Kosovo: Continúa la impunidad 10 años después del fin de la guerra

Londres.- En un informe publicado con motivo del décimo aniversario del fin de la guerra de Kosovo, Amnistía Internacional pone de relieve que las autoridades de Serbia y Kosovo siguen sin abrir investigaciones y procesamientos por las desapariciones forzadas y secuestros cometidos y sin llevar a los responsables ante la justicia.   Diez años después del fin de la guerra, alrededor de 1.900 familias de Kosovo y Serbia siguen sin tener información sobre la suerte y el paradero de sus miembros desaparecidos. “En los últimos 10 años, las autoridades de Serbia y Kosovo no han tomado ninguna medida para abordar el legado de los crímenes de guerra cometidos en Kosovo en 1999”, ha manifestado Sian Jones, experto de Amnistía Internacional en los Balcanes. “El hecho de que no se hayan iniciado con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales ni en Serbia ni en Kosovo ha creado una cultura de impunidad e impedido que se haga justicia a los familiares de las personas de etnia albanesa desaparecidas en manos de las fuerzas serbias y de los serbios secuestrados por el Ejército de Liberación de Kosovo.” Más de 3.000 personas de etnia albanesa fueron víctimas de desaparición forzada a manos de la policía y las fuerzas militares y paramilitares serbias durante la guerra de Kosovo. Asimismo, alrededor de 800 personas serbias, romaníes o pertenecientes a otras minorías fueron secuestradas por miembros, según informes, del Ejército de Liberación de Kosovo, en la mayoría de los casos una vez acabado el conflicto armado internacional en junio de 1999 y a la vista de la fuerza para el mantenimiento de la paz en Kosovo dirigida por la OTAN. En su informe, titulado Burying the past: Impunity for enforced disappearances and abductions in Kosovo, Amnistía Internacional documenta cómo durante los diez últimos años el gobierno serbio y las autoridades responsables de Kosovo -hasta diciembre de 2008, la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK)- no han investigado ni procesado a los responsables de las desapariciones forzadas y los secuestros. También se tratan en el informe los derechos de los familiares de las víctimas de desaparición forzada y secuestro, haciendo hincapié en que el hecho de que ni las autoridades de Kosovo ni las de Serbia les hayan proporcionado información sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos constituye una violación de sus derechos según las normas internacionales de derechos humanos.   Tras la guerra, Amnistía Internacional entrevistó a familiares de personas desaparecidas y secuestradas de ambos bandos, y en 2009 ha vuelto a la zona para reunir más testimonios. El informe está basado en muchos casos contados directamente por las personas afectadas y describe una larga sucesión de exhumaciones no documentadas, pérdidas de documentación, injerencias políticas en el sistema de justicia, investigaciones frustradas y duplicaciones masivas de esfuerzos de distintos organismos, todo lo cual se ha combinado para impedir a los familiares de las personas desaparecidas y secuestradas el acceso a la justicia. Amnistía Internacional cree que existen graves obstáculos institucionales que impiden poner fin a la impunidad de las desapariciones forzadas y los secuestros. Dada la falta de programas efectivos de protección de testigos, muchas personas son reacias a aportar a los investigadores datos con los que poder iniciar procesamientos. En Serbia, por ejemplo, las investigaciones sobre la presunta incineración de cadáveres de civiles de etnia albanesa en un horno de fundición del complejo de aluminio de Maèkatica, cerca de la localidad serbia de Surdulica, en mayo de 1999, se abandonaron tras recibir los testigos amenazas de la policía de seguridad del Estado y local. Al parecer, esas incineraciones formaban parte de una operación de encubrimiento en gran escala en la que, en abril y mayo de 1999, se trasladaron y enterraron en fosas comunes de Serbia los cadáveres de más de 900 personas de etnia albanesa. “La influencia de individuos que fueron poderosos durante la guerra, incluidos algunos ex líderes del Ejército de Liberación de Kosovo y autoridades policiales serbias, se extiende todavía por el gobierno y la sociedad de Serbia y Kosovo, y en el caso de éste último afecta incluso a la UNMIK”, ha señalado Sian Jones. En Kosovo ha habido pocos procesamientos de personas de etnia albanesa responsables del secuestro de serbios. Los investigadores de la UNMIK no realizaron con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las denuncias, hechas públicas posteriormente por Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, de que hasta 300 serbios habían sido secuestrados por miembros del Ejército de Liberación de Kosovo en 1999 y llevados a través de la frontera a la “casa amarilla”, cerca del pueblo de Burrel, en Albania.   Amnistía Internacional pide a las autoridades de Serbia y Kosovo, incluida la misión para el Estado de derecho en Kosovo dirigida por la UE, EULEX, que cooperen en la investigación de los casos de desaparición y secuestro para que se pueda informar a los familiares de las víctimas de su suerte y llevar a los responsables ante la justicia. “Tanto en Serbia como en Kosovo hay quien prefiere que las personas desaparecidas y secuestradas permanezcan enterradas en el pasado –ha afirmado Sian Jones-. Amnistía Internacional cree que Kosovo y Serbia deben abordar el legado del conflicto armado y que sólo pueden hacerlo si revelan claramente dónde hay fosas comunes y ponen fin a la injerencia política en las investigaciones de los crímenes de guerra para que puedan realizarse con prontitud y de manera independiente, efectiva e imparcial.” Información complementaria El 24 de marzo de 1999, la OTAN lanzó la “Operación Fuerza Aliada” contra Serbia para intentar impedir los ataques de las fuerzas militares, policiales y paramilitares serbias contra la población de etnia albanesa de Kosovo. Al terminar el conflicto, en junio de ese mismo año, Kosovo quedó bajo administración de la ONU. Kosovo declaró unilateralmente su independencia de Serbia el 17 de febrero de 2008. Una misión de la Unión Europea para el desarrollo del Estado de derecho en Kosovo, la EULEX, asumió algunas de las responsabilidades de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) el 9 de diciembre de 2008. Su mandato incluye el inicio de investigaciones y procesamientos por crímenes de guerra y otros delitos graves pendientes.