Londres.- Muchos candidatos y activistas electorales, así como votantes afganos han declarado a Amnistía Internacional que sufren cada vez más ataques y amenazas de los talibanes y otros grupos rebeldes en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de Afganistán del 18 de septiembre.
Las candidatas corren un riesgo especial y algunas han dicho a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad locales se niegan a ofrecerles protección, e incluso se burlan de ellas cuando denuncian amenazas de violencia.
“Hace dos semanas los talibanes pusieron una ‘carta nocturna’ en mi puerta y por la mañana la llevé a la comisaría de policía local, pero nadie quiso tomarse la amenaza en serio. Uno de los policías me dijo que si quería presentarme a las elecciones me merecía ser hostigada”, declaró a Amnistía Internacional una candidata que pidió permanecer en el anonimato por miedo a convertirse en objetivo tanto de las fuerzas policiales como de los rebeldes de su distrito.
Desde julio, tres candidatos electorales y por lo menos 15 activistas han muerto, y varios han resultado heridos en atentados fallidos contra su vida. Por lo menos dos candidatos fueron secuestrados y liberados posteriormente.
Los talibanes han reivindicado la responsabilidad de la muerte de los tres candidatos y de muchos de los demás ataques contra candidatos y activistas.
Amnistía Internacional ha instado al gobierno afgano a que garantice la igualdad de acceso a la protección policial para todos los candidatos, basada en una evaluación objetiva de la seguridad y no en el género o la filiación política.
“Los afganos no deberían tener que elegir entre su seguridad y la participación en la vida pública”, ha declarado Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“El gobierno afgano debe tomarse en serio todos los ataques y amenazas contra candidatos, y ordenar investigaciones inmediatas e imparciales sobre estos abusos cuando se cometan. Por su parte, los talibanes deben cesar inmediatamente los ataques contra la población civil, incluidos los dirigidos contra personas implicadas en las elecciones.” Los candidatos electorales han manifestado a Amnistía Internacional que a pesar de las reiteradas peticiones de protección frente a los ataques talibanes, las fuerzas policiales afganas no han respondido a las denuncias de violencia contra los candidatos y ni siquiera las han investigado.
Otra candidata parlamentaria, que también deseaba permanecer en el anonimato, dijo a Amnistía Internacional que hace poco unos pistoleros la habían disparado y herido mientras hacía campaña electoral.
“La policía detuvo a dos personas y averiguó que estaban relacionadas con un jefe local de una provincia del norte. Ambas han sido puestas en libertad ya y estoy muy asustada —dijo—. Pedí protección a la policía, pero no he recibido ninguna.”
La Comisión Electoral Independiente, órgano gubernamental que supervisa los comicios, informó el 5 de septiembre de que por lo menos 938 de los más de 6.800 centros electorales repartidos por todo Afganistán no abrirán debido a motivos de seguridad.
La mayoría de los centros que permanecerán cerrados están en el sur y el este del país, donde los grupos rebeldes ejercen el control sobre grandes zonas.
El 13 de septiembre, la oficina del presidente de Afganistán declaró que las fuerzas de seguridad están totalmente preparadas para garantizar unas elecciones seguras en todo el país.
Sin embargo, según la ONG afgana Fundación de Afganistán por unas Elecciones Libres y Justas (FEFA, por sus siglas en inglés), candidatos de 14 de las 34 provincias han expresado preocupación por las deficiencias en materia de seguridad en los lugares donde se han celebrado actos de la campaña electoral y otros candidatos ha declarado a Amnistía Internacional que no pensaban que las medidas de seguridad mejorasen el día de los comicios.
Los observadores de la FEFA de la provincia oriental de Nangarhar han informado recientemente de grandes diferencias entre la protección que reciben los candidatos a los que favorecen los funcionarios del gobierno local y la que reciben los demás.
“Las fuerzas de seguridad afganas deben garantizar que los votantes y los candidatos tienen suficiente seguridad y protección, basadas en una evaluación objetiva de las necesidades. Todos, incluidas las mujeres, deben poder participar sin miedo a ataques y amenazas”, concluyó Madhu Malhotra.
