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Azerbaiyán organiza los Juegos Europeos en un contexto de represión incesante y generalizada

Cuatro policías sujetan a un activista político durante una protesta en Bakú, Azerbaiyán, marzo de 2011 © AI

Amenazas, agresiones y cárcel para quienes critican al gobierno son las señas de identidad del régimen azerbaiyano cuando el país se prepara para albergar los primeros Juegos Europeos; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy, cuando faltan 100 días para la ceremonia inaugural.

En Guilty of Defending Rights: Azerbaijan’s human rights defenders and activists behind bars se pone de relieve la persecución creciente de críticos del gobierno, que son detenidos por cargos falsos, golpeados, amenazados y privados de asistencia letrada y atención médica urgente.

“Nadie debería dejarse embaucar por los brillos y oropeles del espectáculo internacional que está organizando Azerbaiyán para proyectar una imagen internacional inmaculada y atraer inversión extranjera. Sus autoridades están entre las más represivas de Europa y sin duda estarían en el podio de los ganadores si se concedieran medallas por el número de activistas y defensores de los derechos humanos encarcelados”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.  

Al menos 22 presos de conciencia se consumen actualmente en prisión o bajo custodia en espera de juicio en Azerbaiyán tras la presentación de cargos falsos que van desde el fraude y la malversación de fondos hasta el abuso de drogas e incluso la traición.

En junio de 2014, en su discurso ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el presidente Aliyev afirmó que la libertad de expresión, de asociación y de reunión estaban garantizadas en Azerbaiyán.

Sin embargo, destacados defensores de los derechos humanos hablaron de una realidad diferente, ofreciendo detalles sobre más de 90 casos de hostigamiento, intimidación, detención arbitraria y cargos de motivación política contra defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas que se han atrevido a criticar al gobierno azerbaiyano. La reacción de las autoridades no se hizo esperar: en cuestión de semanas, todos los que habían prestado declaración ante la Asamblea Parlamentaria fueron detenidos, uno tras otro.

“Estas últimas detenciones han paralizado en la práctica a la sociedad civil y amordazado la libertad de expresión y marcan la peor etapa de la trayectoria del país en materia de derechos humanos desde que proclamó su independencia”, ha afirmado John Dalhuisen.

Leyla Yunus, defensora de los derechos humanos de 60 años y una de las más destacadas e influyentes críticas del gobierno, fue detenida en julio de 2014, a los pocos días de hacer un llamamiento al boicot de los Juegos Europeos como medida de protesta por el atroz historial de derechos humanos del régimen.  

Leyla Yunus contó a su abogado que un guardia la había arrastrado desde su celda hasta una sala vacía donde la habían arrojado al suelo y le habían dado patadas. En otra ocasión, un grupo de hombres le habían hecho gestos amenazadores de carácter sexual. Ha pasado los últimos seis meses en prisión en espera de juicio, donde las duras condiciones han agravado sus problemas de salud. Sufre diabetes y hepatitis C.

Leyla Yunus fue acusada de traición, actividad empresarial ilícita, evasión fiscal, abuso de autoridad, fraude y falsificación. Estos cargos, falsos y basados en motivos políticos, fueron el resultado de la nueva normativa aprobada por el gobierno para poder cerrar sedes de ONG arbitrariamente y encarcelar a sus dirigentes.

 

Campaña represiva de periodistas

Las autoridades han intensificado su campaña represiva contra periodistas que critican al gobierno. Khadija Ismayilova, galardonada periodista de investigación, fue detenida el 5 de diciembre de 2014 por el cargo inverosímil de incitar al suicidio a un ex compañero.

Khadija había publicado una lista de presos políticos y además estaba investigando denuncias que vinculaban a la familia del presidente Aliyev con un lucrativo proyecto de construcción en Bakú.  Anteriormente había sido amenazada de manera anónima con la publicación de unas fotografías íntimas de ella –que presuntamente habían tomado agentes del gobierno a escondidas en su casa– si no renunciaba a su trabajo.

 

Cargos falsos contra activistas juveniles por drogas y vandalismo

Las autoridades persiguen también a los activistas juveniles que destacan y ejercen la crítica, acusándolos de delitos relacionados con drogas o de vandalismo. Las acusaciones utilizadas para proceder a su detención son muy cuestionables, y el interrogatorio de la policía gira en torno a sus ideas políticas.

El conocido bloguero Faraj Karimov aseguró que la policía lo había golpeado para obligarlo a admitir delitos relacionados con drogas. Lo amenazaron diciéndole que, si no firmaba una “confesión”, la policía causaría “problemas a sus padres” colocando armas en su casa.

La violencia también es práctica común bajo custodia. Orkhan Eyyubzade, activista en favor de la democracia de 19 años que estaba cumpliendo 20 días de detención administrativa por participar en una concentración pacífica “no autorizada”, sufrió una brutal agresión a manos de dos agentes de policía. Contó a su abogado que la policía lo había obligado a tenderse boca abajo, le había esposado las manos a la espalda, desgarrado la ropa interior, propinado patadas y puñetazos y amenazado con violarlo con una botella. No se ha llevado a cabo una investigación eficaz sobre estas denuncias. En cambio, él mismo fue acusado de agresión a agentes de policía y condenado a dos años de prisión.

“Con la mirada puesta en los petrodólares de Azerbaiyán, la comunidad internacional ha guardado un llamativo silencio sobre las violaciones de derechos humanos y las represivas tácticas del país. Es una actitud tremendamente corta de miras que hace un flaco servicio a las personas que actualmente se consumen entre rejas”, ha dicho John Dalhuisen.

Amnistía Internacional solicita a las autoridades azerbaiyanas que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los presos de conciencia y que investiguen exhaustiva e imparcialmente todas las denuncias de malos tratos infligidos por agentes estatales y no estatales. Además, la organización les pide que dejen de amenazar a personas y de presentar cargos en su contra por ejercer su libertad de expresión y asociación.

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