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Aumentan las protestas por las continuas desapariciones forzadas

Londres.- A pesar del aumento de las protestas en Pakistán contra la práctica de las desapariciones forzadas, el gobierno no ha reconocido aún su responsabilidad en los centenares de casos que se conocen de personas recluidas arbitrariamente en lugares secretos. Al mismo tiempo, continúan apareciendo informes de desapariciones forzadas.

 

Con motivo de una semana de manifestaciones contra las desapariciones forzadas organizada por la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Amnistía Internacional ha publicado una actualización de su informe de septiembre en la que se dan a conocer nuevos casos y se describe cómo los familiares de las personas desaparecidas han comenzado a organizarse para formar grupos de protesta.

 

"El gobierno paquistaní debe ocuparse de esta cuestión con la seriedad y urgencia que se merece –ha manifestado Angelika Pathak, investigadora de Amnistía Internacional para el sur de Asia–. No estamos hablando sólo de la suerte de los centenares de personas desaparecidas, sino también de los devastadores efectos de la desaparición en sus familias. La situación entraña violaciones del derecho internacional.”

 

El presidente Pervez Musharraf hizo caso omiso del informe de septiembre y se negó a responder cuando un periodista de la BBC le preguntó por él. Otras autoridades del gobierno han mostrado la misma actitud. El ministro de Asuntos Exteriores, Riaz Mohammed Khan, dijo a unos delegados de Amnistía Internacional que los procedimientos legales eran demasiado largos para seguirlos en Pakistán en un contexto político en el que se necesitaban resultados rápidos.

 

"La política, la economía, la seguridad, todo esto se ha puesto de una u otra forma como excusa para explicar por qué tiene el gobierno que infringir el derecho internacional. Pero no hay excusa alguna para violar los derechos humanos, porque los derechos humanos son la base, el punto de partida de la política y la seguridad", ha afirmado Angelika Pathak.

 

El día en que Amnistía Internacional publicó su informe, 29 de septiembre, Abdur Rahim Muslim Dost, director de una revista, fue detenido a la salida de una mezquita en Peshawar. Se ignoran todavía su suerte y su paradero. Acababa de publicar un libro en que explicaba cómo había sido detenido por el ejército paquistaní en 2001, puesto bajo custodia de Estados Unidos y recluido en Guantánamo. Contaba también la tortura que había sufrido bajo custodia paquistaní y estadounidense.

 

Los familiares de las personas desaparecidas siguieron sufriendo hostigamiento incluso cuando, a principios de octubre, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán y Amnistía Internacional congregaron a parlamentarios, abogados y ONG en un taller organizado en Islamabad. El día del taller, por la mañana, agentes de los servicios de inteligencia dieron el alto al menos a un miembro de la familia de una persona desparecida y le preguntaron que por qué asistía a él.

 

Abid Raza Zaidi, investigador de la Universidad de Karachi, fue detenido por agentes de los servicios de inteligencia militar tras dar una charla en el taller. Ha contado que lo llevaron a Red Fort, en Lahore, y lo amenazaron con que iba a sufrir terribles consecuencias si volvía a hablar públicamente de su experiencia. En la charla había explicado que había estado más de tres meses recluido sin cargos y que lo habían golpeado para obligarlo a confesar su participación en un atentado suicida con explosivos cometido en Nishtar Park en abril de 2006. Abid Raza Zaidi quedó en libertad sin cargos al cabo de 24 horas gracias a la mediación de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.

 

En las últimas semanas han aparecido varias personas víctimas de desaparición forzada tras haber pasado más de dos años, por término medio, recluidas arbitrariamente en lugares secretos. A toda ellas se les ha advertido que no hablen en público de su experiencia y su detención.

"Por supuesto, el gobierno paquistaní tiene el deber de proteger a sus ciudadanos de las amenazas a la seguridad, pero, al mismo tiempo, debe cumplir el derecho internacional y la legislación nacional al hacerlo –ha manifestado Angelika Pathak–. Toda persona sospechosa de terrorismo debe ser acusada formalmente, tener acceso un abogado y a su familia y ser sometida a un juicio justo.”

 

"Para impedir que nadie más sea víctima de desaparición forzada, el gobierno debe crear un registro central de detenidos y publicar periódicamente listas de todos los centros reconocidos de detención."