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Arabia Saudí: Con las 151 ejecuciones de este año se alcanza la cifra más alta en casi dos decenios

Acto de Amnistía Internacional contra la pena de muerte. © AI

En 2015, al menos 151 personas han sido ejecutadas hasta la fecha en Arabia Saudí –la cifra más elevada registrada desde 1995– en una inusitada oleada de ejecuciones que marca un nuevo hito funesto en el uso de la pena capital por parte de las autoridades saudíes; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

En lo que va de año se ha ejecutado a una persona cada dos días por término medio. El número de ejecuciones anuales en Arabia Saudí en años recientes rara vez ha excedido de 90. La ejecución más reciente se llevó a cabo el 9 de noviembre.

Según la documentación de Amnistía Internacional, la última vez que Arabia Saudí ejecutó a más de 150 personas en el mismo año fue en 1995, con 192 ejecuciones registradas. En 2014, el número total de ejecuciones fue de 90, lo que significa que, de momento, ha habido un incremento del 68 por ciento sobre las ejecuciones realizadas en todo 2014.

En Arabia Saudí se impone con frecuencia la pena capital por delitos sin resultado de muerte, como los relacionados con drogas, y en juicios que carecen de las garantías procesales elementales que exigen las leyes y normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional documentó esto en su informe de agosto de 2015 titulado Killing in the Name of Justice: The death penalty in Saudi Arabia.

Prácticamente la mitad de las 151 ejecuciones de este año correspondían a delitos que incumplen el criterio de “los más graves delitos” por los que cabe imponer la pena de muerte según el derecho internacional de los derechos humanos. Esto contradice de manera flagrante la afirmación de las autoridades saudíes de que aplican la pena de muerte respetando las más estrictas salvaguardias. Según las normas internacionales de derechos humanos, “los más graves delitos” son aquellos que comportan homicidio intencional.

De las 63 personas ejecutadas este año por delitos relacionados con drogas, la inmensa mayoría –45– eran extranjeras. El número total de ciudadanos ejecutados en lo que va de año es de 71. En Arabia Saudí se aplica la pena de muerte a extranjeros de manera desproporcionada. Los extranjeros presentes en el reino, en su mayoría trabajadores migrantes de países en desarrollo, son especialmente vulnerables porque normalmente no saben árabe y no disponen de servicios adecuados de traducción durante el juicio.

La pena de muerte es abominable en todas las circunstancias, pero lo más alarmante es que las autoridades saudíes sigan imponiéndola en contravención de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, en una escala tan amplia, y en juicios manifiestamente injustos que, en ocasiones, tienen motivación política”, ha afirmado James Lynch.

A los motivos de preocupación por el incremento del número de ejecuciones se añade la inquietud por el aparente uso de la pena capital como instrumento político para reprimir la disidencia musulmana chií en Arabia Saudí.

El mes pasado, el Tribunal Supremo confirmó la pena de muerte impuesta a Sheikh Nimr Baqir al Nimr, destacado clérigo musulmán chií de la Provincia Oriental del reino, tras un juicio politizado y manifiestamente injusto ante el tristemente célebre tribunal de antiterrorismo, el Tribunal Penal Especial.

Con anterioridad se había conocido la noticia de que las condenas a muerte impuestas al sobrino de Sheikh al Nimr, Ali Mohammed Baqir al Nimr, y a otros dos jóvenes activistas chiíes, Dawood Hussein al Marhoon y Abdullah Hasan al Zaher, detenidos cuando eran menores de edad tras haber participado en concentraciones en contra del gobierno, habían sido igualmente confirmadas. Los tres afirman que fueron torturados y privados de acceso a un abogado durante sus juicios. Los tres jóvenes han sido trasladados recientemente a lugares en régimen de aislamiento, lo que ha acrecentado el temor de que sus ejecuciones sean inminentes.

Asimismo, Arabia Saudí sigue condenando a muerte y ejecutando a personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años, en contravención de las obligaciones que ha contraído el país en virtud del derecho consuetudinario y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Aplicar la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad constituye una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos. Usar la amenaza de las ejecuciones como instrumento de castigo e intimidación contra disidentes políticos es, por parte de las autoridades saudíes, un abuso de poder deleznable”, ha afirmado James Lynch.

“En lugar de intimidar con la amenaza de la muerte sancionada por el Estado, las autoridades saudíes deben detener todas las ejecuciones pendientes y declarar de inmediato la suspensión de la pena de muerte, y asimismo revisar en profundidad el sistema de justicia profundamente defectuoso del reino.”

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