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Camerún: Más de 1.000 personas acusadas de apoyar a Boko Haram permanecen recluidas en condiciones terribles

Un soldado camerunés apostado en la frontera con Nigeria, en febrero de 2015. © AFP PHOTO / REINNIER KAZE

Más de 1.000 personas —muchas, detenidas arbitrariamente— permanecen recluidas en condiciones espantosas y decenas de ellas mueren de enfermedades y malnutrición o son torturadas hasta la muerte, en el contexto de la represión del Gobierno y las fuerzas de seguridad de Camerún contra Boko Haram. Así lo ha desvelado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe Right cause, wrong means: Human rights violated and justice denied in Cameroon’s fight against Boko Haramdetalla cómo la ofensiva militar contra Boko Haram ha dado lugar a violaciones generalizadas de los derechos humanos de la población civil en la región del Extremo Norte.

 

 

“Cientos de personas son arrestadas sin que exista una sospecha razonable de la comisión de algún tipo de delito y todas las semanas mueren reclusos en las prisiones masificadas. El Gobierno de Camerún debe actuar con urgencia para cumplir su promesa de respetar los derechos humanos en su lucha contra Boko Haram", ha señalado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

Estas conclusiones se han hecho públicas tan sólo unas semanas después de que un atentado suicida de Boko Haram matara a 11 personas en Djakana, cerca de Limani. Éste es el último acto de terror de una campaña que este año se ha saldado con la muerte de 480 civiles. Aproximadamente la mitad de los 46 atentados suicidas de Boko Haram fueron perpetrados por menores de edad.

Hasta ocho personas mueren a la semana en la prisión de Maroua

Más de 1.000 personas acusadas de apoyar a Boko Haram se hallan actualmente recluidas en prisiones con terribles condiciones de hacinamiento e insalubridad, donde la malnutrición está muy extendida. En la cárcel de Maroua, por ejemplo, mueren al mes entre seis y ocho personas. A pesar de algunos esfuerzos para mejorar el suministro de agua e iniciar la construcción de nuevas celdas, las condiciones en la prisión siguen siendo inhumanas; hay casi 1.500 personas recluidas en un edificio con capacidad para 350. Las visitas de familiares están estrictamente restringidas.

Detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales

Las detenciones efectuadas por las fuerzas de seguridad, a menudo basadas en información escasa o criterios arbitrarios y en ocasiones dirigidas contra grupos enteros, han dado lugar a un aumento significativo de la población reclusa. Por ejemplo, 32 hombres fueron acorralados y detenidos en Kossa en febrero de 2015 por acusaciones de que el pueblo estaba suministrando alimentos a Boko Haram. La mayoría fueron puestos en libertad posteriormente, pero uno de ellos murió bajo custodia.

Con frecuencia, las detenciones también han ido acompañadas de un uso innecesario y excesivo de la fuerza. En noviembre de 2014, miembros de la Brigada de Intervención Rápida (BIR) mataron ilegítimamente a 7 hombres desarmados durante una operación en la localidad de Bornori, arrestaron a otros 15 y en las semanas posteriores regresaron para incendiar casas. Otro ejemplo tuvo lugar en julio de 2015, cuando soldados del ejército regular acorralaron y agredieron a unas 70 personas en Kouyapé.

Personas en régimen de incomunicación, torturadas hasta la muerte

Amnistía Internacional ha documentado 29 casos de personas torturadas por las fuerzas de seguridad entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, entre ellas 6 que murieron posteriormente. La mayoría de los actos de tortura se infligieron a personas recluidas en régimen de incomunicación en centros de detención ilegales ubicados en bases militares gestionadas por la BIR en Salak, cerca de Maroua, y Mora, antes de su traslado a prisiones oficiales. Las víctimas afirmaron haber sido golpeadas durante periodos prolongados con palos, látigos y machetes, a veces hasta perder el conocimiento.

Un hombre de 70 años recluido en Salak contó a Amnistía Internacional que presenció las torturas sufridas por su hijo durante 10 días a manos de hombres vestidos de civil en la base de la BIR, y la muerte a golpes de dos hombres:

“Un hombre vestido con el uniforme de la BIR nos interrogó a todos, uno a uno, en la misma sala. Otros dos hombres vestidos de civil se encargaban de propinar palizas e infligir otro tipo de torturas. Ese día dos presos fueron golpeados tan severamente que murieron frente a nosotros. Los hombres vestidos de civil los patearon, los abofetearon con violencia y los golpearon con palos".

El mismo hombre de 70 años afirmó:

“A mí no me golpearon porque soy viejo, así que me tocó ayudarlos a trasladar los dos cadáveres desde la sala de interrogatorios hasta la celda. Esa noche dormimos junto a dos cadáveres. Al día siguiente, miembros de la BIR nos arrojaron bolsas de plástico, nos ordenaron meter allí los cadáveres y luego volvieron para trasladarlos. No sé dónde los llevaron y ni siquiera si los enterraron".

