Londres.- Amnistía Internacional ha condenado hoy la decisión de las autoridades chinas de ejecutar el miércoles a tres filipinos por el delito no violento de tráfico de drogas, un delito que no entra en la categoría de “los más graves delitos” establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ramon Credo, de 42 años y padre de cinco hijos, fue detenido el 28 de diciembre de 2008 en el Aeropuerto Internacional de Gaoji, en Xiamen, China. Se le acusaba de haber introducido en el país 4.113 gramos de heroína dentro de su equipaje. Está previsto que sea ejecutado en Xiamen. Las autoridades detuvieron a Sally Villanueva, de 32 años, en la Nochebuena de 2008, también en el Aeropuerto Internacional de Gaoji. Se la acusaba de haber introducido en el país 4.410 gramos de heroína dentro de su equipaje. También ella está previsto que sea ejecutada en Xiamen. Es madre de dos hijos. Elizabeth Batain, de 38 años, fue detenida el 25 de mayo de 2008 en el aeropuerto de Shenzhen. Se la acusaba de haber introducido en el país 6.800 gramos de heroína dentro de su maleta. Está previsto que sea ejecutada en Shenzhen. Los tres fueron condenados en 2009, y sus condenas de muerte fueron confirmadas por el Tribunal Supremo Popular de Pekín en febrero de 2010. Su ejecución estaba prevista originalmente para ese mismo mes, pero las autoridades chinas les concedieron una suspensión temporal de la ejecución tras una intensa labor de intermediación del gobierno filipino, que incluyó una visita a China del vicepresidente filipino Jejomar Binay. Sin embargo, el 23 de marzo, las autoridades chinas anunciaron que habían fijado la fecha de ejecución para el 30 de marzo. China no revela al mundo la cifra de personas a las que ejecuta, pero se cree que da muerte a miles de personas cada año: más que todo el resto del mundo junto. Las personas condenadas a muerte en China no reciben juicios justos. Los acusados no gozan de la presunción de inocencia, sino que deben demostrarla, y la policía a menudo obtiene confesiones mediante tortura u otros malos tratos. Aunque el gobierno eliminó este año la pena de muerte para 13 delitos, principalmente delitos económicos por los que rara vez se informa de ejecuciones, mantuvo la pena capital para muchos delitos no violentos, como la corrupción. Además, amplió el ámbito de la pena de muerte a delitos tales como obligar o engañar a una persona para que done sus órganos, que en algunas circunstancias pueden ahora clasificarse como causar lesiones intencionadamente o como homicidio intencionado, delitos ambos punibles con la muerte. El gobierno amplió también las circunstancias en las cuales puede dictarse una condena de muerte por el delito de elaborar o vender drogas falsas o alimentos venenosos o perjudiciales. Amnistía Internacional insta al gobierno chino a abolir la pena de muerte en la ley y en la práctica. Como primeras medidas, el gobierno chino debe dictar una suspensión de las ejecuciones, hacer públicas las cifras oficiales sobre el uso de la pena capital, eliminar la pena de muerte para todos los delitos no violentos, e introducir un procedimiento legal de indulto. La tendencia mundial hacia la abolición es inconfundible. En 1977, cuando Amnistía Internacional inició su campaña global contra la pena de muerte, sólo 16 países la habían abolido. Ahora, tal como muestra el informe anual de la organización Condenas a muerte y ejecuciones en 2010, casi un centenar de países han dejado de utilizar esta pena para todos los delitos, y 139 son abolicionistas en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional registró oficialmente 527 ejecuciones en 2010, sin incluir las miles que se cree que se llevaron a cabo en China. En 2009, la organización registró 714 ejecuciones. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, de las características del delincuente o del método de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es cruel, inhumana, ineficaz e injusta.
