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AI reitera sus graves motivos de preocupación en torno a las condiciones de reclusión de solicitantes de asilo tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Contenedor utilizado para detener a "inmigrantes ilegales" en la isla Chios, 2005 © Refugee Solidarity Committee

Londres.- Tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa S.D. v. Greece (demanda núm. 53541/07), de 11 de junio de 2009, Amnistía Internacional reitera sus graves motivos de preocupación en torno a las condiciones de reclusión de las personas solicitantes de asilo en Grecia y a las deficiencias de los procedimientos de solicitud de asilo existentes en ese país.

El demandante, ciudadano turco que trabajaba como periodista, solicitó asilo en Grecia el 12 de julio de 2007. S.D. fue arrestado y permaneció recluido durante dos meses en los centros de detención para inmigrantes de Soufli y Petrou Ralli mientras las autoridades iniciaban procedimientos de expulsión en su contra. S.D. argumentó que el tratamiento de que había sido objeto a manos de las autoridades violaba su derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos inhumanos y degradantes, su derecho a la libertad y su derecho a impugnar la legitimidad de su detención, todos ellos garantizados en los artículos 3, 5.1 y 5.4 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo).

En la sentencia dictada el 11 de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que las condiciones de reclusión a las que se había sometido al demandante, como la falta de atención médica, la falta de posibilidades de hacer ejercicio y la imposibilidad de ponerse en contacto con el mundo exterior, combinadas con la duración excesiva de su detención como solicitante de asilo en tales condiciones, equivalían a trato degradante. El Tribunal observó que las afirmaciones del demandante con respecto a las condiciones de reclusión en el centro de detención de Soufli se habían visto corroboradas por las investigaciones de varias organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales; el gobierno no había contradicho expresamente dichas afirmaciones. El Tribunal también concluyó que las condiciones imperantes en el centro de detención de Petrou Ralli, tal como las había descrito el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, eran inaceptables.

En relación con la afirmación del demandante de que su detención era ilegítima, el Tribunal observó que su solicitud de asilo no había sido registrada oficialmente hasta su tercer intento, efectuado el 17 de mayo de 2007, y que, al arrestarlo y recluirlo, las autoridades no habían tenido en cuenta su condición de solicitante de asilo. El Tribunal resolvió que, mientras no se tomara una decisión sobre su petición de protección internacional, el demandante no podía ser expulsado y que su detención con miras a su expulsión no tenía fundamento jurídico alguno en la legislación griega, al menos después de registrada oficialmente su solicitud de asilo. El Tribunal sostuvo que, por consiguiente, la reclusión del demandante era ilegítima por violar el artículo 5.1 del Convenio Europeo, que garantiza el derecho a la libertad.

El Tribunal consideró que las personas como el demandante, que no podían ser expulsadas mientras no se tomara una decisión sobre su solicitud de asilo y que no podían impugnar la legitimidad de su reclusión ante una autoridad judicial, se veían atrapadas en un limbo jurídico. El Tribunal concluyó que el hecho de que el demandante no tuviera la posibilidad de obtener una decisión sobre su reclusión constituía una violación del artículo 5.4 del Convenio Europeo, que garantiza el derecho de toda persona detenida a iniciar actuaciones ante una autoridad judicial con el fin de impugnar la legitimidad de su detención.

La sentencia del Tribunal es coherente con los motivos de preocupación que abriga Amnistía Internacional desde hace largo tiempo en relación con el trato de solicitantes de asilo y migrantes en Grecia. Amnistía Internacional ha documentado las pésimas condiciones de reclusión, caracterizadas por el hacinamiento y la falta de higiene, a las que se sigue sometiendo a algunos migrantes y solicitantes de asilo detenidos en Grecia. La organización ha expresado el temor de que tales condiciones equivalgan a trato cruel, inhumano o degradante, en violación de las normas internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional también ha expresado preocupación por las deficiencias del sistema de solicitud de asilo existente en Grecia, como la falta de acceso al procedimiento de asilo, el rechazo indiscriminado de las solicitudes en primera instancia y la arbitrariedad de la detención de migrantes y solicitantes de asilo.

La organización también ve con preocupación que, en el contexto del régimen jurídico actual, las solicitudes de asilo deben presentarse inmediatamente después de la entrada en el país, sin que exista ninguna disposición concreta que garantice el acceso al procedimiento en el caso de las personas que son detenidas a su llegada.

Amnistía Internacional se opone a la detención de solicitantes de asilo, salvo en las circunstancias más excepcionales y conforme al derecho internacional. La detención de solicitantes de asilo sólo debe llevarse a cabo como último recurso tras estudiarse la posibilidad de imponer medidas alternativas no privativas de libertad, y debe ser necesaria y guardar proporción con el objetivo que se pretende alcanzar. A todo solicitante de asilo detenido se lo debe hacer comparecer con prontitud ante una autoridad judicial y se le debe ofrecer una oportunidad efectiva de impugnar la legitimidad de la decisión de detenerlo.

Amnistía Internacional exhorta a Grecia a cumplir con las obligaciones que le impone el derecho internacional de los derechos humanos mejorando las condiciones imperantes en los centros de detención para solicitantes de asilo e inmigrantes a fin de que ofrezcan un nivel aceptable y a implementar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa S.D. v Greece, que se convertirá en definitiva en un plazo de tres meses a menos que sea remitida a la Gran Sala del Tribunal a los efectos de su revisión.

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