

  • El 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos debe motivar un impulso internacional a la moratoria de las ejecuciones
  • Amnistía Internacional lanza una ciberacción en www.actuaconamnistia.org para apoyar a Pablo Ibar, español condenado a muerte en EEUU
  • Entre 18.000  y 27.000 personas esperan en corredores de la muerte de todo el mundo

 

Madrid.- Con motivo del Día Mundial Contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional (AI) insta a todos los países del mundo a aprovechar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para apoyar una nueva resolución en Naciones Unidas que impulse definitivamente una moratoria universal de las ejecuciones, como paso decisivo hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

Esta nueva resolución reforzaría notablemente la Resolución 62/149 de la ONU, aprobada el 18 de diciembre de 2007 por una amplia mayoría, a favor de una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.

Amnistía Internacional pide que esta nueva resolución deplore toda decisión de restaurar la pena de muerte, afirme que la pena de muerte vulnera los derechos humanos y pida respeto a las normas internacionales que protegen a los condenados. AI recuerda que la pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ambos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos de derecho internacional.

 

Hacia la abolición: un camino imparable

La tendencia hacia la abolición parece ser ya imparable. En la actualidad, 92 países han eliminado la pena de muerte para todos los delitos. Otros diez lo han hecho solo para los delitos comunes, mientras que existe un grupo de 35 Estados a los que se considera “abolicionistas en la práctica”, al no haber llevado a cabo ejecuciones en los últimos diez años. Así, el número de países abolicionistas en la ley o en la práctica suma ya 137. Sin embargo, 60 países siguen siendo retencionistas y hubo constancia de ejecuciones durante 2007 en 24 de estos últimos.

Los casos más recientes de países que han abolido la pena de muerte de sus legislaciones son Uzbekistán, donde se eliminó para todos los delitos a partir del pasado 1 de enero, y Argentina, último país en abolir la pena de muerte en todas sus leyes al suprimirla del Código Militar.

Pero a pesar de esta tendencia tan esperanzadora, el informe de AI “Cuenta atrás para un mundo sin ejecuciones” detalla que entre 18.311 y 27.562 personas continúan presas en corredores de la muerte en todo el mundo. En lo que va de año, Amnistía Internacional ha tenido noticia de al menos 227 ejecuciones en Irán, de las que seis se han aplicado a personas que cometieron delitos cuando eran menores de edad. Además, Arabia Saudí ha ejecutado hasta el momento un mínimo de 71 personas, Japón a 13 condenados a muerte, en Irak se ha aplicado la pena capital al menos a 30 personas, y EE.UU ha ejecutado a 24 presos desde que se reanudaran las ejecuciones en mayo de 2008, después de que el Tribunal Supremo rechazase el recurso contra la inyección letal.

En 2007 fueron ejecutadas al menos 1.252 personas en 24 países y 3.347 fueron condenadas a la pena capital en 51 Estados. El 88% del total de las ejecuciones conocidas en 2007 tuvo lugar en sólo cinco países: Arabia Saudí, China, Irán, Estados Unidos y Pakistán.

 

Españoles en el corredor

En este Día Mundial Contra la Pena de Muerte ha lanzado a través de la web www.actuaconamnistia.org una ciberacción para apoyar a Pablo Ibar, español condenado a muerte en EEUU, y para pedir a las autoridades de Florida que promuevan la moratoria de las ejecuciones como un primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte en este Estado norteamericano.

Pablo Ibar fue acusado en 1994 del asesinato de tres personas durante el robo de una vivienda en Florida. El Jurado de Broward County no alcanzó un veredicto unánime y en 1998 el juez declaró nulo su juicio. Sin embargo, en el año 2000 fue condenado por el triple asesinato a raíz de su supuesta aparición en las imágenes de un vídeo del sistema de seguridad de la casa, un hecho puesto en duda por la actual defensa de Ibar.

El veredicto ha sido apelado ante el tribunal, debido a la inadecuada defensa con que contó Pablo por parte de su abogado de oficio. La vista de esta apelación, que en caso de prosperar supondría la anulación del juicio y reinicio del proceso, está prevista para finales de 2008 o principios de 2009.

Además de Pablo Ibar, otro ciudadano español de origen sirio sigue condenado a muerte en Yemen pero espera su traslado a España. Nabil Manakli fue detenido en 1997 y condenado junto a otras 27 personas que, según informes, fueron torturadas para obligarlas a confesar. En la actualidad, gracias al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas firmado por los Gobiernos de España y Yemen y en vigor desde marzo de 2008, se espera que Manakli pueda ser trasladado a territorio español, lo que supondría en la práctica la conmutación automática de su pena de muerte. 

 

España y la pena de muerte

El Gobierno español lanzó en junio de 2008 una iniciativa para que en el año 2015 se logre una moratoria universal de la pena capital como paso previo a su abolición. Y el pasado mes de septiembre, el Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, la presentó ante Naciones Unidas.

Amnistía Internacional, que ha acogido con satisfacción esta iniciativa, espera que el Gobierno implique a países de todo el mundo y le ha pedido que refuerce sus esfuerzos diplomáticos con aquellos Gobiernos con los que mantiene relaciones bilaterales y que aún mantienen la pena de muerte en sus legislaciones.

Sin embargo, la Constitución de 1978, que estableció la abolición de la pena de muerte, sigue mencionando una excepción para los casos que la legislación militar establezca en tiempo de guerra en España. A pesar de la eliminación del Código de Justicia Militar, la mención en la Carta Magna permitiría que la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra pudiera ser constitucional. Amnistía Internacional considera que la Constitución debería eliminar esta mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente su aplicación.

Consulta el Informe "Cuenta atrás para un mundo sin ejecuciones"

 

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