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China: Represión policial de activistas en juicio por desalojo forzoso

Docenas de policías desplegados para bloquear a las más de 200 personas que quisieron apoyar a Fan Mugen al inicio de su juicio.

La policía china debe dejar de reprimir a los cientos de personas que apoyan a un hombre juzgado por matar a dos miembros de un equipo de demoliciones que irrumpió en su casa y dio una paliza a su familia en un violento desalojo forzoso, ha declarado Amnistía Internacional.

El miércoles fueron desplegados decenas de policías para impedir que más de 300 simpatizantes de Fan Mugen asistieran al inicio de su juicio en el Tribunal Popular Municipal Intermedio de Suzhou, en el este de China.

Fan Mugen dice que actuó en defensa propia. Sin embargo, está acusado de “lesiones intencionales”, delito que puede conllevar la pena de muerte. El caso ha tocado el corazón de gente de todo el país, donde los desalojos forzosos violentos siguen siendo un problema significativo.

“Los desalojos forzosos son causa de descontento generalizado en toda China. Los simpatizantes de Fan Mugen tienen derecho a apoyarlo y a hablar del juicio y la policía no debe impedírselo”, ha declarado William Nee, investigador sobre China en Amnistía Internacional.

El miércoles por la tarde, funcionarios locales golpearon frente a la sede del tribunal a Fan Yongqiang, hijo de Fan Mugen. Además, un miembro del equipo legal de Fan —el abogado Wang Yu— fue detenido temporalmente también el miércoles por la tarde. El lunes la policía había detenido al menos a cinco activistas que apoyan a Fan, que actualmente están en detención administrativa.

“Este juicio es una prueba de fuego para que las autoridades demuestren que el Estado de derecho está por encima de los intereses particulares. Lamentablemente, parece que la policía, las autoridades locales y los tribunales están haciendo todo lo que pueden para impedir que Fan cuente con una defensa completa. Es muy poco probable que reciba un juicio justo”, añadió William Nee.

Se prevé que el jueves cientos de simpatizantes de Fan intenten de nuevo asistir al juicio de tres días.

Fan está acusado de matar a dos miembros de un equipo de demoliciones integrado por al menos una docena de hombres armados de barras de acero que irrumpieron en su domicilio familiar en diciembre de 2013. Fan llamó varias veces a la policía, que finalmente apareció, pero no impidió que el equipo atacase a Fan y a su familia.

Según Fan, el equipo de demoliciones prosiguió con su ataque, que rompieron el brazo a su esposa y que él y su hijo sufrieron lesiones en la cabeza, mientras la policía auxiliar no hacía nada. Por último, Fan dice que respondió en defensa propia y mató con un cuchillo a dos de los miembros del equipo de demoliciones.

El incidente se produjo en el contexto de un gran proyecto de urbanización, durante el cual Fan y su familia se habían negado a marcharse y a aceptar lo que consideraban una indemnización insuficiente.

Según Wang Yu, uno de los abogados de Fan, el tribunal se niega a aceptar la prueba de las lesiones que la esposa de Fan sufrió durante el ataque y que, según los abogados, es una prueba clave para demostrar que Fan actuó en defensa propia.

“El presidente Xi Jinping ha pedido reiteradamente a los tribunales que tomen decisiones independientes y justas en casos como este, con arreglo a las leyes y procedimientos chinos, pero parece que estos llamamientos caen en oídos sordos en el ámbito local”, concluyó William Nee.

El lunes, en otro juicio seguido contra seis de los miembros del equipo de demoliciones, acusados de “provocar peleas y disputas”, se impidió inicialmente que asistieran a las actuaciones los abogados de la familia, que sólo pudieron entrar mediada la vista, después de presentar una queja ante el fiscal.

En 2012 Amnistía Internacional publicó un informe que ponía de relieve el aumento de los desalojos forzosos en China, que conllevan muertes, palizas, hostigamiento y encarcelamiento de residentes obligados a abandonar sus casas, tanto en el campo como en las ciudades. Los ayuntamientos y los promotores inmobiliarios locales siguen contratando a matones armados de barras de acero y cuchillos para propinar palizas a los residentes.