También se han documentado casos de tortura en la Dirección General de Investigación Externa en Yaundé, entre ellos el del periodista de Radio France Internationale (RFI) Ahmed Abba, al que desnudaron y dieron una paliza tras arrestarlo en julio de 2015.

Amnistía Internacional también ha documentado los casos de 17 personasvíctimas de desaparición forzada, cuyo paradero se desconoce desde su detención, hace casi dos años.

Más de 100 personas condenadas a muerte en juicios militares sin garantías

Si las personas detenidas sospechosas de apoyar a Boko Haram son llevadas a juicio, lo son ante tribunales militares en los que la condena a muerte es con diferencia el resultado más probable. Desde julio de 2015, el tribunal militar de Maroua ha condenado a muerte a más de 100 personas, incluidas mujeres, aunque ninguna de esas personas ha sido ejecutada de momento.

Con frecuencia las personas acusadas son declaradas culpables sobre la base de indicios limitados, que incluyen testimonios de informantes anónimos a los que no se puede contrainterrogar, o pruebas circunstanciales, como que los acusados no puedan explicar por qué ese día no estaban en el pueblo o el extravío de su documento de identidad. Los abogados de oficio están mal pagados, sobrecargados de trabajo y además no disponen de recursos suficientes para ejercer una defensa adecuada.

Amnistía Internacional asistió en abril de 2016, en calidad de observadora, al juicio contra cuatro mujeres a las que se impuso la pena capital únicamente sobre la base de la declaración de un miembro de un comité parapolicial local, después de que éstas regresaran de Nigeria donde habían trabajado como empleadas domésticas. Durante todo el proceso, sólo tuvieron contacto con un abogado en un breve receso del juicio.

“En Camerún, cualquiera puede ser detenido sin un motivo razonable y sufrir deplorables condiciones de reclusión a la espera de juicio, pero además corre el peligro de que un tribunal militar lo declare culpable y lo condene a muerte sobre la base de escasas o nulas pruebas en un juicio manifiestamente injusto,” ha sostenido Alioune Tine.

Legislación antiterrorista draconiana

A la mayoría de las personas acusadas se les imputan cargos contemplados en la ley antiterrorista promulgada en diciembre de 2014. La ley contiene definiciones ambiguas del término “terrorismo” que constituyen una amenaza para la libertad de expresión.

Dicha ley se empleó contra el joven de 27 años Fomusoh Ivo Feh, que fue arrestado por enviar a sus amistades un SMS sarcástico en el que bromeaba sobre la posibilidad de que Boko Haram reclutara jóvenes licenciados. Está siendo juzgado por un tribunal militar en Yaundé y podría ser condenado a muerte.

“El hecho de que a un estudiante se le pueda imponer la pena capital por enviar un mensaje de texto sarcástico pone de manifiesto la existencia de un problema grave en la formulación y el uso de la legislación antiterrorista. Las autoridades deben enmendar la ley para garantizar que ofrece un marco de protección para la población sin despojarla de sus derechos”, ha declarado Alioune Tine.

Amnistía Internacional pide al Gobierno que aplique, con carácter urgente, una serie de medidas para prevenir violaciones de derechos humanos en su lucha contra Boko Haram. Tales medidas incluyen poner fin a las detenciones arbitrarias masivas; llevar directamente a las personas sospechosas a centros de detención oficiales; erradicar la tortura; garantizar que las personas detenidas tengan acceso a sus familias y abogados; crear un registro central de personas detenidas; mejorar las condiciones penitenciarias; reformar la legislación antiterrorista e investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.

INFORMACIÓN GENERAL:

Entre octubre de 2015 y julio de 2016, Amnistía Internacional ha entrevistado a más de 200 personas en la región del Extremo Norte de Camerún, ha documentado incidentes en los que cientos de personas resultaron detenidas, visitado prisiones, asistido a juicios en calidad de observadora y recabado información detallada sobre 82 casos individuales de violaciones de derechos humanos por parte las autoridades y de las fuerzas de seguridad camerunesas. La organización también ha analizado imágenes de satélite de una localidad cuyas casa fueron incendiadas por las fuerzas de seguridad. Las principales conclusiones del informe se remitieron por escrito a las autoridades el 7 de mayo de 2016, pero no ha habido respuesta.

Los abusos contra los derechos humanos cometidos por Boko Haram han provocado que más de 170.000 personas camerunesas —en su mayoría mujeres y niños— hayan huido de sus hogares y estén internamente desplazadas por toda la región del Extremo Norte. Camerún acoge también a más de 65.000 personas refugiadas que han huido de los ataques de grupos armados en Nigeria.