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AI pide una investigación internacional sobre los sucesos violentos

Londres.- Amnistía Internacional ha pedido que se abra una investigación internacional sobre los sucesos ocurridos durante los últimos siete días en el sur de Kirguistán, donde han muerto centenares de personas y millares más han resultado heridas y han perdido su hogar.

“Sólo una investigación internacional tiene probabilidades de ser considerada imparcial y creíble por todos los grupos afectados –ha manifestado Maisy Weicherding, analista de Amnistía Internacional sobre Asia Central–. Es la clave para restablecer una paz sostenible y el Estado de derecho en el país.

“Hace falta una investigación imparcial para garantizar que se recogen y protegen sin demora las pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas y se hace rendir cuentas a los responsables. Es preciso identificar y llevar ante la justicia a los autores de los crímenes perpetrados durante los últimos siete días."

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que, según informes, las fuerzas de seguridad hayan intentado confiscar pruebas de vídeo y fotográficas a periodistas y habitantes de la zona que han documentado la violencia. Esta información llega en medio de un creciente número de denuncias de colusión de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en algunas de las violaciones de derechos humanos cometidas.

En un caso en particular, unos enmascarados armados que afirmaban pertenecer a las fuerzas de seguridad se presentaron en casa de un defensor de los derechos humanos de la localidad de Bazar Korgan y exigieron a su esposa que les entregara su cámara y las pruebas de abusos contra los derechos humanos que había recogido. Según informes, al negarse la mujer a hacerlo, dispararon contra la verja de la casa.

“Los activistas de los derechos humanos y los periodistas independientes desempeñan un importante papel en la documentación de violaciones de derechos humanos –ha señalado Maisy Weicherding–. Las autoridades kirguises tienen el deber de protegerlos.”

Al parecer, estos mortales sucesos violentos comenzaron el 10 de junio, con unos enfrentamientos entre bandas rivales de jóvenes, en su mayoría kirguises y uzbecos, que degeneraron rápidamente en incendios, saqueos y ataques en gran escala, incluidos homicidios, contra los distritos de población principalmente uzbeka de Osh y, posteriormente, de la ciudad de Jalal-Abad y las localidades circundantes.

Debido a estos sucesos, millares de familias uzbekas han huido de sus hogares y viven en campos de acogida improvisados u ocultas en zonas aisladas del país, sin asistencia humanitaria.

“El gobierno provisional kirguís debe responder de inmediato a las denuncias de colusión de las fuerzas de seguridad y hacer una indicación clara de que se procesará a todo el que cometa violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Maisy Weicherding.

“El gobierno kirguís afirma que las fuerzas de seguridad han recuperado el control de las zonas conflictivas. Sin embargo, sólo podrá restablecerse en el país el Estado de derecho si va acompañado de rendición de cuentas", ha explicado Maisy Weicherding.

“Para que sea así, las autoridades kirguises deben solicitar y facilitar una investigación internacional sobre los ataques que se han producido. Asimismo, tienen que tomar medidas para proteger a los activistas de los derechos humanos y los periodistas independientes en el ejercicio de su trabajo, pues desempeñan una función esencial en toda investigación independiente e imparcial.”