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Aumenta el temor por los docentes recluidos tras las protestas

La profesora bahreiní Jalila al Salman fue presuntamente torturada bajo custodia. © Particular

Londres.- Las autoridades de Bahréin deben dejar en libertad de inmediato a dos docentes recluidos desde que lideraran una huelga en marzo si se los mantiene recluidos únicamente por su participación en protestas pacíficas, ha declarado hoy Amnistía Internacional ante las denuncias de que uno de ellos ha sido torturado.

Jalila al Salman y Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb formaban parte de un grupo de miembros de la junta directiva de la Asociación de Profesores de Bahréin (BTA) detenidos en Manama después de que la asociación convocase en marzo una huelga de docentes en medio de las protestas generalizadas para pedir reformas.

Sus compañeros ya están en libertad, pero estas dos personas —ex presidente y ex vicepresidenta del grupo— siguen esperando a que los juzguen por cargos entre los que figuran el de “incitar al odio contra el régimen” y “pedir el derrocamiento y cambio de régimen por la fuerza”.

“Ninguna de las declaraciones formuladas en relación con la huelga de docentes propugnaba algún tipo de violencia. Si se mantiene recluidos a estos docentes únicamente por liderar una manifestación pacífica, deben ser puestos en libertad de inmediato”, ha declarado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Nos preocupan enormemente los informes que indican que golpearon a Jalila al Salman mientras estaba detenida; las autoridades de Bahréin deben abrir de inmediato una investigación completa, imparcial e independiente sobre estas denuncias y poner a los responsables a disposición judicial.”

A raíz de los disturbios que tuvieron lugar en Bahréin en febrero y marzo, el ministro de Derechos Humanos y Desarrollo Social disolvió la junta directiva de la BTA y sustituyó a sus miembros por personas designadas por el gobierno.

El 29 de marzo más de 40 agentes de seguridad efectuaron una redada en la vivienda de Jalila al Salman en Manama. Según los informes, al principio la llevaron a la Dirección de Investigaciones Penales, donde la mantuvieron recluida en régimen de aislamiento y le propinaron palizas durante una semana.

Después la trasladaron a un centro de detención en Issa Town, al sur de la capital, donde continúa recluida. Sus familiares tuvieron noticia de su paradero dos meses después de su detención, pero sólo les han permitido visitarla en dos ocasiones, bajo una estricta vigilancia.

Tanto Jalila al Salman como Mahdi Issa Mahdi Abu Dheeb comparecieron en diversas ocasiones en junio ante un tribunal militar antes de que su caso fuese transferido a un tribunal civil y pospuesto hasta nuevo aviso.

Según organizaciones de derechos humanos locales, muchos docentes y miembros de la BTA fueron detenidos, acosados y torturados o sometidos a otros malos tratos por su participación en protestas este año.

Cientos de personas de todos los sectores de la sociedad bahreiní han sido detenidas desde mediados de marzo, cuando las autoridades reprimieron las protestas para pedir reformas. Decenas de personas detenidas, entre las que había profesionales de la medicina y destacados activistas de la oposición, fueron juzgadas ante tribunales militares por liderar las protestas y, en algunos casos, por pedir un cambio de gobierno.

Roula al Saffar, directora de la Sociedad de Enfermería de Bahréin, lleva ya más de 100 días recluida y es la única mujer, aparte de Jalila al Salman, que sigue recluida en relación con las protestas. Forma parte de un grupo de profesionales de la salud acusados de cometer delitos graves durante las protestas, entre otros robar medicamentos, hacer acopio de armas y ofrecer declaraciones contrarias al gobierno a medios de comunicación —acusaciones que niegan enérgicamente—.

“Las autoridades de Bahréin deben dejar en libertad a todas las personas que siguen recluidas únicamente por ejercer su derecho legítimo a la libertad de expresión durante las protestas celebradas este año —ha manifestado Malcolm Smart—. Toda persona acusada formalmente de un delito común reconocible internacionalmente debe ser juzgada de inmediato con las debidas garantías ante un tribunal civil y sin recurrir a la pena de muerte.”