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20 de junio, Día Internacional del Refugiado

Amnistía Internacional pide a la OTAN que aclare la denegación de ayuda a quienes huían del conflicto libio

Tres personas murieron en este barco, que llegó a las costas de la isla italiana de Lampedusa procedente de Libia. Autor: ACNUR/F. Noy

Hoy, Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional quiere lanzar un SOS a Europa frente a las políticas de control migratorio que ocultan y niegan la protección a miles de personas obligadas a huir de sus países por graves violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional quiere aprovechar este día para volver a llamar la atención sobre los numerosos fallos en el salvamento marítimo de la operación liderada por la OTAN en aguas del Mediterráneo entre marzo y octubre de 2011. Varios centenares de personas murieron ahogadas cuando huían por vía marítima del conflicto libio por la negligencia de las autoridades competentes de varios estados como Italia, Malta, España y Reino Unido. Sin embargo, la presencia de la OTAN en la zona y su intervención en Libia se justificaron precisamente para proteger a la población civil.

 

Falta de auxilio a quienes huían de la guerra

Gracias al testimonio de supervivientes se han conocido varios casos, en los que Europa, en un intento de frenar la “inmigración ilegal” ha reforzado sus medidas de control migratorio más allá de sus fronteras, sin tener en cuenta el coste humano.

El 6 de abril de 2011, más de 200 personas se ahogaron al naufragar un barco en el que viajaban desde Libia, fundamentalmente eritreos y somalíes. Los hechos se produjeron en la zona de búsqueda y salvamento de Malta. Malta cuando recibió el llamamiento de auxilio, no organizó una operación de búsqueda y salvamento, afirmando que los efectivos italianos destinados a este tipo de operaciones se encontraban más cerca geográficamente. Cuando llegó el barco italiano, la mayoría de las personas a bordo habían muerto, sólo sobrevivieron 47.

Uno de los ejemplos más estremecedores de omisión a la hora de rescatar a personas en el mar se había producido unos días antes, con la muerte de 63 personas. A finales de marzo, mientras fuerzas de la OTAN patrullaban la zona, una pequeña embarcación con 72 personas a bordo procedentes de Sudán, Nigeria, Ghana, Eritrea y Etiopía, entre las que había dos bebés, pasó más de dos semanas a la deriva en el mar Mediterráneo. A pesar de las desesperadas llamadas de los ocupantes del bote sobre su difícil situación, y de que, según informes, tanto barcos particulares, como barcos militares estuvieron muy cerca de la embarcación, nadie los rescató.

En relación con este caso, Amnistía Internacional se ha dirigido al Ministro de Defensa español pidiéndole que colabore en el esclarecimiento de los hechos, sobre la presencia de la fragata Méndez Núñez en la zona, ya que hasta el momento no se ha facilitado la posición exacta en la que se encontraba la misma, cuando se produjeron los sucesos. El Gobierno sólo ha comentado que no estaba a 11 millas del barco a la deriva.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés), tras el informe “Vidas perdidas en el mar Mediterráneo: ¿Quién es responsable?”, de Tineke Strik, ponente del Comité de las Migraciones, Refugiados y Personas Desplazadas de la Asamblea,  adoptó la resolución 872 (2012) del 24 de abril de 2012, en la que pide a la OTAN que lleve a cabo una investigación exhaustiva que pueda aclarar la situación.

Amnistía Internacional urge a la OTAN a cumplir cuanto antes y por entero las recomendaciones hechas por la PACE, y le pide:

  • Ser informados sobre el alcance y el ritmo de la investigación exhaustiva que la PACE exige llevar a cabo.
  • Colaborar completamente con el trabajo en curso de la ponente del informe, mediante entre otras acciones, la puesta a disposición de las pertinentes imágenes de satélite que permitirían determinar la precisa situación de las diferentes naves implicadas en el momento del suceso.


Otras preocupaciones

También en relación con el Día del Refugiado, Amnistía Internacional ayer presentaba un informe, Punishment without a crime: Detention of migrants and asylum-seekers in Cyprus, en el que denuncia como cientos de los hombres y mujeres que llegan cada año a Chipre en busca de refugio y asilo, huyendo de la guerra, la persecución y la pobreza, son encerrados por las autoridades de la isla, incumpliendo sus obligaciones internacionales.

En este informe se denuncia que es habitual privarles de libertad durante meses o años, no porque hayan cometido un delito, sino simplemente para llevar a cabo su deportación, y ello incluso en casos en que la expulsión es contraria al principio de no devolución, porque sus vidas correrían peligro, si regresaran a sus países de origen.

España tampoco es una excepción ante estas políticas migratorias. Una vez más, Amnistía Internacional lanza su voz de alarma ante la falta de mecanismos adecuados para permitir que las personas necesitadas de protección internacional obtengan asilo en España. En los últimos años y cada vez más, España se ha convertido en “una carrera de obstáculos” para las personas que llegan al territorio español y necesitan de protección internacional. Varias organizaciones de derechos humanos e incluso el Defensor del Pueblo han mostrado su preocupación ante procedimientos inadecuados para identificar a los refugiados, así como la falta de garantías en el derecho a intérprete y a una asistencia letrada.

Precisamente, el 27 de enero de 2012 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas condenaba al Estado español por la muerte en septiembre de 2007 de Lauding Sonko de origen senegalés y potencial solicitante de asilo que fue interceptado por una embarcación de la Guardia Civil española cuando trataba de llegar a nado a Ceuta. Fue subido a bordo y trasladado a aguas jurisdiccionales marroquíes, donde la Guardia Civil pinchó su flotador y utilizó la fuerza para que se arrojase al agua a una profundidad donde no hacía pie, falleciendo ahogado por no saber nadar. 


Información complementaria

Según datos de Eurostat, el número de solicitantes de asilo en España ascendió a 3.395 en 2011, lo que supone un 1% del total de solicitudes registradas en la Unión Europea. De 84.100 protecciones internacionales concedidas en 2011 en la Unión Europea, sólo 1.010 correspondieron a España.

En el años 2010 y según el “Informe Anual de Riesgo 2012” elaborado por la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), el número de entradas de personas migrantes en situación irregular fue bajo en comparación con el año 2011, en que las entradas se incrementaron. En concreto, hubo alrededor de 8.500 personas detectadas durante el año pasado en la zona mediterránea,  lo que supuso un 6% de todas las fronteras de la Unión Europea (UE), contando tanto las entradas como los intentos de entrada en el territorio español.

Actualmente, Ceuta y Melilla representan la segunda frontera más transitada de la Unión Europea (UE) con más de diez millones de personas migrantes que entran al año. Además, el informe subraya que aunque es difícil precisar la nacionalidad de las personas migrantes en situación irregular que entran en el territorio español a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, la mayoría proceden del África Subsahariana y del Norte de África, principalmente de Marruecos y Argelia. FRONTEX también destaca en su informe que cada vez llegan más personas de países como Costa de Marfil, Guinea, Nigeria o Congo.