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Colombia: Nueva ley dirigida a abordar la impunidad por los delitos de violencia sexual relacionados con el conflicto

Instantánea de la Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento social que denuncia la violación de los derechos humanos de las mujeres por parte de los actores armados en Colombia. © Ruta Pacífica de las Mujeres

El 18 de junio, el presidente Juan Manuel Santos aprobó una nueva ley que, si se aplica de manera efectiva, podría contribuir a llevar ante la justicia a los sospechosos de ser penalmente responsables de delitos de violencia sexual relacionados con el conflicto.

Aunque el Congreso diluyó el texto original, la ley sigue abriendo camino en Colombia al definir los delitos de violencia sexual como crímenes de guerra y también como crímenes de lesa humanidad.

La ley aborda una serie de prácticas específicas que siguen llevándose a cabo en el contexto del prolongado conflicto armado, como la esclavitud sexual y la explotación sexual, así como prácticas de esterilización, prostitución, aborto, embarazo y desnudez forzados. La ley establece asimismo la imprescriptibilidad del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Además establece criterios para investigar delitos sexuales y para proteger a las personas supervivientes y garantizar su anonimato y su derecho a no sufrir discriminación por parte de las autoridades a causa de su conducta u orientación sexual. La ley garantiza asimismo que las personas supervivientes tendrán acceso prioritario a servicios de salud gratuitos.

La violación y otras formas de violencia sexual han sido uno de los rasgos característicos del conflicto. Las han perpetrado todas las partes enfrentadas –fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrillas–, de manera principal, aunque no exclusivamente, contra mujeres y niñas. La Corte Constitucional de Colombia ha definido la violencia sexual como “una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”.

El conflicto armado se ha caracterizado también por unos alarmantes niveles de impunidad por los delitos sexuales y muy pocos de sus responsables han sido identificados, no digamos ya procesados. El saber que pueden librarse sencillamente del castigo sólo ha servido para que esos responsables se envalentonen y cometan nuevas agresiones.

Amnistía Internacional ha documentado repetidamente los obstáculos legales y políticos a los que siguen enfrentándose, en su lucha por la justicia, las personas supervivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto en Colombia, y la falta de apoyo de las autoridades que, entre otras cosas, no les proporcionan asistencia médica y psicosocial efectiva.

Esta ley podría convertirse en una importante herramienta en la lucha contra la impunidad por los delitos sexuales relacionados con el conflicto, y podría contribuir a garantizar que las personas supervivientes de violencia sexual son tratadas con dignidad por el sistema de justicia, pero sólo si las autoridades colombianas la aplican de manera efectiva.

La ley “para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado”, fue presentada al Congreso colombiano en 2012 por los congresistas Iván Cepeda y Ángela María Robledo con el apoyo de la Defensoría del Pueblo.

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