Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

Buena acogida de la investigación sobre abusos contra los derechos humanos

Al menos 500 personas han sido detenidas en Bahréin desde el comienzo de las protestas en favor de reformas. © Al Jazeera English

La comisión independiente creada por el monarca de Bahréin para investigar presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos durante las últimas protestas en el país supone un importante avance, pero debe servir para hacer justicia a las víctimas, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La comisión de investigación de cinco miembros está constituída por personas de independencia, integridad y experiencia reconocidas internacionalmente. Se espera que presenten en octubre el informe con sus conclusiones.

La comisión  estará presidida por el profesor Cherif Bassiouni, que ha estado a cargo de las investigaciones de la ONU sobre presuntos crímenes de guerra en Bosnia y Libia. Los cuatro miembros restantes son Sir Nigel Rodley, ex empleado de Amnistía Internacional, ex relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y miembro en la actualidad del Comité de Derechos Humanos de la ONU; el magistrado Philippe Kirsch, ex juez de la Corte Penal Internacional; el Dr. Mahnoush Arsanjani, ex asesor jurídico de la ONU, y la Dra. Badria al Awadhi, experta en derecho internacional y ley islámica (sharia) en la Freedom House Foundation en Washington, D.C.

No cabe la menor duda de que se trata de una impresionante selección de expertos internacionales independientes”, ha declarado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Además, los términos del decreto real dejan claro que tendrán la postestad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas presuntamente por las fuerzas del gobierno cuando sofocaron las protestas celebradas en febrero y marzo y posteriormente.

Según el real decreto dictado por el monarca Hamad bin Isa Al Khalifa, la investigación Bassiouni tendrá acceso a funcionarios y documentos oficiales. Los integrantes de la comisión podrá entrevistar de manera confidencial a presuntas víctimas de tortura y otras personas, así como formular recomendaciones sobre medidas adicionales que el rey y las autoridades de Bahréin podrían adoptar.

El nombramiento de esta comisión parece ser nada menos que un cambio radical en Bahréin”, ha señalado Malcolm Smart. “Hasta ahora, el gobierno ha fracasado estrepitosamente al tratar de controlar a las fuerzas de seguridad, investigar denuncias de tortura y garantizar la rendición de cuentas, mientras recurre a tribunales militares especiales para procesar a quienes lo critican. Parece que las cosas están cambiando, y ya iba siendo hora.

Sin embargo, debe servir también para garantizar rendición de cuentas, justicia y reparaciones a todas las personas cuyos derechos han sido vulnerados. Que el gobierno haga todo lo posible para que así sea será la prueba de fuego”, ha añadido.

En otra medida histórica, el monarca también anunció que todos los juicios relacionados con las protestas de febrero y marzo que se están celebrando ante tribunales militares se trasladarán a tribunales civiles. Además, los casos de personas que ya hayan sido condenadas serán revisados por los tribunales civiles.

Se trata también de una medida muy positiva, si bien llega tarde. No se debe juzgar nunca a civiles ante tribunales militares, y si esto significa ahora el fin del Tribunal de Seguridad Nacional, tanto mejor para Bahréin”, ha dicho Malcolm Smart. “Este tribunal ha hecho de la justicia una farsa y supone una afrenta a la afirmación de las autoridades de Bahréin de que respetan el Estado de derecho. Nadie lo echará de menos.

Se debe poner en libertad de inmediato a todas las personas que pueden ser juzgadas o condenadas únicamente por ejercer su derecho legítimo a la libertad de expresión”, ha manifestado Malcolm Smart.

Al menos 500 personas han sido detenidas en Bahréin desde el comienzo de las protestas en favor de reformas en el mes de febrero, y cuatro han muerto bajo custodia en extrañas circunstancias. Casi 2.000 personas han sido despedidas o expulsadas de sus puestos de trabajo.