El gobierno afgano debe solucionar de inmediato la escasez de oxígeno y adquirir vacunas adecuadas contra la COVID-19 así como otras provisiones médicas esenciales con el apoyo de la comunidad internacional; así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando el país, asolado por la guerra, da señales preocupantes de un fuerte repunte de los contagios.
El 7 de junio, las autoridades afganas comunicaron que, de un total de 4.671 pruebas de COVID-19 realizadas en las últimas 24 horas, 1.582 (casi el 34%) habían dado resultado positivo.
“El número de casos de COVID-19 en Afganistán ha ido aumentando de forma continuada y los últimos datos son muy preocupantes. Es evidente que el país está atravesando la tercera ola de COVID-19 y que, sin ayuda internacional urgente para contener este repunte, la situación podría desbocarse dados los graves problemas actuales de escasez de suministros vitales”, ha manifestado Zaman Sultani, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia meridional.
“Al mismo tiempo, el programa de vacunación de Afganistán ha sufrido retrasos debido a la escasez de suministros. Ya hemos visto una situación parecida en Nepal e India, y tenemos que aprender a tomar nota de sus errores y estar preparados para lo peor antes de que sea demasiado tarde.”
Falta de preparación del gobierno afgano
Después de más de un año de pandemia, la preparación del gobierno ante situaciones de emergencia sigue siendo inadecuada. Según el Ministerio de Salud Pública, Afganistán sólo cuenta actualmente con unos 2.000 concentradores de oxígeno y 1.063 camas de hospital destinadas a tratamiento de COVID-19 para atender a una población de 39 millones. Según el Ministerio, el país tiene un total de 1.500 camas de UCI, nada más.
El 4 de junio, el Ministerio de Salud Pública comunicó que el país se enfrentaba a un problema de escasez de oxígeno y pidió apoyo a otros países de la región. Medios de comunicación locales han informado de que más del 50% de las personas hospitalizadas con COVID-19 necesitan oxígeno. El 8 de junio, un representante del Ministerio de Salud Pública dijo a Amnistía: “No quiero dar falsas esperanzas. Tenemos controlada la situación por ahora pero, si empeora, va a ser realmente difícil superarla [sin oxígeno]”.
La situación es peor en las provincias. Según Zaman Muradi, activista de derechos humanos de la provincia de Daikundi, allí sólo tienen un centro de tratamiento para casos de COVID-19 y ningún centro de pruebas de detección de la enfermedad. Muradi explicó que se tarda alrededor de un día en llegar a Bamiyán o a Kabul para hacerse una prueba. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo 22 de las 34 provincias afganas tienen laboratorios para realizar pruebas de COVID-19.
El 10 de junio, el representante especial adjunto del secretario general para Afganistán anunció en Twitter que la OMS y UNICEF habían proporcionado a Afganistán 3.750 “oxigenadores” y que varios organismos de la ONU también iban a donar 10 plantas generadoras de oxígeno a Afganistán.
“En vista de su falta de preparación ante situaciones de emergencia y el estado de sus infraestructuras de salud pública, Afganistán no está preparado para hacer frente a los repuntes que hemos visto en otras partes de la región. Afganistán debe tener pruebas diagnósticas ampliamente disponibles para detectar eficazmente los brotes y abordar proactivamente la ola inminente de casos”, ha dicho Zaman Sultani.
El 6 de junio, un funcionario del departamento de salud pública de la provincia de Balkh, sede de una de las principales ciudades afganas y con una población de 1-1,3 millones, dijo a Amnistía que en la provincia hay unas 140 camas destinadas a pacientes de COVID-19.
El brote actual entraña un riesgo de contagio aún mayor para las cuatro millones de personas internamente desplazadas en el país, que viven en condiciones de hacinamiento y con acceso insuficiente a agua, saneamiento e instalaciones médicas. En marzo de 2021, Amnistía Internacional pidió al gobierno de Afganistán y a la comunidad internacional que incrementaran con carácter urgente las iniciativas de apoyo a este grupo de población tan vulnerable.
“En esta crisis, el gobierno afgano debe garantizar el acceso de las personas internamente desplazadas a asistencia médica, saneamiento y agua limpia, y asimismo elaborar un plan que anteponga la vacunación de este colectivo, gravemente expuesto al contagio de enfermedades como la COVID-19 debido a sus condiciones de vida”, ha afirmado Zaman Sultani.
Escasez de vacunas
Según un anuncio del Banco Mundial, ya debería haber presupuesto suficiente para vacunar al 40% de la población, con un 50% cubierto por el Mecanismo COVAX —iniciativa mundial para que los países de ingresos medios y bajos tengan acceso a vacunas— y la otra mitad con fondos del Banco Mundial y el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Afganistán. El Banco Asiático de Desarrollo también se ha comprometido a aportar unos 50 millones de dólares estadounidenses para vacunas y otros programas relacionados con la COVID-19.
Sin embargo, hasta ahora Afganistán sólo ha recibido 968.000 dosis de vacuna del gobierno de India y el Mecanismo COVAX, que sólo permiten inmunizar a 484.000 de los 39 millones de habitantes del país, es decir, el 1,24% de su población.
Según informaron medios locales el 10 de junio, Afganistán había recibido 700.000 dosis de vacuna de China. Sin embargo, Amnistía Internacional habló con un responsable del Ministerio de Salud Pública, que no supo dar una fecha exacta para la llegada del siguiente cargamento de vacunas de COVAX. En principio está previsto que el próximo envío llegue en agosto.
El 3 de junio, el presidente Ghani anunció tardíamente que el gobierno afgano adquirirá más vacunas, aunque no dio detalles sobre cuándo serán aseguradas y entregadas. Dada la escasez mundial de vacunas y la incapacidad de COVAX para enviar suministros a otros países según lo previsto, existen gran preocupación sobre si llegarán más dosis a Afganistán, y cuándo.
Según la OMS, el pasado 29 de mayo había 609.440 personas vacunadas en Afganistán. De ellas, 480.709 habían recibido la primera dosis y 128.731 ya habían recibido ambas.
“Las autoridades afganas, con el apoyo de la comunidad internacional y el Mecanismo COVAX, deben esforzarse en adquirir las vacunas necesarias, ya sea a través de fondos existentes y mecanismos de apoyo o del presupuesto estatal”, ha afirmado Zaman Sultani.
