Londres.- Amnistía Internacional lamenta la ejecución de cuatro varones árabes iraníes, y teme por la vida de otros presos que, según los informes, han sido condenados a muerte recientemente, tras juicios injustos. La organización hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que pongan fin a las ejecuciones y garanticen la protección de todas las personas privadas de libertad frente a la tortura y otros malos tratos.
Las ejecuciones continúan en Irán a un ritmo alarmante. Amnistía Internacional ha registrado por lo menos 177 ejecuciones en el 2006, aunque teme que la cifra real sea muy superior. Al menos cuatro de las personas ejecutadas eran menores de 18 años en el momento en que cometieron los delitos de los que fueron acusados, y uno de ellos era menor de 18 años incluso en el momento de su ejecución. En el 2006, Irán y Pakistán fueron los únicos países del mundo que continuaron ejecutando a menores (aunque Pakistán había promulgado en el 2000 la Ley del Sistema de Justicia de Menores que abolió en la mayor parte del país la pena de muerte para las personas menores de 18 años en el momento en que cometieron el delito). Hasta el día de hoy, en el 2007, Amnistía Internacional ha registrado 19 ejecuciones más en Irán, incluidas las cuatro de hoy.
Se cree que los ejecutados hoy eran Khalaf Derhab Khudayrawi, Alireza Asakreh, Mohammad Jaab Pour y Abdulamir Farjallah Jaab, que formaban parte de un grupo de 10 hombres, todos ellos miembros de la minoría árabe de Irán, que según los informes fueron declarados culpables de ser mohareb (enemigos de Dios) por su presunta implicación en los atentados con bombas cometidos en octubre de 2006 en la ciudad de Ahvaz, provincia de Khuzestan, que causaron la muerte de al menos seis personas y heridas a más de un centenar. Los informes indican que las autoridades negaron a los cuatro hombres el acceso a sus abogados las dos semanas anteriores a su ejecución.
Según los informes, el 9 de noviembre de 2006, el director de la Fiscalía de Khuzestan, Abbas Ja’afari Dowlat Abadi, anunció que el Tribunal Supremo había confirmado las condenas a muerte impuestas a 10 personas de un grupo de aproximadamente 19, todos ellos presuntos responsables de atentados con bombas en Khuzestan, y que serían ahorcadas públicamente. El 13 de noviembre de 2006, una emisora de televisión local iraní, Khuzestan TV, emitió una película documental que incluía las "confesiones" de nueve de estos hombres. En el programa, las 10 personas, que según se decía pertenecían a un grupo denominado Al-e Naser (grupo militante árabe iraní poco conocido del que no se conoce ninguna actividad desde la época de la guerra entre Irán e Irak, en la década de 1980), "confesaron" su participación en los atentados. Al parecer, el 19 de diciembre de 2006, tres de ellos, Abdullah Suleymani (citado inicialmente como Alireza Asakreh), Malek Banitamim y Ali Matouri Zadeh, fueron ejecutados en prisión en la provincia de Khuzestan.
Según los informes, los cuerpos de los ejecutados no fueron entregados a sus familias para ser enterrados, y se teme que fueron inhumados en una fosa común sin nombre en un lugar llamado La’natabad (Lugar de los condenados). Las fuerzas de seguridad impidieron que las familias recibieran visitas de condolencia.
Según la información que ha recibido Amnistía Internacional, en torno al 2 de marzo de 2006, las fuerzas de seguridad dispararon a Khalaf Derhab Khudayrawi antes de llevárselo detenido. Su familia creía que había muerto en el incidente, pero unos días después recibieron una llamada telefónica de las autoridades en la que les informaron de que había sido trasladado al centro de detención de Sepidar. Su esposa, Soghra Khudayrawi, y su hijo de cuatro años Zeidan fueron detenidos en Ahvaz el 7 de marzo de 2006 y siguen recluidos (véanse AU 65/06, MDE 13/028/2006, de 23 de marzo de 2006, e Irán: Caso de llamamiento: Cuatro mujeres árabes ahwazíes y dos niños: presos de conciencia, Índice AI: MDE 13/059/2006, de 17 de mayo de 2006, web.amnesty.org/library/index/eslmde130592006). Los informes indican que Mohammad Jaab Pour y Abdulamir Farjallah Jaab fueron también detenidos el 7 de marzo de 2006.
