Aumenta el temor de que en breve sean ejecutados en Arabia Saudí Ali Mohammed Baqir al-Nimr y otros dos jóvenes activistas chiíes, detenidos cuando eran menores de edad tras haber participado en concentraciones en contra del gobierno. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al saber que los jóvenes han sido recluidos en régimen de aislamiento. La organización ha podido confirmar que Ali al-Nimr, Dawood Hussein al-Marhoon y Abdullah Hasan al-Zaher fueron recluidos en régimen de aislamiento en la prisión de Al Hair de Riad el 5 de octubre. Los tres fueron detenidos en distintos momentos en 2012, cuando tenían todos menos de 18 años, y condenados a muerte en 2014. El tribunal de apelaciones y el Tribunal Supremo de Arabia Saudí han confirmado sus condenas a muerte este año. La noticia, publicada por medios de comunicación afines al gobierno, de que Ali al-Nimr podría ser crucificado tras su decapitación ha provocado indignación en todo el mundo. El 14 de octubre, su madre apeló al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que intercediera por él. “La pena de muerte es cruel, inhumana y degradante y no hay pruebas convincentes de que sirva especialmente para disuadir de cometer delitos. Su uso contra personas que eran menores de 18 años en el momento de su presunto delito constituye una violación flagrante del derecho internacional”, ha señalado James Lynch, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “El hecho de que los tres jóvenes afirmen que fueron torturados y que se les negó el acceso a un abogado durante sus interrogatorios convierte también en grave motivo de preocupación los procedimientos judiciales seguidos contra ellos. Está meridianamente claro que no se parecieron en nada a un juicio justo.” Ali al-Nimr fue detenido en febrero de 2012, cuando tenía 17 años, y quedó recluido en un centro de rehabilitación de menores hasta su traslado a una prisión para adultos. El Tribunal Penal Especial de Yidda, que conoce de delitos contra la seguridad y de terrorismo, lo condenó a muerte en mayo de 2014 por 12 delitos, entre ellos los de participar en manifestaciones contra el gobierno, atacar a las fuerzas de seguridad, estar en posesión de una ametralladora y perpetrar un robo a mano armada. Ali al-Nimr ha dicho que hizo sus “confesiones” bajo tortura, pero el tribunal se ha negado a ordenar una investigación sobre ello. Dawood Hussein al-Marhoon y Abdullah Hasan al-Zaher fueron detenidos el 22 de mayo y el 3 de marzo de 2012, cuando tenían 17 y 16 años, respectivamente. El Tribunal Penal Especial de Riad los condenó a muerte en octubre de 2014 por cargos similares, entre ellos participar en las protestas contra el gobierno, perpetrar un robo a mano armada y “participar en el homicidio de agentes de policía fabricando y utilizando cócteles molotov para atacarlos”. También afirmaron haber sido torturados y obligados a “confesar”. “El historial saudí de condenas de muerte impuestas tras procedimientos judiciales llenos de irregularidades es absolutamente vergonzoso. Es habitual aplicar de manera arbitraria la pena de muerte tras juicios manifiestamente injustos”, ha explicado James Lynch. “En este caso esto se ve agravado además por la imposición de la pena de muerte a personas que eran menores de edad en el momento de los presuntos delitos, lo que constituye un violación atroz del derecho internacional. Resulta absolutamente indignante que los tribunales no tuvieran para nada en cuenta la tortura a que los tres activistas afirmaban haber sido sometido para hacerlos “confesar” y los condenaran sin más a muerte. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que es vinculante jurídicamente para Arabia Saudí, establece claramente que no puede imponerse la pena de muerte por delitos cometidos por menores de 18 años. Arabia Saudí es uno de los verdugos más activos del mundo. Ha ejecutado a 137 personas en lo que va de año, cuando en 2014 la cifra total fue de 90. La pena de muerte se impone a menudo en juicios injustos, incluso a personas menores de edad en el momento del presunto delito o con discapacidad mental, como ha documentado Amnistía Internacional en un informe reciente. Ali al-Nimr es sobrino de Sheikh Nimr Baqir al-Nimr, destacado clérigo chií del este de Arabia Saudí, condenado a muerte en octubre de 2014. La tensión entre las autoridades saudíes y la minoría chií del país ha ido en aumento desde 2011, cuando, animada en parte por las protestas populares de todo Oriente Medio y el norte de África, parte de la ciudadanía de la Provincia Oriental, que es predominantemente chií, intensificó las demandas de reforma.
Información complementaria
Desde 2012, las autoridades saudíes someten a persecución a los defensores de los derechos humanos y los disidentes con total impunidad, valiéndose de los tribunales y de medios extrajudiciales como prohibirles arbitrariamente viajar. En febrero de 2014, las autoridades promulgaron una nueva ley antiterrorista, que desde entonces ha venido utilizándose contra defensores de los derechos humanos y activistas para imponerles largas condenas de prisión e incluso de muerte. Las mayoría de los juicios de estos activistas han tenido lugar ante el Tribunal Penal Especial, cuya competencia es imprecisa y cuyos procedimientos están rodeados de secreto. Además de los activistas chiíes anteriormente mencionados, el Tribunal Penal Especial ha condenado también al defensor de los derechos humanos y abogado Waleed Abu al-Khair en aplicación de la nueva ley antiterrorista. Asimismo, recientemente, el 13 de octubre, ha condenado a nueve años de prisión a Abdulrahman al-Hamed, uno de los miembros fundadores de la organización independiente de derechos humanos Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos.
