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Visita del Gobernador de Jalisco a España

Amnistía Internacional pide una investigación sobre las violaciones de derechos humanos registradas en las manifestaciones de Guadalajara del año pasado

Madrid.- Amnistía Internacional ha expresado hoy su preocupación por la negativa de las autoridades de Jalisco a reconocer la necesidad de realizar una investigación independiente sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en Guadalajara los días 28 y 29 de mayo de 2004, en el contexto de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, durante la cual fueron detenidas más de un centenar de personas.

 

En una carta abierta dirigida al gobernador del Estado de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, con motivo de la visita que está realizando a España desde el 12 al 14 de junio, la Sección española de Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por el hecho de que, un año después de los acontecimientos, no se haya investigado de forma imparcial ninguno de los abusos graves contra los detenidos documentados tanto por Amnistía Internacional como por otras organizaciones, fundamentalmente detenciones arbitrarias, torturas y violaciones del proceso debido.

 

"Entendemos que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad pública durante las manifestaciones. Sin embargo, las autoridades también tienen el deber de garantizar que las fuerzas de seguridad actúan con arreglo a la ley durante las protestas, respetando el derecho a manifestarse pacíficamente y garantizando el uso proporcionado de la fuerza que se empleen", ha afirmado Yolanda Román, responsable de Política Exterior de Amnistía Internacional en España.

 

La organización de derechos humanos ha instado al gobernador de Jalisco a que las autoridades competentes federales y estatales faciliten información pública sobre cualquier investigación interna o externa realizada hasta ahora para esclarecer las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas en Guadalajara el año pasado. Asimismo, ha pedido que se abra una investigación inmediata e imparcial sobre las denuncias de tortura y que las personas responsables, directa o indirectamente, comparezcan ante la justicia.

 

Amnistía Internacional pide también a las autoridades mexicanas que garanticen que las personas procesadas penalmente por su presunta participación en los actos violentos de Guadalajara reciben un juicio imparcial con arreglo a lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras normas internacionales. En concreto, considera fundamental que se garantice que las pruebas obtenidas mediante tortura se declaren inadmisibles. Asimismo, solicita que se tengan en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contenidas en el informe especial sobre los hechos acaecidos en Guadalajara, publicado en agosto de 2004.

 

Información General

El 28 de Mayo de 2004 se celebró la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, Caribe y la Unión Europea en la ciudad mexicana de Guadalajara. Al tiempo que tenía lugar esta reunión, 3.000 personas se manifestaban en las calles de la ciudad, algunos de los participantes incurrieron en actos violentos contra la propiedad privada y  los agentes de seguridad. En respuesta a estos incidentes, la policía detuvo a 111 personas. 8 de ellos fueron expulsados del país y se les prohibió el acceso en 3 años. Otros tantos, declararon haber permanecido incomunicados y haber sido objeto de tortura psicológica y física. A pesar de las pruebas existentes y de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto, el gobierno del Estado se negó a investigar los abusos.

 

Hasta la fecha, permanecen en prisión tres personas y 32 han sido puestas en libertad bajo fianza pendientes de juicio, por su presunta implicación.

 

Algunos de los miembros de organizaciones sociales y de Derechos Humanos como Patricia Barragán Reyes, de la Coordinadora 28 de Mayo han recibido amenazas para evitar que desarrollen con normalidad su labor de denuncia y defensa.

 

Amnistía Internacional expresa su preocupación por las actuaciones penales que se están siguiendo contra algunos de los acusados. La organización pone especial énfasis en la información que ha recibido de que confesiones o declaraciones obtenidas mediante torturas o coacción para implicar a los presuntos autores de actos violentos se han admitido posteriormente contra los sospechosos en las actuaciones judiciales.