Según los informes, a principios de junio de 2006, siete abogados que comparecieron ante la Sala 3 del Tribunal Revolucionario en representación de los procesados, entre los cuales figuraban algunas de las 10 personas que fueron condenadas a muerte, remitieron formalmente al presidente del tribunal una carta en la que se quejaban de las irregularidades del juicio. En su escrito, los abogados decían que se les había notificado la fecha del juicio de sus clientes con sólo dos días de antelación, incumpliendo así el plazo mínimo de cinco días que establece el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no pudieron estudiar exhaustivamente los expedientes; que no se les había permitido entrevistarse en privado con sus clientes pese a haberlo solicitado y a pesar de que el presidente de la magistratura había afirmado el 20 de mayo de 2006 que: "nadie tiene derecho a dictar una orden que vulnere la ley y privar a los acusados del derecho de recibir visitas de su familia y su abogado. Deben saber con toda claridad que pueden solicitar entrevistas privadas con sus abogados." Los abogados también se quejaron de que las vistas del juicio se estaban celebrando sin que estuvieran presentes otros procesados o sus abogados. Tras esta carta, en octubre de 2006, al menos cinco de los abogados fueron citados para que comparecieran ante la Sala 7 del Tribunal Revolucionario en Ahwaz por poner presuntamente en peligro la seguridad nacional al quejarse de las actuaciones judiciales y hacer pública su protesta en sitios web ahwazíes en el extranjero. Según los informes, quedaron en libertad tras el pago de una fianza.
El 10 de enero de 2007, tres destacados expertos en derechos humanos de la ONU – Philip Alston, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Leandro Despouy, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y Manfred Nowak, relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura– hicieron un llamamiento conjunto al gobierno de Irán para que detuviera la ejecución inminente de siete hombres pertenecientes a la minoría árabe ahwazí y les concediera un juicio justo y público. Los informes indican que estos siete hombres eran Abdulreza Sanawati Zergani, Qasem Salamat, Mohammad Jaab Pour, Abdulamir Farjallah Jaab, Alireza Asakreh, Majed Alboghubaish Khalaf y Derhab Khudayrawi. Los expertos de la ONU declararon asimismo que eran plenamente conscientes de que estos hombres estaban acusados de delitos graves, no obstante lo cual consideraban que ello no podía justificar su condena y ejecución tras juicios en los que se había hecho una parodia de los requisitos del debido proceso.
Información complementaria Gran parte de la comunidad árabe de Irán vive en la provincia de Khuzestan, en la frontera con Irak. La provincia tiene una gran importancia estratégica por estar en ella muchos de los yacimientos petrolíferos de Irán, pero la población árabe considera que no se ha beneficiado de los ingresos derivados del petróleo igual que la población persa. La comunidad árabe está históricamente marginada y discriminada. En abril de 2005, los árabes iraníes celebraron manifestaciones multitudinarias en la ciudad de Ahvaz, después de que se difundiera la noticia de que el gobierno tenía planes de dispersar a la población árabe del país o de obligarla a renunciar a su identidad árabe. Cientos de personas fueron detenidas y, según los informes, algunas fueron torturadas. Tras una serie de atentados con explosivos cometidos en la ciudad de Ahvaz en junio y octubre de 2005, en los que murieron al menos 14 personas, y otros contra instalaciones petrolíferas en septiembre y octubre, se intensificó la espiral violencia y los informes indican que fueron detenidas centenares de personas. Los atentados del 24 de enero de 2006, en los que murieron al menos seis personas, fueron seguidos de más detenciones masivas. Dos hombres, Mehdi Nawaseri y Ali Awdeh Afrawi, fueron ejecutados en público el 2 de marzo de 2006, tras ser declarados culpables de participar en los atentados de octubre. Sus ejecuciones se realizaron tras juicios injustos celebrados ante un Tribunal Revolucionario, durante los cuales parece ser que se denegó a los procesados el acceso a sus abogados, y sus "confesiones", junto con las de otros siete hombres, fueron emitidas por televisión.
Amnistía Internacional condena los atentados con explosivos y otros ataques contra civiles y reconoce plenamente el derecho y la responsabilidad de los gobiernos de hacer comparecer ante la justicia a los presuntos autores de delitos. Ello no obstante, los gobiernos deben actuar cumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de derechos humanos, que consagra, entre otros, el derecho a un juicio justo. Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte, por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma extrema de castigo cruel e inhumano. Véase Irán: Pena de muerte - Caso de llamamiento. Once varones árabes iraníes se enfrentan a la pena capital, Índice AI: MDE 13/051/2006, de mayo de 2006, web.amnesty.org/library/index/eslmde130512006.
Irán ha emitido en numerosas ocasiones por televisión "confesiones" grabadas en vídeo. En casos anteriores, las personas que han hecho estas "confesiones" han declarado posteriormente que las realizaron tras ser sometidas a tortura o malos tratos.
Irán es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra, entre otros, el derecho a no estar obligado a declarar contra uno mismo ni a confesarse culpable (artículo 14.3.g). Por su parte, el principio 21 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, de la ONU, afirma que "Estará prohibido abusar de la situación de una persona detenida o presa para obligarla a confesar o declarar contra sí misma o contra cualquier otra persona."
