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Comparecencia judicial del general guatemalteco Ríos Montt por genocidio

General José Efraín Ríos Montt. © AP

“Ha tardado tres décadas, pero esta comparecencia judicial ofrece por fin un atisbo de esperanza a las miles de víctimas y familiares de víctimas de que finalmente se va a cuestionar la impunidad por algunas de las peores atrocidades cometidas en la guerra civil de Guatemala”, ha declarado Sebastian Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Centroamérica. 

 

Treinta años después de llegar al poder, el general retirado José Efraín Ríos Montt se enfrenta a un tribunal por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, en lo que Amnistía Internacional califica de acontecimiento histórico. 


En su comparecencia ante un juzgado penal de la Ciudad de Guatemala se decidirá si será juzgado por las acusaciones de que tenía la responsabilidad de mando en los actos de genocidio cometidos entre marzo de 1982 y agosto de 1983, cuando fue el gobernante de facto del país centroamericano.

Mientras estuvo en el poder se cometieron masacres sobre todo en poblados indígenas mayas de las zonas rurales del país como parte de la política militar del gobierno de “tierra quemada”, en el contexto de un sangriento conflicto armado interno que duró 36 años.


El caso contra Ríos Montt, que tiene actualmente 85 años, es parte de una causa penal iniciada en 2001 contra varios exoficiales del ejército por la Asociación para la Justicia y Reconciliación, que representa a cientos de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. 

Información complementaria:

Según la comisión de la verdad respaldada por la ONU, casi la mitad de todas las violaciones de derechos humanos cometidas durante los 36 años de conflicto armado se perpetraron en 1982. El general Ríos Montt fue gobernante de facto del país durante nueve meses de aquel año.


Amnistía Internacional ha documentado violaciones generalizadas de derechos humanos que equivalen a crímenes de lesa humanidad —incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas— a manos de las fuerzas armadas de Guatemala y de quienes las apoyaban organizados en “patrullas de autodefensa civil” armadas. Las masacres de poblados enteros de indígenas no combatientes fueron habituales, y las tropas torturaron a menudo a los habitantes —incluyendo la violación de mujeres y niñas— antes de matarlos sistemáticamente. 

Ríos Montt, como comandante en jefe del ejército guatemalteco durante 1982 y 1983, era la máxima autoridad de la cadena de mando. Según el derecho internacional, las personas con responsabilidad de mando pueden ser consideradas responsables penales de las violaciones graves de derechos humanos cometidas por sus subordinados. 

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