Londres.- Amnistía Internacional ha expresado hoy su alarma por una nueva oleada de ejecuciones llevadas a cabo en Irán, señalando que se ha tenido noticia ya de casi 250 desde principios de año, pero que la cifra real podría ser considerablemente mayor.
Entre las víctimas de las últimas ejecuciones figuran una mujer que, al parecer, había sido declarada culpable de un asesinato cometido cuanto intentaba protegerse de un intento de violación y al menos una persona (o quizá tres) que era menor de edad en el momento de perpetrarse el delito del que fue declarada culpable.
Solamente el miércoles 17 de octubre fueron ejecutadas al menos nueve personas en la prisión de Evín de Teherán, todas ellas condenadas por asesinato, y tres más, como mínimo, en Shiraz por el secuestro y violación de dos mujeres. El 10 de octubre fueron ahorcados en la prisión de Sanandaj dos kurdos iraníes por el asesinato de un agente de seguridad, cometido en enero de 2007.
Con las de Sanandaj, Shiraz y Teherán, Amnistía Internacional ha registrado 244 ejecuciones en lo que va de año, pero teme que la verdadera cifra sea considerablemente mayor.
Entre las al menos nueve personas ejecutadas en la prisión de Evín de Teherán se encontraba Fakhteh S, joven de 24 años que había sido condenada a muerte por el asesinato de un hombre de 80 años en su casa, donde, de acuerdo con los informes, trabajaba de cuidadora y, según determinó el tribunal, había robado algunos bienes. Alegó que el hombre intentaba violarla cuando lo apuñaló. La ahorcaron en la prisión de Evín el 17 de octubre de 2007 a las cinco y media de la mañana.
Babak, de 23 años, fue condenado a muerte por el asesinato de un compañero de habitación, al que presuntamente asfixió el 12 de enero de 2002. No se sabe bien si él o alguna de las otras dos personas condenadas en la misma causa eran menores de 18 años en ese momento, pero, si lo eran, su ejecución constituye el caso más reciente de violación por parte de Irán de las normas internacionales que prohíben el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito.
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación que, según informes, haya también seis miembros de la minoría árabe de Irán expuestos a ser ejecutados en cualquier momento. De acuerdo con sus familias, Rasool ‘Ali Mezrea’ (de 65 años), Hamza Safari (de 20), Zamel Bawi, ‘Abdul-Imam Za’eri, Nazem Bureihi y Ahmad Marmazi (de 35) se encuentran recluidos en la prisión de Karoun, en Juzestán, y han sido trasladados a una celda reservada a los presos cuya ejecución es inminente.
Rasool ‘Ali Mezrea’, miembro de la Organización de Liberación Ahwazi, reconocido como refugiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), había sido aceptado para su reasentamiento en un tercer país, pero el 16 de mayo de 2006 fue devuelto a Irán desde Siria.
La Sección 3 del Tribunal Revolucionario de Ahwaz, Juzestán, confirmó las condenas de muerte de Hamza Sawari, Zamel Bawi, ‘Abdul-Imam Za’eri y Nazem Bureihi el 10 de junio de 2006, y a finales de julio de ese año el Tribunal Supremo confirmó las de Abdul-Imam Za’eri y Nazem Bureihi.
Según informes, los cinco habían sido acusados de estar en enemistad con Dios (mohareb), delito punible con la muerte. Otros cargos que se presentaron contra ellos fueron: “desestabilizar el país”, “intentar derrocar el gobierno”, “estar en posesión de bombas de fabricación casera”, “sabotear instalaciones petroleras” y cometer atentados con explosivos en Ahvaz entre junio y octubre de 2005, en los que murieron al menos seis personas y resultaron heridas más de un centenar más.
Según informes, Nazem Bureihi se encuentra bajo custodia desde 2000, cuando fue detenido por cargos de “insurgencia”, y se halla cumpliendo una pena de 35 años de prisión, Sin embargo, figura entre nueve hombres que el 1 de marzo de 2006 aparecieron en la televisión provincial de Juzestán “confesando” haber participado en los atentados con explosivos de octubre de 2005.
Zamel Bawi fue declarado culpable, según informes, de ocultar siete bombas de relojería de fabricación casera, que al parecer desactivó antes de su detención.
Amnistía Internacional reconoce el derecho y el deber de los gobiernos de poner a disposición de la justicia a los presuntos delincuentes, pero se opone a la pena de muerte por considerarla la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. La organización pide a las autoridades iraníes que conmuten todas las condenas de muerte con miras a declarar una suspensión de las ejecuciones.
Dada la naturaleza irreversible de la pena de muerte, Amnistía Internacional insta una vez más a la Magistratura iraní a que revise los casos de todas las personas condenadas a muerte para garantizar que se observan escrupulosamente en ellos todas las normas internacionales que protegen el derecho a un juicio justo.
Puesto que la administración de justicia en Irán es para Amnistía Internacional motivo de preocupación desde hace mucho tiempo, la organización insta a las autoridades judiciales a que se aseguren de que se respetan plenamente todas las salvaguardias y garantías de debido proceso establecidas en las normas internacionales aplicables durante las fases de detención preventiva, juicio y apelación.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades iraníes que el artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte, dispone que sólo se puede imponer la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con las leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito, lo que significa que no deben ser punibles con la muerte más que los delitos intencionados y con consecuencias mortales u otros efectos extremadamente graves y que se deben tener en cuenta todas las circunstancias atenuantes.
