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Cáceres acoge la XXXVIII Asamblea General Federal de la organización

Amnistía Internacional debate sobre la situación de los derechos humanos en un contexto de crisis económica global y recorte de derechos

© Amnistía Internacional

Cáceres.- Cerca de 300 activistas, de entre los más de 65.000 socias y socias que pertenecen a la Sección española de Amnistía Internacional (AI), se reúnen en Cáceres los días 28 y 29 de abril para celebrar la XXXVIII Asamblea General Federal de la organización. Durante dos jornadas, los participantes abordan la situación de los derechos humanos en España y en el mundo, y fijan las prioridades de actuación para el próximo año.


Amnistía Internacional España reafirma en esta encuentro su compromiso de seguir luchando en defensa de los derechos humanos en un contexto de crisis económica y recorte de derechos como el actual. Según Alfonso López Borgoñoz, presidente de Amnistía Internacional España, “Nuestra preocupación es que la crisis económica se convierta en una crisis de derechos humanos. Para evitarlo, debemos conseguir que los Gobiernos los tomen como hoja de ruta de sus políticas”.

Retos de derechos humanos en España
Tal y como indicó el Secretario General de la organización, Salil Shetty, al Gobierno español durante su reciente visita a nuestro país, Amnistía Internacional está siguiendo muy detenidamente el posible impacto que la crisis económica puede tener en España sobre el derecho a la salud y a una vivienda adecuada.


En concreto, AI ha pedido a las autoridades centrales y autonómicas que se aseguren de que cualquier medida en salud y vivienda con motivo del recorte del gasto público  es evaluada previamente. Ninguna medida debe ser discriminatoria y debe conocerse su efecto sobre los grupos con mayor vulnerabilidad social (personas en paro de larga duración, inmigrantes, mujeres victimas de violencia de género, menores). También debe evaluarse periódicamente su impacto y asegurar en todo caso un acceso de calidad a estos derechos.


Amnistía Internacional también ha mostrado preocupación porque los inmigrantes y otros colectivos especialmente vulnerables sean estigmatizados a causa de la crisis y sufran recortes de derechos, como el acceso a servicios de salud. Uno de los retos que a juicio de Amnistía Internacional debe afrontar el Gobierno es la lucha contra la discriminación en todas sus formas.


“Es intolerable que la policía realice identificaciones en la calle únicamente basadas en el perfil racial de las personas, una práctica que es a la vez ilegal y profundamente discriminatoria, y de hecho criminaliza a los migrantes, uno de los colectivos más vulnerables del país” ha advertido López Borgoñoz.


Amnistía Internacional España también considera muy importante, en el contexto de la crisis, que se garanticen el goce y ejercicio de los derechos de reunión, manifestación pacífica y asociación y se asegure que las fuerzas de seguridad actúan y rinden cuentas en conformidad con las normas internacionales.


En relación a otros asuntos de política interior, el presidente de AI ha recordado que el Gobierno no puede dejar de lado otras asignaturas pendientes, como la lucha contra la tortura y los malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad, o la eliminación del régimen de incomunicación, en línea con las peticiones de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

Retos globales
En relación a la situación de los derechos humanos a nivel global, Amnistía Internacional seguirá trabajando en favor de un Tratado sobre el Comercio Internacional de Armas (TCA), cuyo texto va a ser discutido el próximo mes de julio en una conferencia organizada por la ONU en Nueva York. Esta conferencia llega tras más de una década de campaña por parte de numerosas ONG, entre las cuales Amnistía Internacional ha desempeñado un importante papel. El objetivo es conseguir que el texto del tratado incluya las necesarias garantías para evitar que se autoricen transferencias de armas que puedan ser luego utilizadas para cometer violaciones y abusos contra los derechos humanos.


La organización también dará prioridad al seguimiento de la crisis y transición en el Norte de África y Oriente Próximo. Para Amnistía Internacional, las protestas populares que barrieron la región y los procesos de cambio y transformación puestos en marcha representan una oportunidad única para llevar a cabo el tipo de cambios de derechos humanos en la región por los que Amnistía Internacional lleva trabajando durante los últimos 50 años.


