Los planes de ejecutar, la próxima semana, a siete hombres declarados culpables tras haber sido presuntamente torturados para hacerles “confesar” un robo a mano armada y de crucificar después el cadáver de uno de ellos, confirman el defecto fundamental del enfoque del orden público en Arabia Saudí. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Los hombres, dos de los cuales podrían haber sido menores de edad en el momento del presunto delito, fueron condenados en 2009 tras un breve juicio en el que las “confesiones” presuntamente obtenidas mediante tortura se utilizaron como prueba contra ellos. Durante el proceso no se les permitió contar con asistencia letrada, y se les negó el derecho de apelar contra la sentencia.
“El sistema legal de Arabia Saudí adolece de defectos fundamentales. El hecho de que alguien pueda ser ejecutado después de ser, según parece, torturado para que ‘confiese’ un delito, y a consecuencia de un juicio en el que no se le permitió la defensa, es sencillamente ilegal”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La ejecución de estos hombres debe detenerse de inmediato. Debe concedérseles un nuevo juicio y deben investigarse las denuncias de tortura.”
Arabia Saudí cuenta con uno de los índices de ejecuciones más altos del mundo.
Al menos 17 personas han sido ejecutadas en 2013: 8 por delitos relacionados con las drogas y 8 personas con ciudadanía extranjera, entre ellas Rizana Nafeek, empleada doméstica srilankesa que no tenía más que 17 años en el momento de su presunto delito.
En 2011 fueron ejecutadas al menos 82 personas, y en 2012 la cifra fue similar: más del triple de la cifra de 2010, año en que se ejecutó al menos a 27 personas.
Arabia Saudí aplica la pena de muerte para una amplia diversidad de delitos, entre ellos delitos de drogas, apostasía, brujería y hechicería.
La ejecución suele llevarse a cabo por decapitación, a menudo en público. El cadáver, en algunos casos, se “crucifica”: el torso, junto con la cabeza separada, en caso de decapitación, se ata a un poste en una plaza pública, para que sirva de escarmiento.
1. La pena de muerte entraña el peligro de ejecutar a inocentes Los procedimientos judiciales en Arabia Saudí no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos, lo que significa que puede condenarse a muerte a inocentes. A los acusados rara vez se les permite estar representados formalmente por abogados, y en muchos casos no se les informa de los progresos de los procedimientos judiciales en su contra. Puede condenárseles exclusivamente sobre la base de “confesiones” obtenidas mediante coacción o engaño.
2. La pena de muerte no tiene un efecto disuasorio efectivo
No se ha demostrado en ningún sitio que el efecto disuasorio de la pena de muerte sea superior al del encarcelamiento. De hecho, en muchos de los países en los que se ha abolido la pena de muerte los índices de criminalidad han disminuido. El índice medio de asesinatos en Estados Unidos para los estados que utilizan la pena de muerte es superior al de los estados que no lo hacen. En 2006, 30 años después de que Canadá aboliera la pena de muerte para los delitos comunes, el índice de asesinatos había disminuido en más de un tercio.
3. No contribuye a lograr una sociedad más segura
No hay pruebas científicas que demuestren que la pena de muerte brinda una solución al problema de la delincuencia. Por el contrario, la delincuencia puede reducirse mediante una policía mejor formada y equipada y mediante un sistema efectivo de administración de justicia, entre otras cosas.
4. Genera más angustia y perpetúa el círculo de violencia
Las víctimas del delito original, y las personas ejecutadas por él, no son las únicas que sufren. Las familias de los condenados a muerte comparten el tormento psicológico de saber que la ejecución puede tener lugar en cualquier momento, y sufren un enorme dolor cuando finalmente ésta se lleva a cabo. La ejecución embrutece a quienes participan en el proceso. La lucha contra la delincuencia no debería crear más desdicha mediante más violencia. La sociedad debe afirmar la vida, no extinguirla.
5. La pena de muerte es una violación de derechos humanos, independientemente de que la opinión pública la apoye o no
La historia está repleta de violaciones de derechos humanos que fueron respaldadas por la mayoría, pero que en la actualidad se contemplan con horror. La esclavitud, la segregación racial o el linchamiento contaron un respaldo generalizado en las sociedades en las que se produjeron, pero constituían graves violaciones de los derechos humanos de las víctimas.
La pena de muerte es una violación de un derecho humano fundamental, el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, adopte la forma que adopte.
