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Amnistía Internacional pide una consulta significativa con los pueblos indígenas y expresa preocupación por los enjuiciamientos infundados

Protesta indígena en Cuenca © Carlos Batlló

Amnistía Internacional expresa satisfacción por la acepción por parte de Ecuador de las recomendaciones relativas a adoptar o reforzar los mecanismos de consulta con los pueblos indígenas en las cuestiones que tengan repercusión en sus derechos humanos.  La organización pide a Ecuador que garantice que estos procesos son significativos y que se llevan a cabo con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos.


En concreto, Amnistía Internacional insta al gobierno a que garantice que cualquier ley, política o medida que pueda afectar a las comunidades indígenas y campesinas sea sometido a un proceso de consulta con las comunidades afectadas. Éstas deben recibir información completa y objetiva, y ser consultadas antes de que se tome ninguna decisión. La existencia de unos mecanismos sólidos será especialmente crucial para las consultas que el gobierno realizará en la región suroriental en los próximos meses.


Aunque Ecuador considera que las recomendaciones sobre el derecho de los defensores de derechos humanos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacíficas ya se han aplicado o están en proceso de aplicación,2  Amnistía Internacional expresa su preocupación a este respecto.   


En julio de 2012, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba los casos de 24 líderes indígenas y campesinos  enjuiciados de forma infundada y detenidos arbitrariamente por oponerse a las leyes y políticas propuestas por el gobierno, en un intento claro de impedirles expresar su disidencia.


Amnistía Internacional pide a Ecuador que adopte medidas para cumplir totalmente las recomendaciones sobre este tema, y que garantice que no se utiliza ninguna disposición penal —como las relativas al terrorismo, el sabotaje y el bloqueo de carreteras— para castigar el ejercicio legítimo de los derechos humanos.


Además, Ecuador debe hacer que los responsables de formular cargos infundados contra líderes rindan cuentas de sus actos, demostrando así que no se tolerará en el país este abuso del sistema judicial.

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