Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han pedido hoy a los grupos parlamentarios que no permitan que la nueva ley de asilo, que se votará mañana en pleno del Congreso de los Diputados, sea un retroceso respecto a la legislación vigente en nuestro país desde 1984. Las dos organizaciones lamentan, en una carta enviada a los parlamentarios, que España pierda la oportunidad de liderar en Europa la defensa del derecho de asilo; un derecho en peligro de extinción, gravemente amenazado en los últimos años por políticas comunitarias obsesionadas por el control migratorio y el cierre de fronteras. Estas políticas están impidiendo la identificación de muchas personas como posibles solicitantes de asilo, y dificultando o impidiéndoles así el mero acceso a un derecho que les es propio: la protección internacional. Además, las bajas cifras de solicitudes de asilo en España en los últimos años muestran que no hay ninguna justificación para restringir aún más el acceso al derecho de asilo. Los refugiados, debido al cierre y externalización de las fronteras europeas, ni siquiera pueden llegar a territorio seguro en el que pedir una protección internacional a la que España está obligada por la firma de la Convención de Ginebra y como reconoce la propia Constitución Española. Por otro lado, las altas cifras de inadmisión de las solicitudes y los bajos índices de estatutos de refugiado reconocidos a los solicitantes hacen que nuestro país esté a la cola de Europa en protección de las personas perseguidas. El texto del proyecto de ley que mañana se quiere aprobar en el pleno del Congreso tiene elementos positivos, como el compromiso de participar en los programas de reasentamiento de refugiados de ACNUR, el reconocimiento de la persecución por motivos de género, la introducción de un capítulo específico sobre menores y colectivos especialmente vulnerables o la equiparación de los beneficios de la obtención del estatuto con los de la protección complementaria. En este sentido, CEAR y Amnistía Internacional quieren reconocer y valorar positivamente los encuentros facilitados por los grupos parlamentarios con ambas organizaciones durante los meses de tramitación parlamentaria de la reforma; siendo, muchas de las mejoras introducidas respecto al primer borrador de ley, como la supresión del procedimiento abreviado, resultado de este trabajo.
Sin embargo, el texto de la nueva ley no recoge garantías fundamentales para el cumplimiento del derecho de asilo en España como:
- La exclusión del derecho a solicitar asilo de los ciudadanos europeos comunitarios, contraria a la Convención de Ginebra por violar el carácter universal de dicho derecho.
- La desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas; una medida injustificada y de especial gravedad ante los obstáculos ya existentes para acceder al procedimiento en territorio español.
- El aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo, con fórmulas jurídicamente imprecisas como “constituir un peligro para la seguridad de España” o “constituir una amenaza para la Comunidad” que exceden claramente la letra de la Convención de Ginebra.
- El concepto de “tercer país seguro” como causa de inadmisión de la solicitud que vulnera la obligación, contemplada en la Convención de Ginebra, de estudiar cada caso de forma individual.
- La ampliación de los plazos de detención en frontera, así como la desaparición de la garantía hoy existente de que se suspenda una expulsión si el ACNUR emite un informe favorable para que se admita una solicitud de asilo.
- El establecimiento de diferentes procedimientos de tramitación de la solicitud de asilo. Esta diversidad contribuye a reducir las mismas garantías para los solicitantes de asilo en función del lugar donde soliciten protección. De este modo, por ejemplo, los posibles solicitantes de asilo en frontera tendrán mayores dificultades para poder optar a conseguir la condición de refugiado. Además, desaparece el reexamen cuando se ha solicitado asilo en territorio.
Por eso, Amnistía Internacional y CEAR piden a los parlamentarios que mañana, en el Pleno del Congreso, cumplan con su papel de garantes de los derechos que nuestro país ha firmado y que nos obligan a reconocer la protección internacional para las y los refugiados, no como un acto de benevolencia, sino como una obligación legal y una responsabilidad política con un mundo en el que, según cifras de ACNUR, hay 42 millones de personas que han tenido que huir de sus lugares de origen.
