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Argelia: Aplicación generalizada de criterios raciales para expulsar a más de 2.000 migrantes subsaharianos

FAROUK BATICHE/AFP/Getty Images

Las autoridades argelinas han puesto en marcha una campaña de represión discriminatoria contra nacionales extranjeros, en la que más de 2.000 personas migrantes del África subsahariana procedentes de una diversidad de países han sido detenidas y expulsadas a los vecinos Níger y Malí en las últimas tres semanas; así lo ha afirmado Amnistía Internacional. Entre los expulsados hay más de 300 menores de edad, de los que al menos 25 son menores no acompañados.

La nueva ola de detenciones comenzó el 22 de septiembre, cuando policías y gendarmes argelinos comenzaron a detener arbitrariamente a personas migrantes en la capital, Argel, y en barrios periféricos. La investigación de Amnistía Internacional indica que practicaron las detenciones basándose en criterios raciales, ya que no intentaron determinar si los migrantes tenían derecho de estancia en el país, comprobando sus pasaportes u otra documentación. Algunas de las personas detenidas y expulsadas eran migrantes sin documentación, mientras que otras tenían visados en regla.

No cabe ninguna justificación para detener y expulsar a cientos de personas basándose en el color de su piel o en su supuesto país de origen; es un caso evidente de aplicación generalizada de criterios raciales”, ha afirmado Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

“Esto, sumado a las escalofriantes dimensiones que han alcanzado las detenciones arbitrarias y las expulsiones colectivas sumarias en las últimas semanas, pone de manifiesto la actitud profundamente discriminatoria de las autoridades argelinas hacia la población migrante procedente del África subsahariana. Deben parar de inmediato estas detenciones y expulsiones ilegítimas.”

Esta última oleada de detenciones y expulsiones colectivas tiene lugar sólo unas semanas después de la devolución a Níger de más de 1.000 personas, mayoritariamente de nacionalidad nigerina, en agosto de 2017. Asimismo se llevaron a cabo detenciones en las primeras semanas de septiembre. En julio, el ministro de Asuntos Exteriores argelino había afirmado que las redes de delincuencia organizada estaban detrás de la afluencia masiva de migrantes a Argelia, mientras que el jefe de gabinete de la Presidencia de la República se refirió a los migrantes presentes en el país como fuente de delincuencia y tráfico ilegal, de drogas y de otra índole.

Mientras, en el ámbito de la opinión pública, el número de comentarios xenófobos por parte de usuarios de redes sociales que culpan a los migrantes de propagar el VIH y quitar puestos de trabajo a argelinos ha crecido de forma alarmante. En septiembre, el Ministerio de Transporte argelino emitió una orden que prohibía usar el transporte público a migrantes indocumentados, aunque posteriormente la retiró.

Las autoridades argelinas no han justificado en modo alguno las últimas detenciones pero, el 20 de octubre, el Ministerio de Justicia argelino declaró que Argelia “no ha cerrado sus puertas a los extranjeros migrantes” pero trabaja “para proteger las fronteras y garantizar la seguridad del país”.

Según las normas internacionales, ninguna persona debe ser expulsada de un país sin tener una oportunidad justa de impugnar su expulsión. Además, ninguna persona debe ser objeto de devolución a un país donde correría un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

“En lugar de pisotear los derechos de las personas migrantes y llevar a cabo expulsiones colectivas, las autoridades argelinas deberían tratar de combatir la discriminación racial y el discurso de odio contra los africanos subsaharianos y reformar la legislación que regula los derechos de estancia en el país de los trabajadores migrantes”, ha afirmado Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

Desde el 22 de septiembre, unas 15 personas refugiadas y solicitantes de asilo que estaban entre los detenidos por la policía han quedado en libertad gracias a la intervención del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

Expulsiones colectivas
Amnistía Internacional ha examinado material videográfico y ha recabado relatos de testigos para hacerse una idea de lo sucedido a las personas detenidas y expulsadas. Además entrevistó a algunos migrantes tras su detención y expulsión, así como a personal de varias organizaciones humanitarias locales e internacionales presentes en Argelia, Níger y Malí, quienes contaron a la organización que les habían confiscado el pasaporte, golpeado en el momento de la detención o bajo custodia y negado asistencia médica.

Según varias personas que hablaron con Amnistía Internacional, varios cientos de personas detenidas el 22 de septiembre permanecían bajo custodia de la gendarmería argelina en un campo dirigido por la Media Luna Roja argelina en Zeralda, zona residencial situada a 30 kilómetros del centro de Argel, viviendo en precarias condiciones. Los migrantes contaron a la organización que habían tenido que dormir en el suelo sin colchones ni mantas durante dos noches, y que les daban pan con margarina pero no agua. Tampoco les permitían hablar con sus representantes consulares.

