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Amnistía Internacional pide terminar con los juicios ante tribunales militares y anular las leyes represivas

En abril, las autoridades aprobaron una nueva ley que tipifica como delito cualquier huelga que “impida, retrase u obstruya” la labor de las instituciones oficiales. © Sofía Moro / Amnistía Internacional

Londres.- Las autoridades egipcias deben ganarse la confianza del pueblo suprimiendo las leyes represivas y poniendo fin a las prácticas abusivas, ha dicho hoy en El Cairo el secretario general de Amnistía Internacional.


En declaraciones realizadas tras una visita de una semana a Egipto –su primer viaje oficial a Oriente Medio y el Norte de África–, Salil Shetty ha pedido a las autoridades egipcias, incluido el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que utilicen el periodo de transición tras el régimen de Mubarak para llevar a cabo reformas urgentes y eliminar nuevas medidas represivas, como la ley que prohíbe las huelgas y los juicios de civiles ante tribunales militares.


Las autoridades egipcias tienen ante sí una oportunidad fantástica para demostrar que han roto claramente con los abusos del pasado”, declaró Salil Shetty. “Ya se han dado algunos pasos importantes y esperanzadores, como poner en libertad a las personas en régimen de detención administrativa, disolver el antiguo Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado y comprometerse a que Egipto sea Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.


A modo de declaración de intenciones, las autoridades deberían anular de inmediato la Ley del Estado de Excepción y poner fin a los 30 años de estado de excepción en el país, cuya continuación, unida a otras medidas restrictivas nuevas, crea una atmósfera de desconfianza que probablemente afecte mucho a los preparativos electorales.


Amnistía Internacional ha dicho que, si bien el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas era responsable de mantener la ley y el orden, no necesitaba este abanico de poderes represivos para ello.

 

Según el Consejo, al menos 7.000 civiles han sido juzgados por tribunales militares desde la caída de Mubarak. Amnistía Internacional considera que estos juicios violan requisitos fundamentales, como el derecho al debido proceso y a un juicio con las debidas garantías.

 

Shetty ha afirmado que en su visita a Egipto ha sabido de varios casos de personas que fueron llevadas ante tribunales militares o citadas para que comparecieran ante el fiscal militar por “delitos” tales como criticas al ejército, huelga y ocupación ilegal.


En abril, las autoridades aprobaron una nueva ley que tipifica como delito cualquier huelga que “impida, retrase u obstruya” la labor de las instituciones oficiales.


En este mes de junio, un grupo de trabajadores del Ministerio del Petróleo que mantenían una sentada fueron las primeras personas llevadas a juicio en aplicación de la nueva ley.
Las autoridades egipcias deben escuchar las exigencias legítimas de quienes tanto sacrificaron en pro de su dignidad”, ha dicho Salil Shetty.


Durante su visita, Shetty se ha reunido con autoridades como el ministro del Interior, Mansur al Essawi, y el viceministro de Asuntos Exteriores, Wafa Bassim. Se había solicitado una entrevista con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.


En sus entrevistas, el secretario general de Amnistía Internacional ha pedido detalles sobre la estrategia de las autoridades para eliminar la tortura.


Acogemos con satisfacción el anuncio de una nueva comisión para examinar casos de tortura. Es fundamental que dicha comisión pueda investigar todos los casos de tortura, incluida la tortura a manos de las fuerzas armadas”, ha dicho Salil Shetty.


Una prioridad urgente debe ser la investigación y rendición de cuentas de los responsables de los recientes casos de pruebas de virginidad forzadas realizadas a mujeres manifestantes.


Shetty también ha planteado a las autoridades los casos de las víctimas de la brutalidad de las fuerzas de seguridad durante las protestas, muchas de las cuales intentan sin éxito que los responsables de las muertes de sus cónyuges, hijos o hermanos rindan cuentas de sus actos.


Durante su visita, Shetty se ha reunido con familiares de personas que murieron durante la “revolución del 25 de enero” en El Cairo y Suez, algunos de los cuales llevaron a cabo ayer una protesta en Maspero exigiendo justicia y reparaciones de las autoridades por la pérdida de sus seres queridos.


Entre otras quejas, muchas familias denuncian que varios policías juzgados por el homicidio ilegítimo de manifestantes siguen desempeñando sus obligaciones normalmente.


Amnistía Internacional afirmó que hay que hacer más por las víctimas de lesiones graves, lo que incluye hacerse cargo de los gastos médicos. Las autoridades han declarado que están estudiando la manera de ayudar a los manifestantes heridos, pero, por la información de que dispone Amnistía Internacional, aún no se han tomado medidas.


Shetty visitó también el asentamiento informal de Manshiyet Nasr, en la zona metropolitana de El Cairo, y se entrevistó con residentes de zonas “inseguras”, en peligro de desprendimiento de tierras y desalojo forzoso.


Los residentes de asentamientos precarios hablaron a Amnistía Internacional de su sensación de impotencia y desatención, así como de las torturas y humillaciones infligidas durante el anterior régimen por la policía, todo lo cual los impulsó a unirse al levantamiento.
La inmensa mayoría de las personas que murieron o resultaron heridas durante la ‘revolución del 25 de enero’ procedían de estratos sociales desfavorecidos”, afirmó Salil Shetty.


Aunque Egipto esté en un periodo de transición –añadió Shetty–, esto no hace que sea menor la urgencia de abordar las necesidades de quienes luchan por vivir dignamente y sacar adelante a sus familias.”


Información complementaria


Está previsto que Salil Shetty se reúna con el viceprimer ministro Yehia el Gamal poco antes de abandonar el país mañana. También se ha entrevistado esta mañana con el secretario general de la Liga de los Estados Árabes, Amr Mousa, y ha mantenido numerosas reuniones con activistas y organizaciones de derechos humanos.

 

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