Aumenta la represión de las autoridades sobre los uigures

Londres.- Después de dos años de disturbios y detenciones generalizadas en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, Amnistía Internacional llama la atención sobre el hecho de que las autoridades chinas siguen silenciando a quienes denuncian los abusos cometidos en el momento de la detención y con posterioridad.

Cientos de personas fueron detenidas y procesadas tras los disturbios: muchas fueron condenadas a largas penas de prisión y a varias decenas las condenaron a muerte o ejecutaron.

Se ha encarcelado a gestores de sitios web uigures muy conocidos y a periodistas por su implicación en la publicación de mensajes que anunciaban las protestas, o por hablar con medios de comunicación extranjeros.

Ershidin Israil, solicitante de asilo uigur, fue recientemente devuelto a China de Kazajistán, según informes debido a la presión ejercida por las autoridades chinas. Había ofrecido una entrevista hacía poco tiempo en Radio Free Asia en relación con un joven uigur presuntamente sometido a tortura y muerte bajo custodia tras las protestas.

“El gobierno no sólo sigue amordazando a quienes denuncian los hechos de julio de 2009, sino que utiliza su influencia más allá de sus fronteras para silenciarlos” manifestó Sam Zarifi, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.   

“La tendencia general a la represión que vemos en todo China es especialmente pronunciada en Sin-Kiang, donde la población uigur se ha convertido en minoritaria en su propio lugar de origen.”

El 5 de julio de 2009 se desató una protesta en la capital de la región, Urumqi, contra la aparente pasividad del gobierno chino ante la muerte de un operario uigur de una fábrica en el sur de China, que desembocó en enfrentamientos de carácter étnico cuando la policía empleó la violencia contra los manifestantes.

Tras los disturbios se recibieron numerosos informes sobre desapariciones forzadas y tortura bajo custodia.  El gobierno sigue deteniendo a quienes dan a conocer abusos contra los derechos humanos cometidos durante las protestas y posteriormente.

Según informes, decenas de personas han sido objeto de detención y malos tratos en relación con el hecho de que la presunta muerte bajo custodia se diera a conocer en Radio Free Asia.

“Atacar a cada uigur que hable libremente no es manera de resolver los agravios subyacentes que dieron lugar a las protestas de 2009 –manifestó Sam Zarifi–.   “El gobierno chino debe escuchar las quejas de la comunidad uigur y abordar sus reivindicaciones para que se respeten sus derechos y se proteja su cultura.”

Memetjan Abdulla, destacado locutor de la radio estatal, cumple una pena de cadena perpetua por publicar el anuncio de una protesta en el sitio web uigur Salkin.  Tursanjan Hezim y Dilshat Paerhat, ex directores de dos sitios web uigures muy conocidos que, según informes, publicaron noticias sobre las protestas, cumplen actualmente siete y cinco años de cárcel, respectivamente.

Hairat Niyaz, periodista uigur que dirigía un sitio web y a quien anteriormente se consideraba progubernamental, cumple 15 años de cárcel por “poner en peligro la seguridad del Estado” en relación con artículos que había publicado y entrevistas que había concedido a periodistas de Hong Kong tras las protestas de julio de 2009.   

Las autoridades chinas, sin aportar pruebas, acusaron a agitadores en el extranjero de planificar, dirigir e instigar los disturbios de julio de 2009.  Según datos oficiales, 197 personas murieron durante los actos de violencia, la inmensa mayoría pertenecientes a la etnia china han.   

Los relatos de testigos presenciales incluidos en el informe presentado por Amnistía Internacional en 2010 ‘Justice, justice’: The July 2009 protests in Xinjiang, China arrojan dudas sobre la versión oficial de los hechos y apuntan al uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes uigures, incluidas palizas, uso de gas lacrimógeno y fuego directo contra la multitud.