El 22 de septiembre llegaron más de 600 migrantes a Agadez (Níger), según el Comité Internacional de Rescate en Níger. Incluían nacionales de Níger, Guinea, Burkina Faso y Benín, y entre ellos había más de 100 mujeres y 200 menores de edad.

Seis días más tarde, el 28 de septiembre, más de 350 de los migrantes detenidos fueron trasladados de noche en autobús a un campo dirigido por la gendarmería argelina en Tamanrasset, ciudad del sur del país Posteriormente fueron llevados en camiones hasta Guezzam, localidad próxima a la frontera con Níger, y abandonados por las fuerzas de seguridad argelinas en el lado nigerino de la frontera, en la ciudad norteña de Assamaka. Las autoridades de Níger, con la cooperación de organizaciones humanitarias internacionales, trasladaron a estas personas hasta Agadez, en el centro del país.

A fecha de 30 de septiembre habían llegado a Assamaka unas 357 personas expulsadas de Argelia, según la Organización Internacional para las Migraciones en Níger. Entre ellas había nacionales de Guinea, Malí, Costa de Marfil, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Níger, Liberia, Camerún y Sierra Leona.

En una segunda ola de detenciones practicadas en Argel el 2 de octubre fueron detenidos más de 500 migrantes, en su mayoría obreros de la construcción. Tras permanecer tres días bajo custodia en Zeralda, fueron trasladados a Tamanrasset y posteriormente abandonados en la frontera, en Guezzam, según contó un testigo a Amnistía Internacional. A continuación, al menos 100 fueron obligados a cruzar la frontera y a caminar durante seis horas por el desierto para llegar a Assamaka, mientras que otros fueron abandonados por las autoridades argelinas en el lado nigerino de la frontera.

Las detenciones y expulsiones han continuado en las dos últimas semanas en Argel y en Blida, con el traslado de otros 500 migrantes a Tamanrasset el 13 de octubre, según periodistas locales. Más de 200 personas llegaron a Níger el 15 de octubre, más de 300 el 18 de octubre —entre ellas más de 90 menores, algunos no acompañados— y 450 el 22 de octubre, según el Comité Internacional de Rescate (IRC) en Níger. Según ha contado IRC a Amnistía Internacional, está previsto que llegue un nuevo convoy con 500 migrantes a Agadez el 25 de octubre.

Al menos dos personas han solicitado asilo en Níger después de las últimas expulsiones, según el ACNUR en Níger. Fuentes locales contaron a Amnistía Internacional que las detenciones han continuado y que varios cientos de personas continúan recluidas en el campo de Zeralda, en Argel, y en Tamanrasset en espera de su expulsión.

Organizaciones de la sociedad civil de Malí han contado a Amnistía Internacional que las autoridades argelinas también han expulsado migrantes a Malí, concretamente por el paso fronterizo situado junto al pueblo maliense de Khalil, al sureste de la localidad argelina de Bordj Badji Mokhtar. Sin embargo, no podían facilitar el número total de personas expulsadas a Malí. Las organizaciones malienses afirman que en las dos últimas semanas han recibido al menos a un centenar de personas de diferentes nacionalidades, entre las que hay menores de edad. Algunas sufrían deshidratación a su llegada.

Información complementaria
Argelia es Estado parte en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que prohíbe la expulsión colectiva de trabajadores migratorios con independencia de su *condición y establece que cada caso de expulsión debe examinarse de manera individual. Asimismo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (o Carta de Banjul), ratificada por Argelia, prohíbe la expulsión colectiva de no nacionales.

No es la primera vez que Argelia lleva a cabo expulsiones colectivas sin respetar el debido proceso. En diciembre de 2016, más de 1.400 migrantes subsaharianos fueron detenidos y al menos varios cientos fueron expulsados a Níger, según Human Rights Watch. Según representantes del ACNUR en Níger, existían informes de que entre los expulsados había al menos siete solicitantes de asilo procedentes de la República Democrática del Congo. Las autoridades argelinas intentaron justificar estas expulsiones afirmando que se habían llevado a cabo en el marco del acuerdo bilateral de cooperación con el gobierno de Níger firmado en 2014. Desde ese año, Argelia ha repatriado a más de 18.000 nacionales nigerinos, según la Organización Internacional para las Migraciones.

Llevar a cabo expulsiones colectivas sin el debido proceso contraviene tanto las normas internacionales como la Ley 08-11 de 2008 de Argelia.

A pesar de ser parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, Argelia continúa sin tener legislación relativa al asilo, y no ofrece protección adecuada a las personas refugiadas y solicitantes registradas ante el ACNUR en el país. A pesar del gran número de trabajadores migrantes en el país, Argelia tampoco tiene un marco jurídico diferenciado para este colectivo, y la Ley 08-11 de 2008 trata la migración irregular como delito punible con hasta cinco años de prisión.

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