Con un millón de casos confirmados de COVID-19 en el continente africano, los dirigentes de África deben tomar medidas concretas para mejorar pruebas y tratamientos, y la comunidad internacional debe apoyar a los países para hacer frente a la pandemia, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Sudáfrica es el país más afectado, con 500.000 casos confirmados.
“La cifra de un millón es una sombría realidad para el continente africano y debe servir de acicate para que instituciones y dirigentes regionales e internacionales tomen medidas urgentes. Es preciso mejorar urgentemente las medidas de transparencia, tratamiento, contención y realización de pruebas”, ha declarado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
“Nos preocupa que en algunos países, como Sudáfrica, que acumula la mitad de los casos confirmados de África, los resultados de las pruebas demoren tanto en saberse, lo cual es peligroso. La capacidad para realizar pruebas debe reforzarse y mejorarse mucho a fin de garantizar que las personas infectadas por coronavirus reciben atención médica adecuada y no contribuyen sin saberlo a la propagación del virus.”
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Unión Africana, el acumulado de casos confirmados de COVID-19 es actualmente de 1.007.366, y el número de fallecimientos registrados, de 22.066, mientras que 690.436 personas se han recuperado. Sin embargo, los especialistas han advertido que las cifras reales pueden ser mucho más altas debido a la falta de capacidad para realizar pruebas que existe en todo el continente, donde hay países que no disponen de suficientes recursos para ello. También se han mencionado las deficiencias en infraestructuras, como carreteras, y la falta de suficientes centros hospitalarios y trabajadores y trabajadoras de atención sanitaria como obstáculos en la lucha contra la pandemia.
“Dado el rápido incremento de los casos, es importante que exista una colaboración regional e internacional entre países para asegurar que en toda África la población tiene garantizados los derechos humanos, incluido el derecho a la salud. Esta colaboración debe incluir mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos para determinar la verdadera magnitud de la pandemia y la respuesta adecuada a ella, a fin de cambiar el curso de la crisis”, ha afirmado Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“Además, ante las denuncias de corrupción y mala gestión de los recursos asignados a la lucha contra la COVID-19, es precisa una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos económicos. Los países también deben reforzar sus sistemas sanitarios para seguir respondiendo al aumento de casos.”