En el ámbito de la lucha contra la pobreza, la organización dará prioridad a su campaña contra los desalojos forzados en diferentes países, una realidad que afecta a miles de personas de entre las más vulnerables de la sociedad.


La organización también seguirá luchando por las víctimas de los crímenes más atroces contra la Humanidad y en favor de la Justicia Internacional y del Tribunal Penal Internacional. En el caso de España, el objetivo es conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo y sus familiares.


Finalmente, la organización seguirá impulsando una moratoria universal para la Abolición de la pena de muerte.

 


Logros en el plano internacional
La Asamblea General Federal, además de evaluar los retos de futuro de la organización, también celebra los avances en el campo de los derechos humanos a los que ha contribuido de diferentes maneras el trabajo de la Sección española de AI, tanto en el plano nacional como internacional. Entre ellos, los más relevantes son:

En relación al control sobre el comercio de armas, los borradores resultantes de los Comité Preparatorio para la adopción de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA), han incorporado peticiones clave de AI. El Gobierno español, con el que la Sección ha trabajado intensamente para impulsar el tratado, jugó un papel muy activo al respecto. Respecto a las exportaciones españolas de armas en 2011, y gracias al trabajo de AI España en alianza con otras organizaciones en el contexto de las revueltas en los países árabes, el Gobierno español revisó las ya autorizadas y decidió suspender temporalmente cualquier nueva solicitud. La suspensión se levantó, pero las nuevas solicitudes a estos destinos pasaron a estar sometidas a un escrutinio especial, aunque se siguieron exportando armas a países como Bahréin, Arabia Saudí o Egipto, donde corren el riesgo de ser usadas para cometer violaciones de derechos humanos.

En relación a la violencia contra las mujeres, el 1 de enero de 2011 empezó a funcionar ONU Mujeres, la nueva entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, y el Consejo de Europa adoptó la Convención para la prevención y lucha contra la violencia de género del Consejo de Europa, sobre la que AI llevaba años trabajando.

En relación a la lucha contra la pena de muerte, el avance de la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos ha dejado dos estados más que eliminan la pena capital de sus sistemas legales: Oregón e Illinois, siendo ya 17 los estados abolicionistas.

En relación a la lucha contra la impunidad, treinta años después de llegar al poder, el general retirado José Efraín Ríos Montt ha sido procesado en Guatemala por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

En relación a los desalojos forzados, la accción coordinada de miles de activistas de AI en el mundo consiguió detener diversos desalojos forzados en Rumanía, Angola, Chad y Ghana.

Numerosos presos de conciencia fueron liberados en todo el mundo, a favor de los cuales ha trabajado Amnistía Internacional. El 8 de abril llegaron a Madrid 37 excarcelados cubanos. En Túnez fueron liberados el periodista Fahem Boukadous y el activista Hasan Ben Abdallah. En Bahréin, el Gobierno decidió que 20 médicos y otros profesionales de la salud que habían sido condenados por un tribunal militar, tuviesen derecho a un nuevo juicio ante un tribunal civil. En China, el artista Ai Weiwei fue puesto en libertad, así como sus colaboradores Zhang Jingsong, Wen Tao y Hu Minngfen.

En relación a la discriminación contra las minorías sexuales, se aprobó una resolución histórica en Naciones Unidas haciendo un llamamiento a la tolerancia cero a las violaciones de derechos humanos a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. España votó a favor de esta resolución.

 


Logros en España
En el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, en junio de 2011, se adoptó una resolución con el apoyo de todos los partidos, incluido el Partido Popular, pidiendo al Gobierno español que hiciera un balance del grado de desarrollo y cumplimiento del Plan derechos humanos y que iniciara de forma inmediata los trabajos necesarios para la elaboración del II Plan de Derechos Humanos. En las elecciones generales, CIU, ICV y PSOE incorporaron en sus programas electorales el compromiso para la adopción de un nuevo Plan de Derechos Humanos.

Se modificó la Ley de Extranjería, que regula la entrada y estancia de los extranjeros extra comunitarios en España. Esta reforma mejora la protección de las mujeres inmigrantes en situación irregular sometidas a violencia de género y de las víctimas de trata. Un importante logro al que contribuyó AI España.

Finalmente, durante el 2011 se acogió en el Programa de Protección de AI a 7 defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo y a sus familias.

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