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Condena de la violencia en Río de Janeiro

La ola de violencia ha causado la quema de al menos 100 vehículos. © AP GraphicsBank.

Londre.- Amnistía Internacional ha instado hoy a las autoridades de Brasil a actuar de forma proporcionada y dentro de la ley ante la oleada de violencia de bandas de delincuentes que ha asolado Río de Janeiro en la última semana.
 
En la oleada de violencia se han perpetrado ataques a comisarías, se ha intimidado a los ciudadanos y han sido quemados más de un centenar de vehículos.
 
Más de 30 personas han muerto durante las operaciones de la policía militar y civil contra miembros de bandas. Entre las víctimas mortales hay un estudiante de 14 años que fue alcanzado por una bala perdida en su domicilio de la comunidad de Vila Cruzeiro
 
Esta violencia es totalmente inaceptable, pero la respuesta de la policía ha puesto en peligro las comunidades. Las autoridades deben garantizar que en cualquier operación llevada a cabo en zonas de viviendas lo primero y más importante es la seguridad y el bienestar del conjunto de la población”, ha dicho Patrick Wilcken, investigador sobre Brasil de Amnistía Internacional.
 
Según la Secretaría Municipal de Educación, esta semana han cerrado en Río de Janeiro 17 colegios y 12 guarderías, dejando a más de 12.000 alumnos sin clases. Miles de personas en la zona norte de la ciudad no han podido ir a trabajar, y gran número de residentes se han quedado sin agua o electricidad.
 
La actual oleada de violencia delictiva es un síntoma de otros problemas de más calado que existen en todo el sistema de justicia penal”, ha dicho Patrick Wilcken
 
Los ataques de esta semana son una llamada de atención para las administraciones federal y estatal.
 
Según informan los medios de comunicación, la actual oleada de ataques fue ordenada por el líder de una banda desde una cárcel federal de Rôndonia, lo cual pone al descubierto las debilidades del sistema de prisiones federales.
 
Amnistía Internacional teme que la actual operación de seguridad montada en torno a una serie de comunidades conocidas como Complexo do Alemão desemboque en más derramamiento de sangre. Los residentes están ahora confinados en sus casas, los comercios han cerrado y hay informes de tiroteos.
 
En una “megaoperación” similar de 2007 en el Complexo do Alemão, la policía mató a 19 personas. A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del estado denunció posteriormente ejecuciones sumarias, los homicidios jamás fueron investigados adecuadamente. La operación no tuvo ningún impacto positivo a largo plazo en la seguridad de la comunidad, que ha seguido dominada por la banda de narcotráfico Comando Vermelho.
 
Excepto por lo que se refiere a las Unidades de Policía Pacificadora (Unidade Polícia Pacificadora, UPP), que han reducido significativamente la violencia en una docena de comunidades, la actuación policía en Río de Janeiro sigue basándose en métodos represivos.
 
La policía de Río ha matado a más de 500 personas en lo que va de año en los denominados “actos de resistencia” y grandes zonas de la ciudad siguen dominadas por grupos policiales paramilitares.
 
Amnistía Internacional pide a la presidenta electa Dilma Rousseff que respete su promesa de hacer de la seguridad pública una prioridad durante su presidencia. 
 
La organización insta también a las autoridades de Río de Janeiro a que abandonen los enfoques represivos a corto plazo y se centren en una reforma estructural a largo plazo del sistema de justicia penal, garantizando la seguridad con una actuación policial basada en la reducción de la violencia y el respeto por los derechos humanos.