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Amnistía Internacional lanza una campaña mundial con el fin de pedir justicia para las víctimas del conflicto de Gaza

Manifestación en Oslo, Noruega, en la que se exige el alto el fuego y la paz en la guerra de Gaza, así como se recuerda a las víctimas en Gaza e Israel. © AI Noruega (foto: Kristian Hvesser)

Madrid/Londres.- Con motivo del segundo aniversario del final del conflicto de 2008-2009 en Gaza y el sur de Israel, los miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo, han lanzado hoy una campaña para garantizar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU atienda las peticiones de justicia de las víctimas con antelación al periodo de sesiones de marzo de 2011. La ciberacción se encuentra desde hoy disponible en www.actuaconamnistia.org


Ahora que la tensión se ha recrudecido nuevamente en Gaza y el sur de Israel, Amnistía Internacional se propone captar apoyos entre la membresía del Consejo de Derechos Humanos en los próximos dos meses para no dejar pasar una oportunidad crucial para responder a las demandas de las familias de los cientos de civiles que murieron durante el conflicto y de los miles de personas que resultaron heridas o perdieron su hogar a consecuencia de él. La organización va a instar a la membresía del Consejo a preparar el terreno para aprobar una firme resolución en su periodo de sesiones de marzo que condene las deficiencias de las investigaciones realizadas por Israel y por el gobierno de facto de Hamás sobre las violaciones de derecho internacional cometidas durante el conflicto, y que pida medidas sólidas que garanticen justicia internacional.


Dicha resolución deberá instar al fiscal de la Corte Penal Internacional a pedir a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares que determinen con carácter de urgencia si la Corte puede o no abrir una investigación, teniendo en cuenta las declaraciones hechas por la Autoridad Nacional Palestina en enero de 2009 aceptando su jurisdicción. Asimismo, deberá instar a otros Estados a ejercer la jurisdicción universal, investigando y enjuiciando ante sus propios tribunales delitos cometidos durante el conflicto.


Además, la resolución deberá exhortar al Consejo de Derechos Humanos a remitir la situación a la Asamblea General de la ONU para que ésta emprenda acciones. La Asamblea General ha emitido dos resoluciones pidiendo a las autoridades nacionales que realicen investigaciones dignas de crédito que, de momento, siguen sin materializarse.


Pasividad de la comunicad internacional


Por su parte, Amnistía Internacional está consternada por el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos siga sin tomar estas medidas. En su último periodo de sesiones, en septiembre de 2010, y pese a la existencia de pruebas claras sobre lo inadecuado de las investigaciones, acabaron imponiéndose criterios políticos, y el Consejo adoptó una resolución gravemente viciada que no establecía un proceso claro para impartir justicia. Algunos miembros del Consejo de Derechos Humanos alegaron que, al procurar justicia para las víctimas del conflicto de Gaza, se pondrían en peligro las posibles negociaciones entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina.


Sin embargo, Amnistía Internacional cree que la pasividad de la comunidad internacional a la hora de garantizar justicia a las víctimas y el permanente ciclo de impunidad del que se benefician las violaciones de derechos humanos cometidas en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados son, de por sí, importantes obstáculos para lograr una paz y seguridad duraderas en la región.


Información complementaria


La operación "Plomo Fundido", una devastadora ofensiva militar que Israel lanzó contra la Franja de Gaza durante 22 días, terminó el 18 de enero de 2009. En el conflicto perdieron la vida unas 1.400 personas palestinas, en su mayoría civiles, y 13 israelíes, entre ellas 3 civiles.


En septiembre de 2009, la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza, establecida por el Consejo de Derechos Humanos y presidida por el juez Richard Goldstone, concluyó que ambas partes habían cometido crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes contra la humanidad. A continuación, formuló recomendaciones detalladas por las que pedía a las autoridades locales que garantizaran justicia y reparaciones para las víctimas. En particular, recomendó conceder un plazo de seis meses al gobierno de Israel y a las autoridades pertinentes de Gaza para que llevaran a cabo investigaciones creíbles sobre las presuntas violaciones de derecho internacional cometidas por ambas partes durante el conflicto. Cuando el Consejo de Derechos Humanos celebre su próximo periodo de sesiones en marzo, las autoridades de ambas habrán dispuesto de un año y medio para concluir las investigaciones.


En septiembre de 2010, Amnistía Internacional publicó su valoración de las investigaciones israelí y palestina, mientras que el comité independiente de expertos, establecido por el Consejo de Derechos Humanos para supervisar las investigaciones, hizo igualmente público su informe.


Tanto Amnistía Internacional como el comité concluyeron que las investigaciones de Israel habían carecido de independencia, conocimientos adecuados y transparencia. Se habían cerrado más de 65 investigaciones militares sin haber abierto las investigaciones criminales correspondientes; en ellas se habían abordado, entre otras cuestiones, los ataques israelíes contra instalaciones de la ONU, propiedades e infraestructuras civiles, instalaciones y personal médico, y los ataques con fósforo blanco y de otro tipo en los que murieron o resultaron heridos numerosos civiles. Si bien algunas investigaciones israelíes continúan en curso, nada indica que estas, supervisadas por el ejército israelí, incluidos cuerpos militares que participaron en la operación "Plomo Fundido", sean imparciales y transparentes o que den lugar a la apertura de procedimientos por violaciones graves.


En Gaza, el gobierno de facto de Hamás no ha realizado investigaciones fiables sobre las presuntas violaciones cometidas por sus fuerzas y por otros grupos armados palestinos, como el lanzamiento indiscriminado de cohetes en Israel durante el conflicto, que provocó la muerte de tres personas e hirió a otras.


Aunque ni Israel ni la Autoridad Nacional Palestina han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el 22 de enero de 2009, el ministro palestino de Justicia, presentó a la CPI, en nombre de la Autoridad Nacional Palestina, una declaración por la que aceptaba su jurisdicción sobre los delitos "cometidos en territorio palestino desde el 1 de julio de 2002". Esta declaración podría abarcar todos los delitos documentados en el informe de la Misión de Investigación en Gaza e Israel.


Al margen de la aceptación o no de la jurisdicción de la Corte, Amnistía Internacional quiere hacer notar que, de conformidad con el derecho internacional, todos los Estados pueden y deben investigar y enjuiciar ante sus propios tribunales delitos en virtud del derecho internacional cometidos durante el conflicto ejerciendo la jurisdicción universal. Asimismo, Amnistía Internacional señala que el Consejo de Seguridad de la ONU está facultado para remitir el conflicto de Gaza a la Corte Penal Internacional.