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Afganistán: La iniciativa jurídica internacional es una medida importante para hacer frente a la guerra de los talibanes contra las mujeres

© AFP via Getty Images

En reacción al anuncio realizado ayer por Alemania, Australia, Canadá y Países Bajos en la Asamblea General de las Naciones Unidas de que iniciarán actuaciones judiciales que podrían dar lugar a que la Corte Internacional de Justicia actúe contra Afganistán por sus numerosas violaciones de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la secretaria general de Amnistía Internacional Agnès Callamard ha manifestado:

Los talibanes han hecho intolerable la vida de las mujeres y niñas afganas. Las han borrado de todos los ámbitos de la vida y las han despojado sistemáticamente de sus derechos y su dignidad. Amnistía Internacional acoge con satisfacción cualquier medida de los Estados para exigir a los talibanes que, en virtud del derecho internacional, rindan cuentas por la violación generalizada e institucionalizada de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que con toda probabilidad equivale al crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género. La comunidad internacional debe explorar todas las vías disponibles para poner fin a las violaciones de derechos humanos continuas y generalizadas en Afganistán, recurriendo incluso a la Corte Internacional de Justicia”.

“Se trata de una medida fundamental para garantizar que se hace justicia por las violaciones de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Debe complementarse con otras iniciativas integrales a fin de abordar toda la gama de atrocidades pasadas y presentes, incluidas las cometidas contra mujeres y niñas, que los talibanes y otros actores estatales y no estatales han cometido a lo largo del ciclo continuo de conflicto en Afganistán durante más de 40 años.”

“El mundo debe actuar en solidaridad con las valientes mujeres y niñas de Afganistán, defendiendo sus derechos y sometiendo a rendición de cuentas al régimen talibán. Esta aplaudida iniciativa jurídica debe servir también de recordatorio oportuno de que los Estados tienen la responsabilidad de proporcionar protección internacional a todas las personas que huyen de la discriminación y la opresión sistemáticas en Afganistán.”

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