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Al aplicar la inyección letal, el personal médico viola su juramento ético

Londres.- El personal médico y de enfermería no debe participar en ejecuciones ordenadas por el Estado en contravención de su juramento ético, ha afirmado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

El informe, titulado Ejecución por inyección letal: un cuarto de siglo de muertes por envenenamiento a manos del Estado, examina las repercusiones jurídicas y éticas de la utilización de la inyección letal en distintas partes del mundo.

"Los profesionales de la salud reciben formación para trabajar en favor del bienestar del paciente, y no para participar en ejecuciones ordenadas por el Estado. La manera más simple de resolver los dilemas éticos que plantea el uso de personal médico y de enfermería para matar es proceder a abolir la pena capital", dice Jim Welsh, coordinador de Salud y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Desde 1982, al menos 1.000 personas fueron ejecutadas por inyección letal en todo el mundo: tres en Guatemala, cuatro en Tailandia, siete en Filipinas, más de 900 en Estados Unidos y varios miles en China, donde las ejecuciones son un secreto de Estado.

En los casos de ejecución por inyección letal se suele inyectar una dosis masiva de tres sustancias químicas: tiopental sódico, que provoca una rápida pérdida del conocimiento; bromuro de pancuronio, que causa parálisis muscular; y cloruro de potasio, que produce un paro cardiaco.

La profesión médica ha expresado preocupación por el hecho de que, de aplicarse una cantidad insuficiente de tiopental sódico, el efecto anestésico puede pasar antes de que se paralice el corazón del condenado, lo cual lo expondría a sufrir un dolor insoportable cuando la tercera sustancia penetra en las venas y se produce el paro cardiaco. Debido a la parálisis muscular causada por el bromuro de pancuronio, al condenado le resultaría imposible informar de la situación a quienes lo rodean.

Es por estos motivos que la profesión veterinaria no utiliza dichas sustancias para la eutanasia de animales. En Texas, el estado que utiliza más frecuentemente la inyección letal en Estados Unidos, las mismas sustancias cuyo uso está prohibido en perros y gatos debido al sufrimiento que les podrían causar se están utilizando para ejecutar a seres humanos.

Joseph Clark fue ejecutado en Ohio en diciembre de 2006. A los técnicos encargados de la ejecución les llevó 22 minutos encontrar una vena en la que insertar el catéter. Poco después del comienzo de la inyección, la vena se colapsó y el brazo del preso comenzó a hincharse. Joseph Clark levantó la cabeza de la camilla y dijo: "No funciona, no funciona". A continuación, corrieron las cortinas que rodeaban la camilla y los técnicos trabajaron durante 30 minutos para encontrar otra vena apta para la inyección.

"El uso de la inyección letal no resuelve los problemas inherentes a la pena de muerte: su crueldad, su carácter irreversible, el riesgo de que se ejecute a una persona inocente, su aplicación discriminatoria y arbitraria, y su inutilidad para el control efectivo de la delincuencia", señala Jim Welsh.

"Los gobiernos ponen a los profesionales de la medicina y la enfermería en una situación imposible al pedirles que hagan algo que contraviene su juramento ético."

En China, el principal verdugo del mundo, muchas ejecuciones por inyección letal se llevan a cabo en cámaras de ejecución ambulantes. La cámara carente de ventanas, que se encuentra en la parte trasera de un vehículo parecido a un autobús pequeño, contiene una cama de metal a la que se sujeta con correas al condenado. Una vez que el médico ha colocado la aguja, un agente de policía pulsa un botón y una jeringa automática inyecta la droga letal en la vena del condenado. La ejecución puede observarse en una pantalla de vídeo contigua al asiento del chofer y, de ser necesario, puede grabarse en una cinta de vídeo.

"En el seno de la profesión médica hay un consenso global sobre el hecho de que la participación de profesionales de la salud en ejecuciones, especialmente cuando se utiliza un método que aplica las tecnologías y conocimientos de la medicina, es una violación de la ética médica; sin embargo, hay profesionales que participan en tales ejecuciones."

"Recientemente, los organismos profesionales se han pronunciado enérgicamente sobre este abuso contra la ética, pero los gobiernos tratan de ocultar la identidad del personal médico que participa en ejecuciones a fin de protegerlo del escrutinio de sus colegas profesionales", añade Jim Welsh.

Amnistía Internacional insta a los líderes mundiales a abolir la pena de muerte y los exhorta a que aprovechen la oportunidad que les brinda el actual periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU comenzando con un voto a favor de la suspensión de las ejecuciones cuando se celebre la votación más tarde este año.

El texto del informe titulado Execution by lethal injection – a quarter century of state poisoning estará disponible a partir del 27 de septiembre en la página. web.amnesty.org/library/Index/ENGACT500072007.